Clinton firmará la ley que castiga las inversiones extranjeras en Irán y Libia

Absorbido por el clima de pasión antiterrorista provocado por la reciente explosión del avión de la TWA, el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, ha decidido evitar problemas políticos domésticos en pleno año electoral y firmar la ley que sancionará a las empresas extranjeras que hagan inversiones en las industrias petroleras de Irán y Libia, según anunció ayer un portavoz de la Casa Blanca. La misma fuente no precisó qué día exactamente dará Clinton ese paso, que es el único requisito que falta para la entrada en vigor de una legislación que provocará un nuevo deterioro de las relaciones entre Washington y sus aliados europeos, ya maltrechas por las discrepancias sobre la ley Helms-Burton, que endurece el embargo a Cuba. El portavoz anunció únicamente que Clinton firmará la ley "en el momento apropiado".

Esta legislación, que ya ha pasado holgadamente la votación en ambas cámaras del Congreso norteamericano, prevé la posibilidad -como ya ocurre en el caso de la ley Helms-Burton- de que el presidente suspenda la vigencia de la Sección Cinco, que impone represalias comerciales para los, individuos o empresas que realicen en Irán o Libia inversiones superiores a los 40 millones de dólares (unos 5.000 millones de pesetas) en el plazo de 12 meses.No parece, sin embargo, que en esta ocasión Bill Clinton se acoja a su derecho a suspender ese apartado, ya que eso podría ser utilizado por sus rivales políticos para presentar al presidente como un hombre débil en la lucha contra el terrorismo. La ley tiene como propósito el aislamiento económico de Irán y Libia, países a los que Estados Unidos considera promotores del terrorismo internacional.

La ley sólo afecta a las inversiones que se hagan en esos dos países después de la fecha en que ésta entra en vigor. Pero eso incluye también las inversiones para mantener o mejorar los negocios o instalaciones que ya estén en marcha.

Uno de los principales grupos promotores de la legislación ha sido el de los familiares de las víctimas del avión de Pan Am que se estrelló sobre Lockerbie en 1988 a causa de una bomba. Estados Unidos cree tener pruebas de que fueron agentes del Gobierno libio los responsables del atentado, y ha exigido a las autoridades de ese país la entrega de los sospechosos. Pero Libia se ha negado hasta el momento a su extradición.

La influencia de los familiares del vuelo de Pan Am ha crecido en el Congreso después del siniestro, el pasado día 17, del avión de TWA, sobre el que también se sospecha que fue causado por un atentado terrorista.

Las empresas que sean objeto de sanciones norteamericanas por sus inversiones en Irán y Libia tendrán cerrado o extraordinariamente limitado su acceso al mercado de Estados Unidos. "Se van a ver en la obligación de elegir: o hacen negocios con ellos o hacen negocios con nosotros", declaró el senador Alfonse d'Amato, uno de los promotores de la nueva ley.

Fórmula de compromiso

La Casa Blanca se resistía a respaldar esta ley por temor a las consecuencias que tendría en sus relaciones con los países europeos, que son los principales inversores en Libia e Irán. De hecho, el presidente estaba negociando con el Congreso una fórmula de compromiso más suave que la ley actual. Pero el suceso de la TWA descarriló ese proceso de negociación y dio contundentes argumentos a los sectores más duros del Capitolio, donde tanto demócratas como republicanos han actuado de forma bipartidista en favor de esta legislación.["Estamos en contra de cualquier disposición legislativa que pretenda tener efectos extraterritoriales", declaró ayer el portavoz del Ministerio de Exterior es español, Inocencio Arias. "Nuestra posición no ha variado. Un Gobierno no debe aplicar unilateralmente medidas que vayan en contra de las prácticas y disposiciones de la Organización Mundial de Comercio"].