El Gobierno podrá negar los papeles del Cesid con el aval jurídico del Consejo de Estado

El Gobierno tendrá aval jurídico para no entregar a los jueces los documentos del Cesid si así lo decide, a partir del dictamen que la Comisión Permanente del Consejo de Estado ultimó ayer en respuesta a la solicitud del ministro de la Presidencia y vicepresidente primero del Gobierno, Francisco Álvarez Cascos. El dictamen no es vinculante ni formula ninguna propuesta rotunda sobre cuál ha de ser la actitud del Ejecutivo, pero le recuerda el abanico de posibilidades legales de que dispone, para pronunciarse en un sentido y en otro, así como la necesidad de responder razonadamente a los jueces.

El Consejo de Estado ha tenido en cuenta la resolución del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, que el pasado 15 de diciembre respaldó la negativa del entonces ministro de Defensa, el socialista Gustavo Suárez Pertierra, a entregar los documentos secretos que le pidió el magistrado Baltasar Garzón para esclarecer aspectos relacionados con los GAL.La sentencia del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción estableció que sólo al Gobierno le corresponde plantear en cada momento la posibilidad de desclasificar o no un documento secreto, tras analizar los intereses en juego, fundamentalmente la seguridad del Estado.

El secreto que rodea las deliberaciones del más alto órgano consultivo del Estado impidió ayer conocer la literalidad del dictamen. A pesar de ello, fuentes jurídicas conocedoras del escrito describieron alguna de sus líneas maestras. El pronunciamiento se ha hecho, según estas fuentes, sobre un planteamiento genérico, ya que el Gobierno no pedía un dictamen sobre documentos concretos y, en consecuencia, el Consejo de Estado, no sólo desconoce su contenido, sino la posible conexión con delitos cometidos en la guerra sucia contra ETA.

Juristas ajenos al Consejo de Estado interpretaban ayer, con la información de que disponían, que el dictamen es globalmente contrario a la desclasificación de los documentos secretos.

Sin embargo, otras fuentes vinculadas a la institución consultiva matizaron que el dictamen no desaconseja la entrega de documentos a los jueces ni tampoco lo contrario. El texto, del que se supo que tiene un denso análisis jurídico elaborado fundamentalmente por la letrada Guadalupe Hernández Gil, despliega todo el catálogo de posibilidades que la legislación vigente permite al Ejecutivo a la hora de decidir si entrega o no los documentos clasificados.

Varias fuentes coincidieron en que el dictamen está construido para responder a distintas hipótesis que podrían presentarse. Será el Gobierno el que finalmente deba sopesar si el contenido de cada documento afecta o no a la seguridad del Estado. En el escrito se le advierte, según las fuentes consultadas, sobre el riesgo de difusión de los documentos cuando son incorporados a un sumario, ya que que todas las partes en el procedimiento judicial acaban teniendo acceso al mismo.

El Gobierno requirió del Consejo de Estado el pasado día 5 de julio un dictamen sobre si la cancelación como "materia reservada" de documentos del Cesid podría suponer Infracción de obligaciones consagradas en tratados internacionales. También se planteaba si "ha de considerarse como absolutamente discrecional, o como reglada, en alguno de sus elementos" la decisión del Ejecutivo.

Álvarez-Cascos consultaba si los jueces interesados en los documentos podrían consultarlos con un procedimiento semejante al previsto en la Ley de Secretos Oficiales de 1968 y pedía una "reflexión sobre las precisiones que cabría introducir en la legislación procesal" sobre "el valor probatorio de los documentos elaborados por los servicios de espionaje", que en muchas ocasiones "han de recoger datos no contrastados e informaciones procedentes de fuentes de muy dudosa solvencia".

La respuesta a esta cuestión es que el Gobierno puede igualmente negarse a entregar a la Justicia un documento secreto por su dudosa fiabilidad, o lo contrario: entregarlo, pero haciendo constar su escaso crédito.

El dictamen del Consejo de Estado, pendiente según las fuentes de ligerísimos retoques y de la firma del presidente, Íñigo Cavero, ha tenido como ponente a Landelino Lavilla, ex ministro de Justicia y ex presidente del Congreso de los Diputados, que preside la Sección Primera del Consejo de Estado. Los ocho consejeros permanentes del organismo asumieron el informe tras una deliberación que duró casi hasta las tres de la tarde, informa Bonifacio de la Cuadra.

El ponente ha sido Lavilla porque fue el ministro de la Presidencia el que pidió el dictamen sobre este asunto, aunque podría haber sido solicitado por el ministro de Defensa, Eduardo Serra. En ese caso, el ponente hubiera sido el ex presidente de la Audiencia Nacional Fernando de Mateo Lage.

Los letrados de la sección primera elaboraron un informe, a la vista del cual Lavilla redactó el dictamen. En esta ocasión, junto a los letrados de la sección, trabajó el letrado mayor Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, a quien se pidió que, excepcionalmente, interviniera.