El fiscal remite a la juez sus pesquisas sobre el 'caso Gran Aravaca'
El fiscal de Urbanismo de Madrid, Emilio Valerio, envió la pasada semana a la titular del Juzgado de Instrucción 4 de la plaza de Castilla, Susana Polo, toda la documentación que posee sobre el proyecto Gran Aravaca (ideado por el Ayuntamiento para incrementar la edificabilidad de este barrio madrileño, en el que se incluye también una recalificación de terrenos para el cierre de la ronda de circunvalación M-40).El fiscal y ahora la juez están investigando si nueve personas (entre ellas, José Manuel Bartolomé Gutiérrez, marido de la ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino) dispusieron de información privilegiada en este asunto, ya que, meses antes de que el Ayuntamiento transformase el uso de este suelo, adquirieron gran parte de los solares adyacentes a las obras del cierre de la M-40.
La denuncia contra estas nueve personas, por presunto tráfico de influencias y uso de información privilegiada, fue presentada por la Asociación de Vecinos Monreal, Valdemarín y Pardo de Aravaca, el pasado 11 de julio. La juez Susana Polo había citado para finales de este mes -en concreto, los días 26, 27 y 28- a los, nueve denunciados, pero a última hora ha aplazado el interrogatorio.
Al tener conocimiento de que el Ayuntamiento de Madrid tenía previsto incrementar de forma notable la edificabilidad del barrio de Aravaca (habitado hoy por unos 15.000 vecinos), la citada asociación indagó el proyecto municipal y descubrió las supuestas irregularidades.
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Plusvalías
Los vecinos desconfían del recorte de viviendas anunciado por el PP para el Gran Aravaca
La denuncia que obra en poder de la magistrada expone, según fuentes de la investigación, que los nueve denunciados conocían de antemano las zonas que iba a recalificar el Ayuntamiento de Madrid, del PP, para cerrar la M-40 y compraron parte de los solares situados a ambos lados. Esta maniobra les ha revertido una suculenta plusvalía, siempre según la citada asociación vecinal.Aparte del marido de la ministra Isabel Tocino, las ocho personas denunciadas por este presunto uso de información privilegiada son: Juan Luis Canadell Fernández, ingeniero de la empresa Dragados y Construcciones (adjudicataria del cierre de la M-40); Mariano Cañas Fuentes, ingeniero y jefe de planificación de la subdirección general del Ministerio de obras Públicas (ahora Fomento, organismo ejecutor de la obra); Pedro Argüelles Alcolea, empleado de las familias Sierra y Sanfiz (grandes propietarios de terrenos en Aravaca); Luis Miguel Basabe Díaz, ingeniero de caminos; Felipe San Román Villanueva, promotor inmobiliario, y Clemente Solé Parellada, director de la Caja de Caminos. La denuncia también está dirigida contra Fernando de Torres Sebastián y Beatriz Martín del Moral, ex directora general del BOE.
El concejal de Urbanismo ha negado reiteradas veces que hayan existido maniobras especulativas en las recalificaciones.
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