Tensión entre la coherencia y la responsabilidad de gobierno

La llegada al Gobierno ha provocado contradicciones internas en el PP, con reflejo en el Consejo de Ministros. A la oposición a entregar documentos a los jueces del ministro de Defensa, el independiente Eduardo Serra, que lo considera peligroso para el servicio secreto español, se ha unido Manuel Fraga.

El presidente de la Xunta de Galicia invitó el lunes a los jueces a investigar quién se llevó los papeles y si son verdaderos o falsos. Fraga seguía así la línea argumental de Eduardo Serra, para el que no existen documentos del Cesid, sino documentos de Juan Alberto Perote, el coronel acusado por la justicia militar de haberlos sustraído.

La negativa cuenta con el apoyo de Jordi Pujol, que en esta materia sigue opinando lo mismo que antes del 3-M. Frente a la posición de Serra, varios ministros se han pronunciado públicamente por la entrega de los papeles, antes de ser llamados al orden por el vicepresidente primero, Francisco Álvarez Cascos, que advirtió que la decisión sería colegiada.

Las diferencias son patentes entre quienes en el Ejecutivo quieren preservar la coherencia con el discurso mantenido desde la oposición y quienes quieren hacer valer el peso de la responsabilidad de gobierno.

La impresión en el entorno del Ejecutivo es que José María Aznar representa con más intensidad que nadie ambos puntos de vista y que será su opinión la decisiva. El principal valedor de la opción intermedia, entregar unos papeles que se considere que no afectan a la seguridad del Estado y no otros, ha sido el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja.

La decisión sobre los documentos secretos requeridos por los jueces irá inmediata mente seguida de un proyecto de ley de regulación de los servicios de información. Entre otros objetivos, se pretende cerrar el paso a cualquier petición judicial futura.