Tiempo de careo

Esta sociedad, Mariella, canalizó para la Corporación la operación Air Products diseñada por ti y Arturo. (Extracto de una carta de Jacques Hachuel a Mario Conde fechada el 27 de julio de 1993).El financiero Jacques Hachuel declaró tres veces como testigo en el caso Banesto, a lo largo de 1,995, y una vez como imputado, el pasado lunes 8 de julio, que fue él quien recibió el 6 de abril de 1990 18,7 millones de francos suizos (1.344 millones de pesetas de la época) en una cuenta de su sociedad Mariella, en el NMB Bank de Ginebra. Ese dinero fue transferido por Air Products, según las instrucciones del entonces consejero ejecutivo de empresas industriales y participadas de Banesto, Arturo Romaní. La multinacional pagaba así una opción que le vendió Banesto para adquirir el 5,9% de Carburos Metálicos. Hachuel separó unos 1,6 millones de francos suizos para sí mismo (115 millones dé pesetas) y envió, el 22 de mayo de 1990, en dos talones, los restantes 17,099 millones de francos suizos a un abogado de Zurich, siguiendo instrucciones de Conde y Romaní, quienes, según una carta privada firmada por el financiero, "diseñaron la operación Air Products". Ese abogado se llama Peter Schwarz.

Una vez recibido el dinero, Schwarz lo transfirió a Hans Gassner, administrador de la Fundación Levis, registrada en Liechtenstein. Según el reglamento de dicha fundación, los beneficiarios podían retirar los intereses a los tres años, cosa que hicieron en mayo de 1993. Si bien no se conoce a los socios de Levis, se ha podido confirmar que Conde, Mariano Gómez de Liaño, Francisco Javier Sitges y Arturo Romaní fundaron en junio de 1989 una fundación de familia en Liechtenstein llamada Melvin, que operó con empresas en Suiza en operaciones presuntamente ilícitas con Banesto. Todo apunta que Levis es propiedad de Conde y sus amigos aunque el secreto les protege.

Los abogados de Hachuel y de Conde, Luis Rodríguez Ramos y Jesús Santaella, comenzaron a negociar un acuerdo en marzo de 1995 para repartirse los 1.229 millones de pesetas bajo control de la fundación. Pero no llegaron a pactar. Hachuel lo quería casi todo. Ese acuerdo, según comunicó Santaella a Rodríguez Ramos, sería el punto de partida para la cooperación jurídica entre Hachuel y Conde en el juzgado central de instrucción número 3. Rodríguez Ramos, un hombre que no se declara, muy duro en este tipo de negociaciones, pidió a Santaella que se pusiera en contacto con otro abogado de Hachuel. Se trataba de Javier Ruiz de Asín. Según Rodríguez Ramos, tampoco Ruiz de Asín y Santaella llegaron a un acuerdo.

Ayer pareció evidente que las posiciones de Conde y de Hachuel están más cerca. El abogado Juan Sánchez Calero, consiguió hasta cierta cortesía de Háchuel mientras que otros letrados sólo obtienen como respuesta ladridos de labios del financiero. Conde y Hachuel se necesitan en la adversidad. Y, por tanto, defienden el montaje que hicieron en 1990 para apropiarse de los 1.344 millones. La idea es que Hachuel cobró una retribución por abandonar el tiburoneo y el chantaje que realizaba sobre Air Products con la amenaza de vender un 18% del capital de Carburos Metálicos bajo la forma de warrants emitidos en 1989. Esto nada tiene que ver con los 1.344 millones desaparecidos.

La ley de enjuiciamiento criminal prevé el careo para comprobar la existencia del delito que el juez García-Castellón tiene entre manos "cuando los testigos o los procesados entre sí o aquellos con éstos discordaren acerca de algún hecho o de alguna circunstancia que intereses en el sumario". Conde y Romaní, que controlan el dinero, dicen que no hubo pago de Air Products. Hachuel dice que sí y que fue su retribución. Los vicepresidentes de Air Products, Ronaldo Sullam y James McMahan, afirman que Hachuel no intervino para nada en la negociación y han aportado documentos que permiten vislumbrar las maniobras de Conde, Hachuel, Romaní y Rafael"Pérez Escolar.

Tiempo, pues, de careo. Una confrontación directa entre uno de los vicepresidentes de Air Products y Hachuel es elemental. Sin embargo, ni el juez García-Castellón ni el fiscal Florentino Orti están por la labor. Mala cosa.