El Gobierno se inclina por entregar a los jueces sólo algunos documentos secretos del Cesid

El Gobierno se inclina por la solución intermedia para el dilema que le han planteado algunos jueces al pedirle, para sumarios en fase de instrucción, documentos clasificados como secretos por el Cesid, el servicio secreto militar. El Consejo de Ministros debatirá hoy la cuestión, aunque la dejará abierta hasta la última reunión, el 2 de agosto, antes de las vacaciones. La decisión no está tomada, pero sí perfilada. Se desclasificarán sólo unos papeles, los que se considere que no afectan a la seguridad del Estado, y otros seguirán en la penumbra de los archivos del Centro Superior de Información de la Defensa.

En la formación del criterio para decidir qué documentos afectan a la seguridad del Estado y cuáles no, según fuentes del Gabinete, pesará el objetivo de no agravar más la situación de los procesos ya abiertos por atentados de los GAL y otros oscuros episodios de la guerra sucia contra ETA.Varios ministros han expresado en privado su convencimiento de que no se levantará el secreto de ningún documento que pueda referirse a personas de mayor relevancia política que los ahora imputados. El procesado de mayor relieve (en el caso GAL, relativo al secuestro de Segundo Marey) es el ex ministro del Interior y diputado del PSOE José Barrionuevo. Los ministros explicaron que sería muy perjudicial. para el PP dar la apariencia, desde el Gobierno, de una venganza contra responsables del anterior Ejecutivo o contra su presidente, Felipe González.

La aplicación de este criterio haría imposible el levantamiento del secreto sobre la nota interna del Cesid del 3 de noviembre de 1987, que se refiere al intento de manipulación por agentes de la Guardia Civil de pruebas sobre las circunstancias de la muerte de la presunta integrante de ETA Lucía Urigoitia. La existencia de esta nota como documento clasificado del Cesid fue admitida por el anterior ministro de Defensa, Gustavo Suárez Pertierra, y confirmada por fuentes del servicio de información militar tras la toma de posesión del nuevo Gobierno.

En esa nota se especula con la posibilidad de que la información sea conocida por el ministro (Barrionuevo), el secretario de Estado (Rafael Vera, también procesado por el Tribunal Supremo en el caso GAL) y el entonces presidente del Gobierno, Felipe González. Este documento figura en la relación de 18 cuya desclasificación ha solicitado el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que instruye el sumario por el asesinato de Ramón Oñederra, primera víctima mortal de los GAL, y también la ha pedido el titular del juzgado número 2 de San Sebastián, que instruye el caso Urigoitia.

Otro documento solicitado por Garzón que previsiblemente quedará en la sombra es la nota relativa al teniente de la Guardia Civil Pedro Gómez Nieto y sus trabajos para el Cesid. Gómez Nieto, entonces sargento destinado en el cuartel de Intxaurrondo (San Sebastián) y topo del espionaje militar en el centro neurálgico del instituto armado en Euskadi, grabó presuntamente órdenes y explicaciones del general Enrique Rodríguez Galindo, entonces comandante, sobre acciones de guerra sucia en el País Vasco francés.

La confirmación de la pertenencia de un agente al Cesid es, según fuentes del Ejecutivo, un caso claro de información que afectaría a la eficacia y la credibilidad de los servicios secretos españoles. La permanencia de este documento tras la tapia de piedra y las cámaras de rayos infrarrojos de las instalaciones del Cesid en las afueras de Madrid abre dudas sobre el valor probatorio de otras notas solicitadas por Garzón.

Estas comunicaciones, presuntamente redactadas por Gómez Nieto o con información proporcionada por él, se refieren a la muerte de Mikel Zabaltza, presentada como ahogamiento en el río Bidasoa, o el secuestro y asesinato de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, por los que está procesado Rodríguez Galindo.

Además de Garzón y el juez de San Sebastián, tiene pedido el levantamiento del secreto de documentos del Cesid el magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño, que instruye el caso Lasa-Zabala. Gómez de Liaño quiere incorporar al sumario cuatro notas del servicio secreto.

Al menos uno de los documentos, una grabación de Gómez Nieto a Galindo en la que el general revela presuntamente detalles del doble secuestro y asesinato, no se encuentra en los archivos del Cesid. Para enredar más la telaraña, existen indicios de que muchos de los papeles por los que se interesan los jueces no estaban clasificados como secretos en 1991.

Garzón reclamó los documentos el año pasado. Entonces, el ministro de Defensa, Suárez Pertierra, rechazó la demanda y la trasladó al Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, presidido por Pascual Sala, que era titular también del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo.

El Tribunal de Conflictos resolvió el 15 de diciembre por unanimidad dar la razón a Defensa y considerar correcta la respuesta negativa al juez. El 16 de mayo, tras las elecciones del 3-M, la victoria del PP y la formación del nuevo Gobierno, presidido por José María Aznar, Garzón volvió a pedir al Ejecutivo los papeles en un escrito de 41 folios.