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Un juez suspende la actividad de Telefónica y de Cablevisión en televisión por cable

Telefónica teme un fuerte retraso en la modernización de infraestructuras

El juez de primera instancia número 55 de Madrid, Ángel-Vicente Illescas, ha requerido a Telefónica y Cablevisión para que interrumpan la prestación del servicio de televisión por cable a través de la red de Telefónica. El auto, que lleva fecha de 19 de junio, se produce tras una demanda presentada por Cableuropa, una sociedad cuyos accionistas principales son la compañía estatal ENDESA y los bancos Santander y BCH, y que está presidida por Eugenio Galdón, el actual consejero delegado de la cadena COPE.La decisión judicial, llevada al extremo, implicaría un retraso de varios años en los servicios por cable en España, además de condenar a la esterilidad algunas de las importantes inversiones realizadas por la Compañía Telefónica para mejorar su red.

El procedimiento se ha llevado a cabo con una rapidez poco frecuente en este tipo de causas. La demanda fue planteada por Cableuropa el pasado 8 de junio. El 11 del mismo mes fue admitida a trámite la demanda y el día 17 comparecieron las partes ante el juez. Telefónica y Cablevisión se opusieron a la pretensión alegando, entre otras razones, la falta de legitimación de la parte demandante "por entender que no es una entidad que participe en el mercado ni sus intereses se ven afectados directamente por las actividades de las solicitadas".

Si se pretendiera aplicar estrictamente el contenido del auto podría interpretarse que Telefónica debería dejar de prestar servicios tales como la transmisión de datos, vídeo-conferencias o conexiones a Internet, ya que el juez le obliga nada menos que a abstenerse de "cualquier acto de uso, o en su caso cese en los que ha iniciado, de bienes afectos a la concesión del servicio público telefónico para utilizarlos con fines distintos y, en particular, al de prestación del servicio de televisión por cable".

En el auto se rechazan las fianzas exigibles a la demandante cifradas por las empresas demandadas en un total de 2.300 millones de pesetas (Telefónica pidió 1.500 millones y Cablevisión, 800 millones) para el caso de que el juzgado accediese a la suspensión solicitada por la demandada. El juez ha sustituido finalmente esta petición por una fianza de 100 millones que tendrá que depositar Cableuropa por cada seis meses que transcurran, a partir de la aplicación del auto.

Abstenerse de todo

El juez estima que hay suficientes datos para considerar que Telefónica y Cablevisión -sociedad esta última constituida por Telefónica y Sogecable- han vulnerado varios artículos (entre otros el 25.1, el 5 y el 15) de la Ley de Competencia Desleal (LCD) y, en particular, "la prevalencia en el mercado de una ventaja competitiva significativa adquirida mediante la infracción de las leyes".

Con esta base argumental requiere: a Telefónica y Cablevisión "a fin de que se abstengan de cualquier acto de uso o, en su caso, cesen en los que han iniciado de bienes afectos a la concesión del servicio público telefónico para utilizarlos con fines distintos y, en particular, al de la prestación del servicio de televisión por cable; así como intimar y requerir a ambas entidades para que no inicien o, en su caso, cesen en la retransmisión televisiva por cable".

El auto es una resolución cautelar, que no entra en el fondo del contencioso, y que puede ser recurrida en cinco días.

El consejero delegado de Telefónica, Germán Ancochea, afirmó ayer en Barcelona que la compañía recurrirá el, auto, según informa Europa Press. Según Ancochea, con este auto la perjudicada no es sólo Telefónica. Los primeros perjudicados serían los clientes, "porque Telefónica es la única compañía que puede dar televisión por cable de calidad, no chiringuitos de vídeos".

Añadió que si se retrasa la operación de cable se retrasará la modernización del país. También se verían perjudicados, en opinión de Ancochea, los suministradores de contenidos y los operadores sin red que estaban preparando sus programas y que podrían alquilarle la red a Telefónica, que se quedarían sin red.

El presidente de Telefónica, Juan Villalonga, recientemente nombrado por el Gobierno de José María Aznar, no quiso hacer declaraciones.Limitaciones

El juez admite que ningún operador puede superar la cifra de un millón y medio de abonados en el conjunto del territorio, pero señala que el peligro se concreta en que las partes demandadas obtengan ese número de abonados antes de que otros operadores puedan hacerlo "y es claro que hic et nunc -sin perjuicio de lo que puedasuceder en el futuro- ningún operador puede servirse de las redes e infraestructuras sobre las que Telefónica ostenta la titularidad".

El juez señala que Telefónica ha admitido que, durante el segundo semestre de 1995, Telefónica y Cablevisión -prestaron servicios de televisión por cable en algunas localidades: Oviedo, Burgos, Zaragoza y Leganés.

El juez no menciona que la empresa demandante, Cableuropa, está presente ya en más de una docena de ciudades.

Cablevisión:"Medida severísima"

La sociedad Cablevisión hizo público ayer el siguiente comunicado:"Cablevisión manifiesta su rechazo al auto del juez de primera instancia de Madrid, D. Angel Vicente Illescas Rus, en virtud del cual se imponen medidas cautelares severísimas e injustificadas sobre las actividades de Telefónica, e indirectamente de Cablevisión, y utilizará los recursos legales oportunos contra esta decisión judicial.

El objeto de la actividad de Cablevisión consiste en la prestación de servicios a Telefónica y otros operadores de cable y, por tanto, no se ve directamente afectado por las medidas cautelares de prohibición de uso de los bienes afectos a la condición de servicio público telefónico para utilizarlos con fines distintos y de cesación en la retransmisión televisiva por cable'. Estas actividades no han sido nunca llevadas a cabo por Cablevisión porque no forman parte de su objeto social. Sin embargo, el auto en cuestión perjudica de manera grave a esta empresa en la medida en que paraliza la actividad de cableoperador de su cliente principal que es Telefónica.

Cablevisión considera, además, que estas medidas cautelares afectarán muy negativamente al desarrollo de la televisión por cable en España".

Telefónica: "Graves consecuencias para un gran número de empresas"

Telefónica ha enviado a los medios de comunicación la siguiente nota informativa en respuesta al auto dictado por el juez Ángel Vicente Illescas:"Ante las informaciones difundidas en la mañana de ayer, que han tenido como origen un auto dictado por el juzgado de primera instancia número 55 de Madrid, Telefónica quiere destacar que siempre ha acatado las decisiones emitidas por las autoridades judiciales, reservándose como es lógico su derecho a presentar los recursos judiciales que a su derecho convengan.

A la vista de la decisión dictada por el Juzgado nº 55, Telefónica de España deberá plantearse de inmediato y en profundidad el desarrollo de toda su Red en el ámbito nacional.

Desde el mismo momento en que empezó a debatirse en nuestro país la proliferación de los servicios multimedia, Telefónica ha dejado claro que su Red estaba completamente abierta a todos los operadores de servicios de valor añadido y empresas audiovisuales.

Un eventual retraso en el desarrollo de las infraestructuras del cable tendría unas graves consecuencias para una gran cantidad de agentes involucrados en este tipo de actividad.

Los usuarios en general, que verían como se retrasa incomprensiblemente su acceso a los modernos servicios de telecomunicaciones, entre los que cabe destacar la TV por cable de calidad y los nuevos servicios multimedia.

Los operadores de telecomunicación en general y titulares de servicios de telecomunicación que se soportan en la red telefónica, que habían previsto el lanzamiento (le muchas empresas de servicios sin verse obligados a construir unas infraestructuras costosas e innecesarias para facilitar el servicio.

Y los suministros de equipos y servicios, que habían planificado un amplio marco de posibilidades, al contar entre sus posibles clientes con Telefónica y todos los nuevos operadores de los modernos servicios de telecomunicaciones y multimedia.

En este contexto es sumamente urgente acelerarla tramitación del proyecto de ley de liberalización de las telecomunicaciones donde el legislador despeje las dudas e incertidumbres que han quedado abiertas con este auto y por la confusión creada por las declaraciones de "personas autorizadas" del sector. La definición de un marco claro y concreto, homologable internacionalmente y compatible con las exigencias de la Unión Europea es una tarea inaplazable que no admite ambigüedades ni dilaciones".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 21 de junio de 1996

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