El desfalco en la empresa de cobro de morosos provoca otros tres despidos
La crisis abierta la semana pasada en la Empresa Municipal de Recaudación (Eresa) al confesar el jefe de Administración, Enrique Arias Jiménez, que se había apropiado de 51 millones, le ha costado el puesto a tres empleados más por negligencia. Ya la semana pasada fue destituida la gerente de la empresa, Juana Morcillo. Pedro Bujidos, concejal de Hacienda y presidente de Eresa, descartó ayer en el consejo de administración asumir responsabilidades políticas, argumentando que no puede revisar personalmente las cuentas de todas las empresas. Bujidos notificó el desfalco al Tribunal de Cuentas y ha pedido explicaciones a la empresa que realizó una auditoría de Eresa en 1995 sin encontrar irregularidades en la contabilidad o en la tramitación de los pagos.
En el terreno penal, el Ayuntamiento se ha personado en la causa que tramita el Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid como acusación particular y solicita una fianza de 60 millones de pesetas.
El consejo de administración de Eresa se prolongó más de tres horas y tuvo momentos de tensión ante el malestar de la oposición por la urgencia con que el concejal de Hacienda, que no les había proporcionado información hasta la sesión de ayer, les pidió que respaldasen el cese de la gerente y el nombramiento de su sustituto.
Finalmente, PSOE e IU se abstuvieron en ese punto y apoyaron el despido del cajero y del jefe de Administración y Recursos Humanos. Se acordó también el traslado del jefe de Contabilidad, pero Bujidos no consiguió, en cambio, que respaldasen el nombramiento del nuevo gerente, Cándido Pérez Serrano, de 32 años, que salió elegido sólo con los votos del PP. PASA A LA PÁGINA 3
Balance mensual
20.000 morosos reciben órdenes de embargo del Ayuntamiento por 1.200 millones
Desde el primer momento, las actuaciones de la concejalía se han dirigido ha clarificar la cantidad real sustraída, ya que Enrique Arias reintegró sumas en diciembre de 1995 para cuadrar el balance. Las sustracciones se prolongaron posteriormente a lo largo de 1996. A finales de mayo, los números rojos de la caja de Eresa eran 26.540.777 pesetas. Según la carta remitida por el, Ayuntamiento a la empresa auditora Bores Loring, el desfalco se inició en febrero de 1995 con el cobro, por parte de Enrique Arias en el Banco Crédit Lyonnais, de un cheque por valor de 16.435.761 pesetas. Cheque que tenía que haber cobrado en realidad Correos por los servicios que presta a Eresa por la notificación a los madrileños de sus pagos pendientes con las arcas municipales. Posteriormente cobró otro cheque de 8.322.668 pesetas.
Tanto esos dos cheques como los ocho talones de caja que utilizó para las sucesivas sustracciones tenían que ir firmados, en anverso y reverso, por Enrique Arias y la gerente de Eresa, Juana Morcillo. Fue en este punto en el que se apoyóPedro Bujidos para justificar el relevo de Juana Morcillo.
"Firmó más de diez talones sin darse cuenta de lo que firmaba. Es una negligencia que me pone de morros", afirma el concejal. Los ceses de los otros dos empleados los argumentó en el hecho de que en ningún momento habían detectado las irregularidades. "La contabilidad de Eresa se ve muy rápida, y nos hemos encontrado cifras de descubierto escandalosas, cuando lo habitual es que haya un saldo favorable de 400.000 pesetas", afirma Bujidos.
Los miembros del consejo de administración se mostraron sorprendidos por que el desfalco se prolongara tanto tiempo sin ser detectado. Enrique Tierno Pérez-Relaño, concejal socialista, recordó a este respecto que en octubre de 1995 pidió que se presentaran "balance mensual de ingresos, gastos y cuenta de resultados al cierre del mes anterior".
El Ayuntamiento mantiene abierta aún la investigación para determinar si hubo una actuación incorrecta por el banco Crédit Lyonnais al abonar los talones a Enrique Arias. "Ponemos en tela de juicio si sus poderes para cobrar en nombre de Eresa estaban acreditados dentro del banco", manifiesta Bujidos.
Representantes de dicha entidad han transmitido al Ayuntamiento su preocupación ante la posibilidad de que se pueda pensar que estaban de acuerdo con el interesado. "Cosa que yo no creo", afirma el concejal de Hacienda.
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