El PP rectifica y dice que no dejará en manos privadas la gestión de la sanidad pública

El ministro de Sanidad, José Manuel Romay, afirmó ayer en el pleno del Congreso que la sanidad pública tendrá sólo "una gestión pública". Con ello salió al paso de la ambigüedad del decreto ley de reforma de gestión del Insalud, que en 48 horas fue corregido en el BOE para suprimir la referencia expresa a "personas físicas o jurídicas privadas" como posibles gestoras. El decreto fue aprobado, pese a que no gusta ni a los socios del Gobierno que lo apoyaron. CiU llegó a calificarlo de inconstitucional por cuanto pretende afectar a las comunidades con transferencias.

Los recelos expresados ayer por los portavoces del PSOE, IU y Grupo Mixto se justifican por los avatares que ha sufrido el contenido del decreto ley. El primer texto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 18 de junio posibilitaba la gestión sanitaria pública "indirectamente mediante cualesquiera entidades admitidas en derecho creadas por personas o entidades públicas o privadas". La corrección efectuada en el BOE dos días después, que se limita a. decir ', mediante cualesquiera entidades admitidas en derecho" sigue sin satisfacer a la oposición parlamentaria por su ambigüedad."La privatización no es un fantasma", replicó al ministro la portavoz' socialista Ángeles Amador. "Es la literalidad del decreto ley. Con el precedente de lo que se está haciendo en Valencia hay que hacer un acto de fe", añadió Amador. El compromiso público de Romay de titularidad y gestión pública para los centros del Insalud la tranquilizó de alguna manera. "Su palabra es muy importante, ya que la ley no lo deja claro", comentó a los periodistas.

El portavoz del Grupo Mixto, Guillerme Vázquez, del Bloque Nacionalista Galego, y la de IU, Ángeles Maestro, abundaron en criticar los "intentos privatizadores" del Gobierno del PP en Sanidad.

"Barra Ubre"

Vázquez consideró que el decreto da "barra libre" al Gobierno para "dinamitar el sistema público" y crear una sanidad de primera y otra de segunda. Ángeles Maestro conminó a los grupos parlamentarios a presentar un recurso de inconstitucionalidad.

Para estos tres grupos, la peor consecuencia de esta iniciativa "unilateral" del Gobierno es haber "vaciado de contenido" la ponencia para discutir la reforma de la sanidad, apenas creada hace dos días en el Congreso y con el consenso de todos los grupos parlamentarios.

Sin embargo, no fue el contenido del decreto lo que suscitó las críticas más duras. Fue la forma y además, por parte de los socios catalanes y vascos del Gobierno.

Romay había justificado la vía del decreto ley por la urgencia de poner en práctica los nuevos modelos de gestión en hospitales recién construidos como los de Manacor, Alcorcón y Cieza (Murcia), argumentos que de ninguna forma convencieron a los diputados. "Ésta no es buena forma de actuar", advirtió Emilio Olabarría, del PNV, quien manifestó con vehemencia, la preocupación de su grupo "por la oleada de decretos ley". Asimismo consideró "no decoroso" que se corrija en el BOE el contenido de un decreto cuando sólo está prevista la corrección de errores tipográficos. "Que no se vuelva a incurrir en deficiencias jurídicas de esta naturaleza", advirtió Olabarría al Gobierno.

Similares críticas vertió la portavoz de CiU, Carme Riera, quien encontró en el decreto "visos de inconstitucionalidad" por cuanto, a su juicio, vulnera competencias de organización de los servicios transferidos y además hace una indebida utilización de la vía decreto ley. La tramitación del decreto ley, acordada ayer como proyecto de ley, permitirá a CiU presenar una enmienda para que quede claro que sólo afectará al Insalud y no a todo el Sistema Nacional de Salud que, por tanto, incluye a los servicios sanitarios ya transferidos a las comunidades autónomas.

El pleno del Congreso aprobó también ayer con los votos del PP, CiU, PNV y Coalición Canaria otro decreto ley que liberaliza el horario farmacéutico, aunque con similares objeciones sobre forma y contenido.

Mientras los representantes de las comunidades con transferencias expresaron su temor por la invasión de competencias, la portavoz del PSOE, Pilar Novoa, descalificó la necesidad de esta normativa y la "supuesta flexibilización" que otorga al sector.