El fiscal anticorrupción quería el "caso Soller" pero el Consejo Fiscal lo descartó

La Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos Relacionados con la Corrupción, que encabeza Carlos Jiménez Villarejo, era claramente favorable a asumir la investigación del caso Sóller, el presunto cobro de comisiones ilegales por parte del PP de Baleares en 1989 a cambio de la concesión del túnel de Sóller. Sin embargo, el Consejo Fiscal, con mayoría de la Asociación de Fiscales de carácter conservador descartó meses atrás tal opción y el fiscal general del Estado, Carlos Granados, asumió este criterio.

La decisión se gestó poco después de las pasadas elecciones del 3 de marzo, antes de la toma de posesión del nuevo Gobierno Aznar, según confirmaron ayer fuentes conocedoras del tema.Ejemplo de las previsiones de actuación luego frustradas es que Jiménez Villarejo ya había intercambiado informaciones sobre el contenido del sumario y líneas de indagación pendientes con el fiscal del caso Sóller, Juan Carrau, que actúa en solitario, sin plena dedicación posible y medios limitados.

Requisitos

El informe de la Fiscalía de Baleares, elaborado por Carrau y avalado por el fiscal jefe, Antonio de Vicente Tutor, ponderaba que las características penales del escándalo cumplían la mayoría de requisitos de competencia especificados, para la actuación de la Fiscalía Anticorrupción: especial trascendencia o relevancia; un presunto cohecho en el que intervinieron aparentemente autoridades, funcionarios o altos cargos en un acto injusto; posible relación entre la corrupción, enriquecimiento derivado del abuso de la función pública, y la erosión de los intereses generales de la colectividad. Uno de los presupuestos esenciales por los que se impulsó la nueva Fiscalía Anticorrupción fue el de actuar "ante la complejidad, trascendencia y dificultades probatorias de ciertos delitos ( ... ) para garantizar una respuesta más eficaz frente a ellos cuando afecten gravemente al interés general". Son palabras del fiscal Granados en su instrucción número 1 de enero de 1996, sobre competencias y organización del nuevo organismo que fue creado en abril del pasado año."El caso Sóller cumplía todos los requisitos para ser incorporado a la Fiscalía Anticorrupción", indicó ayer un fiscal que conoce el informe elevado desde Baleares sobre este escándalo de presunta corrupción política, el de mayor relieve que se ha destapado en las islas y que motivó la renuncia del que era presidente del Gobierno balear y del PP, Gabriel Cañellas, y la caída del secretario general del PP, José Antonio. Berastáin.

Poca infraestructura

La escasez de infraestructura de la fiscalía de Baleares para actuar con diligencia en este complejo asunto es evidente. En la fiscalía insular no existe una moderna dotación de sistemas informáticos ni tampoco equipos auxiliares de investigación. Ni siquiera el fiscal jefe dispone de una secretaria propia. Además, el caso Sóller lleva ya dos años de instrucción desde el sumario primigenio, la quiebra de la agencia Brokerval-Inverbroker y la trama de dinero negro que se manejó.Esta es una herida abierta en el costado del Partido Popular balear, porque en el proceso están ya imputados los máximos responsables durante doce años de la organización, conservadora y del Gobierno balear: el ex presidente Gabriel Cañellas -a quien el jueves respaldó públicamente el ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes- y el aún consejero José Antonio Berastáin. Abel Matutes ha reclamado la presunción de inocencia de ambos y ha dicho que "han prestado grandísimos servicios".