Gómez de Liaño y Garzón investigan los mgresos de Galindo a través de sus identidades falsas

JOSÉ YOLDI Los jueces de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño y Baltasar Garzón estrechan el cerco en torno al general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo. En actuaciones coordinadas están investigando las cuentas, depósitos y propiedades del general, especialmente en entidades bancarias del País Vasco y Madrid. Los jueces están rastreando el patrimonio del guardia civil, tanto el que figura a su nombre como el que está a nombre de identidades legalmente autorizadas o falsas. Liaño indaga acerca de 20 nombres supuestos de varios de los implicados.

Galindo comparece hoy ante Garzón en calidad de imputado en el caso Oñederra. El magistrado no le imputa ningún delito concreto, sino haber desempeñado funciones de dirección en el llamado GAL verde.El objetivo de las pesquisas de ambos jueces es diferente, aunque complementario. Garzón investiga propiamente el patrimonio del general Galindo, mientras Gómez de Liaño se está centrando en la financiación y las recompensas generadas por el secuestro, torturas y asesinato de los presuntos etarras José Antonio Lasa y José Antonio Zabala.

Gómez de Liaño, tiene acotadas una veintena de identidades supuestas -algunas legales y otras no- de varios de los procesados, entre ellos Galindo, guardias del cuartel de Intxaurrondo y políticos como Julen Elgorriaga, sobre los que está efectuando rastreos de cuentas en diversas entidades bancarias, uno de los cuales, en una entidad de ahorro madrileña, ya ha tenido éxito. Los resultados se mantienen en una pieza del sumario que se ha declarado secreta.

Ingresos atípicos

El juez busca ingresos atípicos en las cuentas a nombre de estas identidades falsas que hubieran sido efectuados entre octubre de 1983 y febrero de 1984, periodo en el que Lasa y Zabala estuvieron secuestrados antes de ser asesinados.

Las identidades que se investigan son de tres tipos, además de la verdadera:»Ias que figuran 1 en un registro del Ministerio-, del Interior como legalmente autorizadas y registradas; las autorizadas legalmente por un responsable de Interior, pero que no figuran en ningún registro, y las que los propios imputados podrían haberse agenciado ellos mismos por su fácil acceso -a impresos de DNI y a los que habrían añadido nombre- foto y huellas. Sólo estas últimas son legalmente falsas.

El juez también está A la espera de la respuesta a las peticiones formuladas por el anterior juez instructor, Carlos Bueren, a diversos registros para determinar si una quincena de identidades falsas presuntamente utilizadas por procesados en el caso Lasa-Zabala se corresponden con personas ya fallecidas.

Aunque el inspector Angel López Carrillo, testigo en este caso, ya ha declarado en el sumario que los gastos del secuestro, torturas y asesinato de Lasa y Zabala fueron 25.000 pesetas en copas para una celebración de los que intervinieron en los hechos, el juez ha recibido informaciones relativas a que los autores -en mayor o menor grado- recibieron una compensación por sus esfuerzos o recompensa por los servicios prestados. Estas gratificaciones son las que busca Gómez de Liaño.

Tambien las investigaciones patrimoniales de los ex guardias de Intxaurrondo Enrique Dorado Villalobos, Kike, y Felipe Bayo, se efectúa en el juzgado de Gómez de Liaño.

El patrimonio de Galindo, sin embargo, se investiga en el juzgado de Garzón, dentro del caso Oñederra, que intenta esclarecer cuatro de los primeros asesinatos de los GAL. Garzón trata de contrastar las afirmaciones de Roldán sobre los bienes del general encarcelado. Según la declaración del ex direcrtor general de la Guardia Civil, a raíz de que se hiciera público el denominado informe Navajas sobre el narcotráfico y contrabando en el País Vasco, y en el que aparecía relacionado el cuartel de Intxaurrondo, Galindo, entonces responsable del citado acuartelamiento, tuvo que deshacerse de sus propiedades.

El hoy general, según Roldán, pidió al entonces secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, que le resarciera de las pérdidas, y éste le proporcionó, según esta versión, más de 30 millones con cargo a los fondos reservados que Galindo habría camuflado en una de las identidades legalmente autorizadas, pero que no figuran en ningún registro.

Los coches del asesinato

Las investigaciones que Gómez de Liaño realiza sobre diversos aspectos colaterales del caso Lasa-Zabala, figuran las localizaciones de los vehículos que supuestamente fueron utilizados para trasladar a los presuntos etarras desde San Sebastián hasta Busot (Alicante) donde fueron asesinados y enterrados. Lasa y Zabala, según declaraciones sumariales, fueron trasladados drogados, cada uno en el maletero de un coche, hasta la localidad alicantina.

El magistrado ya tiene acreditado en el sumario que uno de los vehículos utilizados para esa misión fue el Renault R-12, propiedad de Enrique Dorado y que fue vendido por Gumersindo Hernández Rubio, chófer de Galindo, a un desguace, según informaron fuentes de la Audiencia Nacional.

El otro vehículo, que el juez Gómez de Liaño ya tiene localizado en el País Vasco es propiedad de uno de los procesados o de una persona próxima, según fuentes próximas a la investigación. Este segundo automóvil podría tratarse de un Seat 1430 o 124, propiedad del teniente Pedro Gómez Nieto, aunque algunas fuentes han afirmado que el coche no es un Seat.

El traslado de los dos etarras en sendos coches desde el palacio de La Cumbre de San Sebastián a Alicante ha sido declarado en el sumario por Pedro Luis Miguéliz, Chofo, ex contrabandista acogido a la ley de protección de testigos. El propio Chofo habla del R-12 de Dorado, aunque en su testimonio no menciona la marca ni la propiedad del otro vehículo.

El juez ha ordenado la realización de varias diligencias de prueba cuyo contenido se desconoce debido a que algunas de las piezas del sumario están declaradas secretas.