Autodefensa común

ESPAÑA HA conseguido al fin sacar adelante un proyecto debatido en Bruselas durante años: negar al terrorismo cualquier consideración de delito político en el conjunto de la Unión Europea. Los Quince se comprometen a entregar a todo ciudadano de otro Estado miembro al que la justicia acuse de haber participado en actos terroristas. Pertenecer a banda armada o colaborar en sus acciones delictivas no será ya asimilable a un delito político y no dará pie a la aplicación del derecho de asilo. Desde el momento en que entre en vigor el nuevo convenio europeo de extradición no podrán repetirse casos como el de los dos presuntos colaboradores de ETA cuya extradición a España denegó el Consejo de Estado belga a principios de año.Este episodio reveló que algunos problemas, más de legislación que judiciales, dificultaban la colaboración efectiva de los socios de la UE en la lucha contra las diversas formas de terrorismo y crimen organizado. Para España, este acuerdo -políticamente labrado en el Consejo Europeo de Florencia y cerrado ayer por el Comité de Representantes Permanentes de los Quince (Coreper)- constituye un arma indispensable en la lucha contra el terrorismo de ETA. El fruto lo recoge el Gobierno del PP, pero su maduración ha sido una obra laboriosa de sus antecesores socialistas y su beneficiario real es España. Ha requerido tiempo, tesón diplomático y no poca sutileza jurídica. Los criterios hasta ahora vigentes en la legislación europea al respecto eran un anacronismo.

Ni correspondían al desarrollo de la integración europea ni a la evolución de la criminalidad moderna. Era una cuestión de principios y de coherencia sustituirlos por otros acordes con las exigencias de una unión política que debe tener entre sus prioridades la solidaridad frente a sus enemigos. El terrorismo es un problema que afecta a todos y que requiere respuestas comunes. Así lo han visto los Quince, y han superado conceptos sobre el derecho de. asilo y el delito político que no eran aplicables a los grupos terroristas que aún perviven en la Europa de las democracias.

España ha contado con el apoyo del Parlamento Europeo, que siempre ha abogado por la unificación de las legislaciones frente al terrorismo y por la igualdad de trato en lo que se refiere a su tipificación delictiva y al régimen de penas. Algunos países, como Francia, han dado pasos decisivos en este terreno facilitando una colaboración antiterrorista con España que puede ser decisiva para la erradicación de esta lacra. Otros han sido más reticentes, pero este acuerdo revela que están cambiando.

Es imprescindible que las normas comunes europeas y las particulares de los Estados miembros de la UE no contengan dudas sobre el tratamiento que debe darse a una cuestión capital como es la autodefensa de las democracias. Impedir que individuos o grupos que recurren a la violencia para imponer sus ideas pongan en grave riesgo la convivencia democrática en la UE es una tarea común. Así debe afrontarse.