El paso al sistema chileno de pensiones incrementaría el déficit público hasta un 0,4%

Un 0,4% de déficit publico. Este es el impacto fiscal que tendría en España la transición "gradual y prudente" del actual sistema de pensiones de reparto -en el que las cotizaciones de los trabajadores en activo financian las pensiones de los jubilados- a uno de capitalización -en el que cada trabajador se financia su propia pensión- al estilo chileno. Así lo manifestó ayer José Piñera, ex ministro de Trabajo de Chile y artífice del sistema de pensiones enese país, implantado hace 15 años durante la dictadura militar. Piñera afirma que el Pacto de Toledo sólo aliviará la crisis del sistema público de pensiones, que afirma está "abocado a la quiebra". La solución "definitiva", dice, es su sistema.

Mientras partidos políticos, Gobierno, sindicatos y patronal discuten el desarrollo del Pacto de Toledo, que cuenta con el consenso parlamentario y consagra el sistema público de reparto aunque con reformas para sus supervivencia, Piñera vaticinó ayer en Madrid la quiebra del mismo al presentar el informe Una propuesta de reforma del sistema de pensiones en España, patrocinado por el Círculo de Empresarios. Piñera volvió a cantar las excelencias del sistema chileno -que además de en su país se aplica sólo en Perú, Colombia y Argentina-, pero redujo el impacto de su implantación gradual sobre las cuentas públicas españolas sobre lo calculado en los borradores.Si el sistema se implantara ya y el crecimiento económico fuera del 3,5%, del que un punto a su juicio se debería precisamente a la implantación del nuevo sistema, el coste fiscal como porcentaje del PIB sería del 0, 12% en 1997; 0,27% en el 98; 0,37% en 1999; y 0,41% en el 2000, el año con mayor impacto para ir descendiendo y suponer superávit, es decir ahorro fiscal, a partir del séptimo año de la implantación, hasta alcanzar un superávit del 5,4% del PIB en el año 2025. "Y ello", dijo ayer Piñera, "sin tener en cuenta que los mercados reducirían la prima de riesgo que tiene España (la necesidad de pagar más interés por la deuda) por la confianza que dará la puesta en marcha del sistema privado de capitalización".

La transición del sistema que ahora tenemos al privado y de capitalización seguiría este esquema: Los trabajadores menores de 45 años tendrían la posibilidad de optar por mantenerse en el sistema público o cambiar al privado. Si optaran por lo último recibirían un bono del Estado reconociendo la deuda por las cotizaciones que hubieran pagado a la Seguridad Social hasta ese momento. Si tuvieran 45 años ese reconocimiento sería del 100% de las cotizaciones e iría descendiendo hasta los 29 años, edad en la que no se recibiría ya bono. Los trabajadores que se vayan incorporando al mercado de trabajo entrarían obligatoriamente en el sistema de capitalización. En cualquier caso los mayores de 45 años, los menores de esa edad que se quedaran en el sistema actual y los actuales jubilados tendrían garantizada la revalorización de sus pensiones y la aplicación de las actuales reglas.

Los trabajadores que fórmen parte del nuevo sistema aportarían mensualmente un 13% de su salario (10% para pensión y 3% para seguro de invalidez) para abrir una libreta de ahorro que sería gestionada por administradores privados bajo la supervisión del Estado. Según el estudio, el 60% de los trabajadores españoles menores de 45 años se incorporarían al nuevo sistema, a razón de un 10% al año a partir de enero de 1997.

Para paliar el impacto que este abandono del sistema público tendría sobre las finanzas públicas Piñera propone dos mecanismos: el primero mantener por un periodo transitorio, que no concreta, la actual cotización del 21,35% del sueldo para pensiones dando de ella 8,35 puntos al Estado; la segunda, obligar a las administradoras de fondos a invertir la mitad de lo que reciban en deuda pública. Piñera mantiene que eso no contaría como aumento del endeudamiento del Estado y, por lo tanto, no iría contra el criterio de Maastricht, ya que a su juicio se trata de "una titulización de la deuda que el Estado tiene contraída con los trabajadores". "Cualquier ministro europeo", dijo tranquilamente, "puede entender esto". Añadió que el Estado podrá ir amortizando esa deuda cuando disminuya el futuro gasto fiscal por pago a pensionistas.

Según el ex ministro chileno, teniendo en cuenta la evolución del empleo, del PIB, de las remuneraciones reales y de las tendencias demográficas, "a medio plazo el sistema de reparto, tal como está no es viable en España", y llegará a tener un déficit superior al 4% del PIB en el año 2025. "El Pacto de Toledo", dice sólo palla el problema".

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Javier Arenas, afirmó ayer que el sistema chileno no es aplicable en España. "Vamos a caminar", dijo, "por la senda del Pacto de Toledo".