El Gobierno aprobará la creación de un juez especial para controlar las actividades del Cesid

La nueva legislación sobre los secretos oficiales y el Cesid, que el Gobierno se propone aprobar después de las vacaciones, incluirá la creación de un juez especial encargado de controlar las actividades del servicio de espionaje. Aunque aún no están totalmente perfiladas las funciones de dicho juez, entre las mismas estará, como mínimo, las de autorizar y controlar las intervenciones telefónicas del servicio secreto. Para ello, será necesario regular este tipo de escuchas que, al contrario de las que realiza la policía, no tienen por objeto la persecución de delitos, sino la protección de la seguridad nacional.

Una de las principales novedades de la reforma legal que prepara el Gobierno será la regulación de las escuchas telefónicas del Cesid, bajo control judicial. La actual Ley de Enjuiciamiento Criminal sólo se refiere a la intervención de las comunicaciones en el marco de las diligencias judiciales, encaminadas a la investigación y represión de delitos.Esa es la función de las Fuerzas de Seguridad del Estado, pero no del servicio secreto, dedicado a prevenir amenazas contra la seguridad nacional. Hasta ahora, los pinchazos del centro de espionaje se han movido, en el mejor de tos casos, en la alegalidad. Cuando han contado con autorización del juez, no la ha pedido directamente el Cesid, sino a través de la Guardia Civil.

Según expertos jurídicos, este tipo de escuchas, al margen de las diligencias penales, encajan en el artículo 18 de la Constitución, pero deben regularse mediante ley orgánica, al afectar a derechos fundamentales, y realizarse bajo control judicial.

El pasado viernes, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros que decidió no desclasificar los documentos del Cesid sobre la guerra sucia, el titular de Defensa, Eduardo Serra, citó, entre los puntos que incluirá la futura normativa, la creación de un nuevo órgano judicial encargado de autorizar las intervenciones telefónicas del Cesid. Como cualquier otro juez, su nombramiento corresponderá al Consejo del Poder Judicial.

El problema radica en que, para controlar los pinchazos del Cesid, así como registros domiciliarios y cualquier otra restricción de derechos, este superjuez debería conocer las operaciones en las que se enmarcan dichas medidas y éstas son por definición secretas. Tendría, por tanto, que estar habilitado para acceder a información clasificada.

Certificados, no papeles

Sin embargo, en la misma rueda de prensa, Serra adelantó que la nueva legislación mantendrá la actual prohibición de que los jueces reciban documentos secretos, cuyo conocimiento seguirá limitado como ahora a una comisión restringida del Congreso y al Defensor del Pueblo. Sólo se prevé la entrega a los jueces de unos certificados con aquella información cuya divulgación no perjudique la seguridad del Estado.El ministro de Defensa anunció también el futuro "aforamiento en favor del Tribunal Supremo de los delitos de revelación de secretos". Varios expertos jurídicos han mostrado su extrañeza por este anuncio, pues el aforamiento ante el Supremo no se refiere a delitos sino a personas, como los miembros del Gobierno o algunos jueces, mientras que la competencia exclusiva sobre determinados delitos, muy cuestionada, corresponde a la Audiencia Nacional.La atribución al Supremo de la competencia para juzgar estos delitos sólo se entendería si se habilitara a dicho tribunal para conocer los documentos secretos, lo que no entra en los planteamientos del ministro.

Fuentes gubernamentales admiten que las ideas esbozadas por Serra no están totalmente perfiladas y que seguramente hubo cierta precipitación al exponerlas, debido al deseo de compensar el polémico anuncio de que se no se entregarían los papeles del Cesid con la presentación de un proyecto de futuro.

Durante el mes de julio, los servicios jurídicos de Moncloa, del Ministerio de Defensa y del propio Cesid han trabajado en la nueva legislación, pero quedan muchos aspectos por madurar. Lo que parece descartado, tras las declaraciones de Serra, es que una instancia judicial superior decida sobre la desclasificación de un documento secreto cuando, como ha, ocurrido ahora, el Gobierno y un juez discrepen al valorar si afecta o no a la seguridad nacional. Aunque se ha estudiado la viabilidad de ese mecanismo de arbitraje, crearlo supondría para el Gobierno renunciar a una competencia que le reconoció en exclusiva el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción.

Esta decisión será, sin duda, polémica. Ramón Rodríguez Arribas, magistrado del Tribunal Supremo y presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), pidió ayer en El Escorial (Madrid) que se reforme "urgentemente" la ley "para que no haya ningún documento inaccesible por los órganos de justicia". A su juicio, "es mala una situación en la que se piden unos documentos y pueden negarse legalmente", ya que conduce a que haya una zona "exenta de investigación criminal", informa