El Gobierno reducirá al mínimo los libros editados por organismos públicos

El 17% de la producción editorial española son libros publicados por el Estado, las comunidades autónomas y otros organismos públicos, que generan una cifra de negocio superior a los 30.000 millones de pesetas anuales. Los presupuestos para estas publicaciones serán "enormemente restrictivos" a partir del próximo año, y lo poco que sobreviva "se coeditará con las empresas privadas" según anunció ayer el secretario de Estado de Cultura, Miguel Ángel Cortés. El Gobierno recoge así una vieja reivindicación de los editores, que consideran esos productos una competencia desleal.

Aunque los libros publicados por la Administración central se han reducido notablemente -el año pasado supusieron sólo el 3,5% de la edición pública-, las comunidades autónomas y ayuntamientos han hecho gala de fiebre editora, engordando sus porcentajes desde el 30% de las publicaciones institucionales, en 1991, hasta el 45% de 1995. Serán, pues, las administraciones locales las que se lleven el grueso del tijeretazo.El recorte, explicó Cortés, pretende evitar el despilfarro de recursos públicos y eliminar la competencia desleal con las editoriales privadas. "Tras el verano se conocerán medidas decisivas", dijo, "y se someterán a un análisis muy riguroso las ediciones que se vayan haciendo, teniendo muy en cuenta cuál será la distribución de cada publicación".

El secretario de Estado inauguró ayer el XII Encuentro sobre la Edición, organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander con el patrocinio del Ministerio de Educación y Cultura. El encuentro lleva este año por lema El libro y su ecosistema cultural y está dirigido por el periodista y editor Javier Pradera.

Cortés volvía así al foro santanderino que le había servido una semana antes para anunciar recortes en el sistema de protección pública al cine, y no pudo reprimir una referencia cruzada a sus dos visitas: "El sector del libro goza de buena salud porque tiene empresas fuertes, sin necesidad de cuotas ni excepciones culturales".

Luego echó mano de Umberto Eco para tildar de "apocalípticos" a los sectores que, ante los retos tecnológicos, "se resisten y buscan protección pública" -los cineastas, se entiende- y de "integrados" a los que optan por "adelantarse" a los nuevos tiempos, como, según él, han hecho los editores.

El sector recibió bien las medidas anunciadas por Cortés. Pere Vicens, presidente de la Federación de Gremios de Editores de España, señaló: "Estamos en contra de la edición institucional, a la que consideramos una forma de competencia desleal y un despilfarro de unos recursos públicos que podrían dedicarse a mejores fines, como, por ejemplo, comprar libros para las bibliotecas".

Según Vicens, de los 400.000 millones de pesetas que mueve el negocio del libro en España, más de 30.000 millones (en ventas) corresponden a la edición institucional, aunque en términos de costes sin duda la cifra es mucho mayor y es prácticamente imposible de evaluar. "Los organismos públicos deben editar sus anuarios, boletines y demás", señala Vicens. "Lo que no tiene sentido es que editen libros de arte, cocina, historia y otras mil cosas, como hacen ahora".

Comisión interministerial

El presidente de los editores aprovechó la presencia de Cortés para pedirle la creación de una comisión interministerial del libro donde, junto a Educación y Cultura, estén representados los departamentos de Comercio, Industria, Economía y Asuntos Exteriores, una petición a la que el secretario de Estado no se mostró muy receptivo: "Por crear una instancia burocrática o una comisión rígida no se van a resolver los problemas", dijo.Vicens, sin embargo, argumentó luego la propuesta de los editores: "Si queremos tratar con la Administración sobre el Instituto Cervantes, tenemos que negociar con Cultura y con Exteriores; si sobre ferias del libro internacionales, con Exteriores y con Comercio; si sobre el IVA del libro, con Economía y Hacienda; si sobre pequeñas empresas de edición y distribución, con Comercio y con Industria". Para Vicens, la comisión interministerial, que ya existió hasta hace una decena de años, agilizaría grandemente la interlocución, y ello sin necesidad de tener carácter permanente.