El fiscal del 'caso Sóller' no consigue que intervenga la Fiscalía Anticorrupción

La cúpula orgánica de la Fiscalía (el Consejo Fiscal) y el fiscal general del Estado rechazaron la propuesta formulada desde la representación del ministerio público en Baleares para que la nueva fiscalía especial encargada de los casos de corrupción y delincuencia económica asumiera la investigación del caso Sóller, la presunta trama desplegada por el PP de Baleares en 1989 para el cobro de supuestas comisiones irregulares. El asunto ha sido investigado exclusivamente desde la Fiscalía de Baleares, de escasa infraestructura, con la ayuda puntual de inspectores de Hacienda y el trabajo previo de la policía judicial.Este escándalo es el de mayor relevancia política desvelado en Baleares en plena democracia y motivó la dimisión del presidente del Gobierno balear y del PP, Gabriel Cañellas. Cañellas está imputado por presuntos delitos de prevaricación continuada y cohecho en el sumario, al igual que el consejero balear y ex secretario general del PP José Antonio Berastáin.

La instrucción del caso Sóller se inició en julio de 1994 al quebrar la agencia de valores Brokerval-Inverbroker y documentar la policía que la empresa que logró la concesión de las obras del túnel de Sóller (Mallorca), por parte del Gobierno balear, libró aparentemente más de 40 millones al PP y a la fundación privada Illes Balears (FIB), que preside y controla Cañellas.

La FIB ha acumulado 1.200 millones de pesetas en donaciones de sociedades y firmas relacionadas con el Gobierno balear. Hacienda investiga la transparencia de estas aportaciones y el juez recaba pruebas para verificar si el PP ingresó en la FIB hasta 6,5 millones procedentes de la empresa del túnel."El Consejo Fiscal no asumió la propuesta del fiscal jefe de Baleares sobre el caso Sóller y el fiscal general del Estado hizo suyo este criterio", ha reconocido Juan Carrau, fiscal que ejerce la investigación en solitario y con escasos medios de este asunto.

Además, Carrau no ha sido liberado de los asuntos que le corresponden por turno en otros juzgados y en la Audiencia de Baleares y no cuenta con un equipo técnico de apoyo. La dotación informática de la Fiscalía de Baleares tan sólo abarca la fiscalía antidroga.

En medios jurídicos cercanos al caso se observa que, por falta de medios o colaboración abierta de los testigos y de entidades bancarias y por la legítima cerrazón de las personas directamente implicadas, algunos de los materiales de pruebas recabados no han podido obtenerse en su totalidad.