El fiscal del 'caso GAL' afirma que el aparato del Estado intentó crear un clima de terror en Francia

El fiscal del Tribunal Supremo José María Luzón afirmó ayer en la vista de los recursos contra el procesamiento del ex ministro José Barrionuevo y el ex secretario de Estado Rafael Vera que "el aparato del Estado se puso al servicio de una actuación totalmente ilegal desde su comienzo tendente a crear un clima de terror en un sector de la población". Luzón se mostró muy duro a la hora de pedir que se confirme el procesamiento dictado el pasado 24 de enero por el juez Eduardo Móner contra Barrionuevo por los delitos de detención ilegal (secuestro de Segundo Marey), malversación de caudales y pertenencia a banda armada, contra Vera por este último delito. Las defensas de Barrionuevo y Vera pidieron la revocación de las medidas cautelares y los procesamientos, mientras las acusaciones instaron a que se mantuvieran.

El fiscal estuvo contundente cuando defendió que Barrionuevo y Vera debían seguir procesados por delito relacionado con banda armada. "En la causa", dijo, "queda suficientemente acreditada la existencia de reuniones previas y de un clima favorable a la intervención armada en el sur de Francia.( ... ) Los hechos tienen la suficiente entidad para ser rechazados por las normas socioculturales de la colectividad. Sería el summun de la hipocresía mostrarse contrario a la pena de muerte a través de un proceso penal con todas las garantías judiciales y defender en la sombra ese fenómeno que se denomina terrorismo de Estado"."La actuación y la organización de un sector de las fuerzas de Seguridad del Estado al servicio de estas actividades torticeras", agregó Luzón, "tiene entidad suficiente para producir temor en la sociedad y rechazo en la colectividad a la que se dirigen tales actuaciones".

El abogado de Barrionuevo, Pablo Jiménez de Parga, y el de Vera, Manuel Cobo del Rosal, expusieron que aun aceptando como hipótesis los hechos del auto de procesamiento no se darían los requisitos para que hubiera delito de pertenencia a banda armada. Los letrados sostienen que en ningún caso se daría el requisito de actuar con el fin de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública. En su opinión, tampoco se da la existencia de una organización estable, permanente en el tiempo y que realizase pluralidad de acciones, puesto que en la causa sólo se juzga el secuestro de Segundo Marey.

El fiscal y las acusaciones sostuvieron que en los GAL existió una organización jerarquizada que actuó durante cuatro años y ue realizó atentados que produjeron casi una treintena de muertos. El acusador de la acción popular, José Luis Galán, afirmó respecto al fin requerido para ser banda armada: "No cabe mayor subversión del orden constitucional que el hecho de que los propios encargados constitucionalmente de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, sean precisamente los que quebranten el derecho a la vida y a la libertad de los ciudadanos con el objetivo de suscitar inseguridad o sentimiento de temor en determinadas zonas de la población, sea española o francesa".

Según Galán, tal conducta "atropella los principios del Estado de Derecho, los derechos fundamentales, los valores superiores del ordenamiento, como la justicia y la libertad, violando el orden jurídico internacional y los tratados internacionales firmados por nuestro país".

El abogado de Barrionuevo argumentó también, en contra de los delitos de detención ilegal y malversación, que fueron contestados por el fiscal y las acusaciones.