El Gobierno prepara una subida de impuestos especiales y un recorte de gastos sanitarios en 1997

El ajuste presupuestario que prepara el Gobierno para 1997 se cifra en 1,2 billones de pesetas. Ésta es la cantidad que vía aumento de ingresos o ahorro del gasto permitirá reducir el déficit público al 3% del producto interior bruto (PIB) a finales del año que viene y acceder a la moneda única en el pelotón de cabeza. Para cuadrar las cuentas, el Ejecutivo conservador espera conseguir unos ingresos adicionales de 400.000 millones de pesetas y reducir el gasto público en 800.000 millones. Todo ello sin subir los impuestos fundamentales ni tocar los capítulos más importantes del gasto social.

Este difícil objetivo dominó el intenso debate sobre presupuestos que mantuvo ayer el Consejo de Ministros. El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, presentó al Gabinete las cifras macroeconómicas en las que basa su proyecto: la economía crecerá un 3%, los gastos no aumentarán más del 2,6% que se espera suba la inflación y los ingresos se incrementarán en un 3% en términos reales.

Recetas médicas

Rato también dio a conocer las líneas maestras del ajuste que se requiere para reducir el déficit. Por el lado de los ingresos, el Gabinete discutió la posibilidad de subir los impuestos especiales (gasolina, alcohol y tabaco), una medida que, según cálculos de Economía, aumentaría la recaudación en 200.000 millones de pesetas. Otros 200.000 millones se podrían ingresar mediante la imposición de un recargo (se baraja 100 pesetas) en las recetas médicas, una medida que además tendría un efecto desincentivador en el consumo de medicamentos y, por tanto, supondría un ahorro en el gasto sanitario. No obstante, esta propuesta no cuenta con el respaldo de todos los miembros del Gabinete, pues temen que sea fuertemente rechazada por la opinión pública.Antes de recurrir a esta fórmula y siempre con la idea de moderar los gastos sanitarios, el Gobierno agotará la vía de negociar con Farmaindustria, la patronal del sector, una reducción del gasto en medicamentos. También se intentará llegar a un acuerdo con los médicos de la Seguridad Social para que receten fármacos más baratos.

En el frente de los ingresos, el Consejo descartó la propuesta de Convergència i Unió de extender a toda España el canon sobre el agua que paga Cataluña como vía para aumentar los ingresos y evitar recortes en los gastos sociales y las inversiones públicas.

El secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Rodríguez, aseguró en la conferencia de prensa posterior que el Ejecutivo no "busca conseguir más ingresos con nuevos métodos", en referencia no sólo a la subida del agua sino también al cobro de peajes en futuras autovías. También se analizó y quedó prácticamente descartada la aplicación de una viñeta en los automóviles como vía para financiar las infraestructuras.

El reparto del recorte del gasto en 800.000 millones quedó menos definido en el consejo, donde volvió a quedar claro que sólo las pensiones se salvarán del ajuste. 250.000 millones se pueden ahorrar si el empleo crece el 2,1% previsto por Economía. Este ahorro se derivaría del menor gasto en prestaciones por desempleo, de una parte, y en la mayor recaudación por cotizaciones a la Seguridad Social al incrementarse el número de ocupados, de otra.

El Ejecutivo conservador pretende ahorrarse otros 200.000 millones en las aportaciones a las empresas públicas. Esta medida fue muy discutida en la reunión de ayer por su repercusión social. En este sentido, el plan de privatizaciones del Gobierno, que prevé la venta de las empresas más rentables, no supondría ningún ahorro en esta partida. De los cerca de 600.000 millones de pesetas que se prevén ingresar con las privatizaciones el año que viene, 300.000 se destinarán a amortizar los intereses de la deuda pública. Los restantes 300.000 servirían para co-financiar un fondo mixto-de capital público y privado- destinado a invertir en infraestructuras. Esta fórmula permitiría mantener la inversión en obras públicas en 1997.

Los gastos de la Administración también se reducirán. Rodrigo Rato propuso un recorte del 10% en los gastos corrientes de los ministerios. Sólo la Casa Real y las Cortes, cuyo presupuesto se congelará, se salvan de este ajuste. Tampoco quedarán al margen del recorte los funcionarios, cuyos sueldos se pretende congelar.

El Gobierno confía en que estas medidas permitan cumplir el objetivo de déficit que exige Maastricht o acercarse lo máximo posible. Las dificultades para conseguirlo las comparten otros países europeos, como Francia. La esperanza que comparten muchos gobiernos es que en el examen, a mediados de 1998, se tenga en cuenta la tendencia en la reducción del déficit más que el cumplimiento estricto del 3% del PIB, algo que, por otra parte, contempla el propio Tratado de Maastricht.