El padre de Salinas era abogado de Gil desde dos años antes del presunto soborno

José Salinas González, el padre del ex vicepresidente de la Junta de Andalucía, José Miguel Salinas Moya, ejerció como abogado de Jesús Gil y Gil desde 1984. Dos años y medio antes de que se produjese la supuesta extorsión de 200 millones de pesetas encaminada a lograr que la Junta permitiese la recalificación de dos terrenos propiedad de Gil, una operación denunciada ahora por el actual alcalde de Marbella.Fuentes próximas al abogado, al parecer muy enfermo, interpretan que Gil ha vulnerado la confidencialidad que suele presidir las relaciones entre cliente y letrado para "atacar al PSOE cuando se ha visto acorralado por otras investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción".

José Miguel Salinas se ha negado a efectuar declaraciones mientras no se aclare el proceso judicial abierto por la fiscalía para determinar las responsabilidades del supuesto soborno. Su padre, de 70 años, se encontraba ayer hospitalizado. En los últimos años ha sufrido varios ataques cardiacos.

Mientras, en el despacho de los Salinas, un conocidísimo bufete de Córdoba, se han recuperado papeles que el padre. de José Miguel Salinas realizó para Gil entre 1984 y 1986. Los documentos se piensan aportar a la fiscalía con la intención de demostrar que los recursos al Plan General de Ordenación Urbana de Marbella, objeto de la supuesta extorsión, no eran muy diferentes a otras reclamaciones defendidas para otros clientes.

Asesoramientos urbanísticos

El despacho de Salinas en Córdoba se dedica precisamente a asesoramientos urbanísticos. José Salinas fue concejal de Urbanismo en la ciudad durante el franquismo.Por su parte, José Luis Sierra, el actual brazo jurídico de Gil en incontables pleitos, aseguró que sus abogados desde 1976 han sido Crispín de Vicente y él. Sierra admitió que decidió dejar acta notarial del presunto soborno que José Salinas y su hijo Rafael Salinas -en aquel año asesor jurídico y urbanístico del Ayuntamiento de Marbella- le reclamaron "para la Junta de Andalucía". Según Sierra, lo hizo cuando, "encolerizado", cayó en la cuenta de que, además de la citada comisión -220 millones, 20 de ellos para los intermediarios- debía abonar un 35% a Hacienda, al no poder recoger en los presupuestos de su sociedad ese pago y tener que declararlo como beneficios.

Sierra admite ahora que la recalificación aprobada entonces por la Junta de Andalucía fue "ilegal e irregular" porque esa actuación no está entre sus competencias. El Departamento de Obras Públicas, dirigido entonces por Jaime Montaner, fue más lejos y aumentó incluso la edificabilidad autorizada previamente.

Aquellas modificaciones fueron entendidas por el entonces alcalde socialista de Marbella, José Luis Rodríguez Sánchez, como una auténtica desautorización. Fuentes cercanas al ex alcalde indicaron que "es evidente que Gil acudió a Sevilla para obtener lo que no consiguió en Marbella".