Las excepciones catalana, vasca, y extremeña

"Nosotros no estamos tan afectados como pueden estarlo en otros sitios, porque ya teníamos nuestra propia ordenación", dice el consejero catalán Eduard Rius. Quizá no estén tan afectados, pero lo están.

Al amparo del decreto del Gobierno, que indudablemente exhibe una vocación estatal -no en vano se hacen 10 referencias en el texto a las comunidades autónornas-, se han presentado 340 solicitudes de nueva apertura de oficinas de farmacia en Cataluña. El agravante es que la regulación catalana prevé un máximo de 4.000 habitantes para abrir una nueva farmacia, mientras que el decreto del Gobierno central habla de un requisito de 2.800 habitantes.

Rius entiende, en primer lugar, que la norma catalana "no contradice la normativa básica" y, en última instancia, señala que "desde el punto de vista jurídico, creemos que no nos afecta por tener nosotros competencias exclusivas en esta rnateria".

Por si hay algún tipo de dudas, el Gobierno catalán ha pedido que esta circunstancia de exclusividad en las competencias quede explicitada en la tramitación del decreto.

Similares argumentos exponen desde el servicio vasco de salud, que tampoco se ha librado de recibir 25 solicitudes a lo largo de este mes. Los vascos tienen su ley propia y entienden que, por consiguiente, no les afecta el decreto, "si bien entraba en un terreno de posible invasión de competencias", manifiestan.

El Gobierno apenas se adelantó una semana a la entrada en vigor de la ley de ordenación de Extremadura promulgada por la Junta. Ello ha conseguido detener en un centenar las peticiones cursadas, según su consejero, Guillermo Fernández Vara. Aún así, indica, "tenemos que echarle en cara al Gobierno el hecho de no habernos avisado previamente de una avalancha que no se puede afrontar".