Cuevas pide a Aznar que la Administración pague su deuda con las empresas, evaluada en tres billones, en tres años

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), José María Cuevas, ha solicitado al presidente del Gobierno, José María Aznar, que la deuda de las Administraciones Públicas (AA PP) con el empresariado, calculada por la propia CEOE en más de tres billones de pesetas, sea pagada en un plazo de tres años a partir del 1 de enero de 1997. Cuevas propone además que en la Ley de Presupuestos de 1997 se incluya la propuesta del Parlamento Europeo sobre el pago de intereses de demora, que consiste en fijar dicho coste en la suma del tipo oficial del banco central de cada país (7,25% en España) más cinco puntos.En una carta dirigida al presidente del Gobierno, Cuevas le transmite un documento elaborado por la Comisión de Infraestructuras y Servicios a las Administraciones públicas de la CEOE, y le sugiere la conveniencia de crear una comisión, con participación de la CEOE, "para hacer frente a este grave problema". Según la confederación empresarial, el problema es "el diferimiento generalizado de los pagos por un tiempo significativamente superior al previsto en la Ley de Contratos". El documento explica que las Administraciones obligan a las empresas a modificar los plazos de pago pactados "con objeto de aliviar sus propias dificultades financieras, derivadas en muchos casos de una incorrecta realización y ejecución de susa propios presupuestos". Este aplazamiento reduce el margen de beneficios, impide planificar inversiones, y crear empleo, expulsa del mercado a las empresas, sobre todo a las pymes, según la patronal.

CEOE propone que el Gobierno transmita estos mensajes: la "inexcusable obligación de cumplimiento estricto de la nueva ley de Contratos"; ampliar el "mecanismo de compensación de deuda" a todas las Administraciones; que éstas realicen los activos disponibles y los destinen a pagar deudas; que las Administraciones agoten sus márgenes de endeudamiento para pagar deudas; prohibir a las AA PP con deudas los presupuestos expansivos y los convenios por encima del IPC; y que el Gobierno y el Parlamento comprueben a 31 de diciembre el cumplimiento de los pagos.