Los ciudadanos estarán obligados a permitir que Interior instale videocámaras fijas en las fachadas de sus casas

Los propietarios de viviendas en las que Interior quiera instalar videocámaras para vigilar zonas habituales de alteraciones del orden público estarán obligados "a facilitar y permitir su colocación y mantenimiento", según el anteproyecto de ley de videovigilancia."Se trata de habilitar espacios de propiedad privada en beneficio de la seguridad del Estado", según explicó el subsecretario de Interior, Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez. Este y el director de régimen jurídico de la consejería vasca de Interior, José Luis Aurteneche, comentaron ayer en Madrid algunos aspectos del polémico proyecto de ley.

Calvo-Sotelo y Aurteneche aseguran que la nueva ley no vulnera el derecho de manifestación ni el derecho a la intimidad de los ciudadanos. Ambos se esforzaron en destacar las disposiciones encaminadas a garantizar los derechos cívicos.

El anteproyecto deja en nebulosa numerosos aspectos, entre otros la falta de seguridad de que las cintas grabadas por la policía vayan a ser realmente destruidas en el plazo máximo de dos meses. El anteproyecto señala que serán destruidas "salvo que estén relacionadas con infracciones penales o administrativas, graves o muy graves, en materia de seguridad pública, con una investigación policial en curso o con un procedimiento judicial abierto", redacción que deja abierto un abanico de posibilidades.

Además, la policía puede impedir a los ciudadanos el acceso a las imágenes y el sonido de! las grabaciones "por motivos de seguridad del Estado, defensa, seguridad pública o por la existencia de procedimientos administrativos o judiciales relacionados con aquellos".

El subsecretario de Interior está convencido de que las fuerzas de seguridad destruirán las cintas que no tengan valor probatorio o de investigación, entre otras cosas "porque les faltará espacio" para guardarlas.

Calvo-Sotelo aseguró que las grabaciones realizadas por la policía "juegan para todos", incluso para los ciudadanos que las soliciten para poder probar, por ejemplo, que han sido maltratados por los antidisturbios. El subsecretario recordó que una grabación hecha por un particular sirvió hace unos años para incriminar en Estados Unidos a los policías que apalearon al ciudadano negro Rodney King.

El ex ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, opina que "el problema de las garantías" de los derechos ciudadanos se puede resolver", aunque ve más discutible" la eficacia de las cámaras frente a los violentos.