Bienestar en Rojo

LA REFORMA del Estado de bienestar centra el debate en buena parte de los países europeos, provocando no poca intranquilidad social. Pero es un debate insoslayable, en el que España ha entrado tardíamente. El saneamiento de las finanzas públicas obliga a revisar las prestaciones sociales. Esta revisión debe plantearse en un horizonte de medio y largo plazo, de forma sosegada y gradual, y no desde la estridencia, las prisas o el dogmatismo. Así lo ha hecho el, gobernador del Banco de España, Luis Ángel Rojo, al abordar la reforma del Estado de bienestar desde la perspectiva general que ofrece el binomio de equidad y eficiencia.La prioridad -marcada por los mercados globalizados antes incluso que por la convergencia hacia la moneda única europea- está ahora en reducir el déficit público en todos los países, incluida España, lo que permitirá disminuir la inflación y los tipos de interés, cuestión que interesa especialmente al Banco de España con su nuevo estatuto de autonomía. En todo caso, la inmediatez de la convergencia hace difícil a los Gobiernos eludir por más tiempo la adopción de medidas que, se presenten como se presenten, no dejarán de incidir en el nivel de prestaciones del Estado. El fuerte recorte presupuestario de casi un billón de pesetas que el Gobierno de Aznar prepara para 1997 anuncia un rigor sin precedentes y sin excepciones en todas las partidas del gasto público. La insistencia del Gobierno en que las pensiones no se verán recortadas es un reconocimiento paladino de que otros gastos sociales lo serán.

El Estado de bienestar ha producido en su desarrollo más reciente algunos efectos perversos. Un exceso de equidad puede haber mermado las posibilidades de la eficiencia y el crecimiento económico, lo cual a su vez socava los medios disponibles desde el Estado para garantizar la equidad. El Estado de bienestar ha generado su s propios nuevos problemas. Nació para garantizar determinados servicios universales: pensiones, sanidad, educación. El envejecimiento de la población, la incapacidad de aumentar el censo de ocupados y el crecimiento de la demanda sanitaria hacen que sea cada vez más dificil mantener estas prestaciones en los niveles actuales.

Pero ésta no es sólo, ni principalmente, una cuestión económica, sino política. La propia democracia y el modelo europeo de sociedad están íntimamente ligados al Estado de bienestar y a los derechos y prestaciones que implica. Su crisis es, en definición de un sociólogo, la del "desbordamiento del Estado por la política". Es hoy la política la que debe obligar a las aguas del bienestar a regresar a sus cauces. No se trata de desmontar el Estado de bienestar, sino de adaptarlo a las nuevas posibilidades y circunstancias.

Rojo defiende un modelo europeo que da un valor especial a la solidaridad frente al individualismo a ultranza del sistema americano. Dentro de este planteamiento hay márgenes para la reforma, pero también límites. Ambos deben conocerlos el Gobierno y la oposición. Ésta es una cuestión que requiere el más amplio consenso posible, al estilo del que se fraguó con el Pacto de Toledo para la reforma del sistema de pensiones, cuyo desarrollo debe abordarse cuanto antes. También es necesaria una amplia y rigurosa labor de explicación. Además de hacer lo que haya que hacer, hay que explicarlo a los ciudadanos.

En Alemania, en Francia, en Suecia, el Estado de bienestar está siendo revisado a la baja. Aun así, sus prestaciones están por encima de las existentes en España, pero el bajo nivel de ocupación de nuestro país proyecta un futuro más que incierto para el sistema. Es un tema complejo, que si no se aborda adecuadamente puede generar graves conflictos. Pero su dificultad no puede ser excusa para cruzarse de brazos. La inacción llevaría a la quiebra del Estado de bienestar.