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Tribuna:

GAL: comparaciones odiosas, pero necesarias

Lejos de mí la menor intención de entrar en valoraciones sobre las recientes actuaciones judiciales en torno a los GAL, y las que en el futuro se puedan producir. El objeto de este análisis no pretende ser otro que establecer una perspectiva comparada, conducente a situar en su justa magnitud las dimensiones reales de un fenómeno cuyo impacto sobre la sociedad española viene actuando con un peso desmesurado desde tiempo atrás.Con toda independencia de quienes resulten finalmente culpables, a uno u otro nivel, ciñámonos a un hecho concreto cuya evidencia -aunque pendiente del definitivo pronunciamiento judicial- parece ya incontestable: en octubre de 1983, dos miembros de ETA de escasa relevancia y corta trayectoria delictiva fueron secuestrados en el sur de Francia por agentes españoles de las Fuerzas de Seguridad del Estado, conducidos clandestinamente a España, retenidos y torturados por largo tiempo en un determinado edificio de San Sebastián, introducidos en los maleteros de dos vehículos y, tras un largo viaje, transportados a un inhóspito paraje de la provincia de Alicante, donde, finalmente, fueron asesinados y enterrados con cal viva, con la patente intención de que sus restos no pudieran ser hallados jamás.

En aquellos años en que la agresión terrorista alcanzaba en España sus más altas cotas (1978-1984, con su máximo de víctimas en 1980), pudimos escuchar con horror más de una vez -tanto en ámbitos públicos como privados- comentarios a favor de una determinada vía para combatir dicho terrorismo: el llamado "modelo argentino"; es decir, el método "eficaz y contundente" -se decía- que había permitido a la primera Junta Militar, presidida por el general Jorge Videla, exterminar a la práctica totalidad de las organizaciones de ultraizquierda (Montoneros y ERP), que llegaron a producir en dicho país unas setecientas víctimas mortales (cifra total, de fuente militar).

En otras palabras: se propugnaba como modelo deseable, defendible y digno de ser aplicado en España el mismo que fue puesto en práctica en Argentina por sus Fuerzas Armadas y de Seguridad, método cuyas líneas maestras eran precisamente éstas: secuestro de miles de sospechosos de terrorismo o de algún tipo de colaboración con éste, por muy indirecta que pudiera ser; interrogatorio de los secuestrados bajo sistemática tortura; asesinato de la mayor parte de ellos al agotarse su valor informativo, y, finalmente, eliminación deliberada de sus cadáveres -fosa común, cremación o lanzamiento al mar de personas vivas o muertas-; todo ello al margen de las leyes de su propio país. Por increíble que hoy pueda parecernos, este método -intrínsecamente criminal en su planteamiento y ejecución- era propugnado entre nosotros por algunos en aquellos años como la fórmula adecuada a imitar en nuestro país para hacer frente, a un terrorismo etarra que por entonces parecía resistir todo intento de neutralización por la vía de la legalidad constitucional. Así pudimos, por ejemplo, leer en un caracterizado diario ultraderechista, hoy inexistente, la calificación de tales métodos como Ios adecuados" para la finalidad propuesta, y escuchar a un determinado embajador español, en entrevista radiofónica, afirmar que: los militares argentinos estaban haciendo "exactamente lo que debían hacer en su lucha contra la subversión".

Recordadas estas actitudes, registradas en aquella, España no demasiado distante -sólo diez o quince años atrás-, volvamos al caso Lasa-Zabala, y situémonos en la hipótesis que a estas alturas parece más probable: que la justicia termine confirmando en su día, por sentencia firme, que los hechos materiales se produjeron en la forma antes descrita. En tal caso, no, hallaríamos ante un asuntc abominable, caracterizado por la estricta aplicación del indeseable "modelo argentino": la secuencia secuestro-tortura-asesinato-entierro clandestino se habría cumplido con escrupulosa fidelidad al modelo en cuestión. A partir de aquí, permitámonos por un momento un siniestro, aunque breve ejercicio de imaginación. Imaginemos que el número de personas secuestradas, interrogadas bajo tortura, finalmente asesinadas), enterradas anónimamente en fosas clandestinas no hubiera sido de dos, como en este caso sino de 20.000. Veinte mil personas consideradas culpables o sospechosas de algún tipo de vinculación con la violencia, por muy dudosa, indirecta, insegura y circunstancial, o incluso absolutamente falsa, que dicha supuesta vinculación pudiera ser. Imaginemos que en vez de una pequeña fosa en un desértico paraje de Alicante existieran miles de fosas similares desparramadas por muy diversos lugares del territorio español, puesto que son muchos los lugares donde el terrorismo de ETA golpeó. Imaginemos que muchos miles de familias españolas -no sólo vascas, sino de tantas otras comunidades donde ETA actuó o donde podría disponerse " a actuar- estuvieran padeciendo desde años atrás la tragedia de la desaparición de alguno de sus miembros; personas en su día secuestradas o "detenidas-desaparecidas" (trágico vocablo, tan usual en el ámbito latinoamericano), sin noticia alguna de dónde, cómo y cuándo fueron muertas y adónde sus restos fueron a parar.

Imaginemos, en definitiva, que en aquella primera mitad de los años ochenta en España hubiera actuado un GAL gigantesco, no constituido por unos cuantos guardias, policías y mercenarios mafiosos, sino por unas fuerzas militares y policiales de enorme magnitud; no un GAL minúsculo y chapucero, concebido para dar unos cuantos golpes en el extranjero, sino un inmenso GAL organizado y dotado de una enorme infraestructura logística y operativa, diseñada para actuar criminalmente al margen de la ley, pero dentro del territorio nacional en toda su extensión. Pues bien, eso fue exactamente lo que ocurrió en Argentina a partir del golpe militar del 24 de marzo de 1976. Quienes conocemos, por haber tenido ocasión de investigarlo a fondo, la magnitud del drama sufrido por la sociedad argentina en la segunda mitad de los años setenta, estamos en mejores condiciones que nadie para valorar lo que aquí en España no ha llegado a suceder: lo que aquí, pese a los venenosos esfuerzos de algunos, se ha logrado evitar.

En efecto, ese terrible salto de 2 a 20.000 cadáveres clandestinamente enterrados o arrojados al mar; esa pavorosa multiplicación por 10.000 en cuanto al número de víctimas del "modelo argentino" estrictamente aplicado, o por 1.000 en cuanto al número total de muertos producidos por los GAL; ese descomunal salto cuantitativo -que por su magnitud irrumpe también de lleno en el campo de lo cualitativo-, nos da la medida exacta del cataclismo que puede llegar a afligir a una sociedad cuando se dan ciertos factores concurrentes, aniquiladores de la democracia y de la convivencia civil. Y no precisamente en un país hundido en el analfabetismo, la miseria económica y el primitivismo político, sino en una sociedad como la argentina, señalada entre las más cultas, ricas y avanzadas de toda América Latina, y que a cierta altura de este siglo superaba en sus índices de desarrollo a algunos de los mejores países de Europa occidental.

En definitiva, el penoso caso Lasa-Zabala resulta paradigmático en una doble vertiente. La primera no es otra que la constatación -por si alguien ingenuamente lo consideraba imposible- de que también aquí, entre nosotros, pueden engendrarse los repugnantes monstruos de los secuestros, las torturas y las "ejecuciones" sumarias al margen de la ley, seguido todo ello de la eliminación de los cadáveres, tal como exige la odiosa técnica de "la desaparición". Y la segunda vertiente consiste en que la repulsiva excepción que nos ocupa -la forma concreta de tratamiento y eliminación de ambos etarras citados- nos obliga a valorar y recordar cuál ha sido y sigue siendo entre nosotros la regla general. Y la regla general consiste en que esta joven y muy imperfecta democracia -con sus GAL, Roldanes y demás desgracias nacionales a cuestas- ha sido, pese a tales taras, capaz de rechazar ese mortífero modelo de forma frontal. Lamentables excepciones aparte, nuestra regla general ha sido y sigue siendo que, a pesar de todo, pese a darse las condiciones que hacían trágicamente posible esa tremenda calamidad llamada "el modelo argentino", aquí se ha sabido evitar ejemplarmente esa catástrofe social. Catástrofe soslayada gracias, en gran parte, a que nuestras Fuerzas Armadas y de Seguridad, en su conjunto institucional, fueron capaces de resistir a lo largo de toda la transición, con notable entereza y madurez, tanto la permanente agresión terrorista como la grave tentación golpista, que, desde ambos extremos, nos empujaban conjuntamente en aquellos años hacia ese negro abismo en que hubiera podido despeñarse la convivencia nacional.

Volvamos, pues, para terminar, al momento actual. Llevamos semanas, meses enteros, sometidos al implacable bombardeo del caso GAL. Desde las portadas y los editoriales de cada mañana hasta las tertulias y los telediarios de cada noche, todo es un puro grito surgido del mismo problema, que parece acaparar, obsesivamente, la máxima atención de la opinión pública nacional. Ante tan reiterado martilleo de horrores, y el que previsiblemente nos aguarda todavía por los numerosos sumarios aún pendientes, grandes sectores de la sociedad española corren el riesgo de llegar a una conclusión tan falsa como peligrosa: la de asumir que nuestras fuerzas de seguridad, y especialmente la Guardia Civil, se sitúan, en cuanto a corrupción y capacidad violatoria de los derechos humanos, a los mismos niveles ya conocidos en tantas otras fuerzas homólogas, militares y policiales, de tantos otros países, latinoamericanos o no. Percepción equivocada, injusta y que, objetivamente, es obligado rechazar.

Horroricémonos, pues, y con razón, del caso Lasa-Zabala; pero congratulémonos de su carácter excepcional, asegurándonos de que en España nada similar pueda volver a ocurrir. En otras palabras: sigamos rechazando, con absoluta convicción, pese a los graves atentados etarras, el llamado "modelo argentino" -repudiado hoy por las propias autoridades militares de aquel país-, y reafirmemos la necesidad de combatir al terrorismo de la única forma admisible: con la inteligente acción política y la eficaz actuación policial y judicial, siempre con la! legítimas armas democráticas de la ley y de la moral.

Prudencio Garcia es coronel del Ejército (R) e investigador en Sociología Militar del INACS.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 2 de julio de 1996