El Gobierno quiere cerrar todas las minas de Hunosa en un plazo máximo de 10 años

El Gobierno está fijando progresivamente el entorno de empresas públicas que pueden venderse en Bolsa o por venta directa. La empresa minera Hunosa y la de armamento Santa Bárbara son las únicas para las que se analizan procedimientos distintos de la venta. En el caso de Hunosa, el Ejecutivo pretende llegar a un acuerdo con los sindicatos para proceder al cierre de todas las minas en un plazo maximo de diez años. En la última década, su plantilla ha pasado de 20.300 trabajadores a 9.906, y al finalizar el contrato programa en diciembre de 1997 quedarán 8.800 personas.

El Gobierno del Partido Popular está perfilando una estrategia definida para decidir el futuro de las empresas que no puedan privatizarse. En el esquema que maneja en estos momentos el equipo del Ministerio de Industria, dos empresas aparecen como "imposibles de vender": la sociedad minera asturiana Hunosa y la empresa de armamento Santa Bárbara. Para este segundo caso no existe todavía una aproximación al tratamiento posible, aunque no se excluye el cierre o la quiebra. Para Hunosa, la compañía más emblemática de Asturias, la solución "debe ser pactada".Hunosa es una empresa claramente deficitaria. El año pasado cerró con 77.000 millones de pesetas de pérdidas. Las ayudas públicas sobrepasaron los 50.000 millones de pesetas. El Gobierno ha calculado que, sin adoptar medidas a corto plazo que, por otra parte, son de dificil aplicación, Hunosa costará el año próximo 210.000 millones de pesetas. Una cifra que dificilmente cuadra con los recortes de gastos que harán todos los ministerios y organismos públicos el año próximo. Las deudas a acreedores superan los 110.000 millones.

A grandes rasgos, el Ministerio de Industria plantea un proceso de cierre paulatino de las explotaciones de Hunosa, pactado con los sindicatos y de forma que el cierre total de la empresa se produzca en "un horizonte razonable, no más allá de diez años".

El plazo de diez años sería el esquema "Ideal" para los actuales responsables de la industria española, aunque las dificultades de esta negociación son evidentes. Hunosa es la empresa de carbón más importante de España. El resto del sector está formado por empresas privadas en León y Teruel, principalmente. Otra empresa minera pública, Minas de Almagrera, situada en la localidad de Calañas (Huelva), está incluida en el primer paquete de las empresas que el Estado ha decidido privatizar. Tras la confirmación de su venta, el comité de empresa ha anunciado para esta semana una huelga en protesta contra la privatización de la mina. La empresa emplea a 387 trabajadores. El alcalde de Calanas, Fernando Recio, advirtió ayer que si la mina se privatiza podría cerrar en el plazo de cuatro o cinco años.

En otros países como Gran Bretaña, Bélgica y Alemania se han producido, aunque no sin conflictividad, procesos paulatinos de cierre de pozos mineros no productivos. En Gran Bretaña, 190.000 mineros mantuvieron a lo largo de 1984 la que hasta ahora ha sido la huelga más larga de la historia del país contra el cierre de pozos.

Por otra parte, el Gobierno español parece dispuesto a empezar las ventas de Tabacalera, Aldeasá y Trasmediterránea a partir de septiembre y concluir la operación antes de que termine el año. La impresión sobre otras empresas como Corporación Siderúrgica o las navieras es más positiva. Astilleros Españoles o la Empresa Nacional Bazán permanecerán durante unos años en el sector público para consolidar su posición económica y financiera y tratar de conseguir que sean rentables a medio plazo. Sobre las sociedades de situación intermedia, el Gobierno está dispuesto a aportar los fondos necesarios para su consolidación financiera, con el fin de situarlas en el sector privado inmediatamente después.