Agregado autonónico

LA CREACIÓN de la figura del agregado para Asuntos Autonómicos en Bruselas viene a paliar algunas de las disfunciones creadas por el desarrollo paralelo del Estado de las autonomías y de la Unión Europea. Muchas decisiones que se toman en la UE-afectan a competencias de las comunidades autónomas. Casi todas éstas han abierto oficinas de representación en Bruselas para influir en las decisiones comunitarias. El Gobierno del PP y las comunidades han acordado ahora crear la figura de un agreado o consejero en la representación permanente -embajada- de España en la Unión Europea que se encargará principalmente de informar a las comunidades, autónomas de todos los temas de interés que se van tratando día a día en los distintos ámbitos de trabajo en la UE.Esta figura -que comenzará a actuar a partir del próximo mes de julio- estaba contemplada en el acuerdo de gobernabilidad entre el PP y Convergència i Unió. La antigua pretensión de que hubiera representantes autonómicos en la delegación española que asiste a los consejos de ministros de la UE ha que4ado olvidada ante los inmensos problemas -constitucionales y prácticos- que planteaba. No obstante, se ha confirmado el principio de que las autonomías que vean afectados sus intereses podrán participar en los comités de la Comisión Europea, siempre dentro de la delegación española. El sistema está aún por determinar, y requerirá imaginación y agilidad para satisfacer por igual las aspiraciones de las 17 comunidades autónomas sin convertir la delegación en un guirigay.

La lógica autonómica y la lógica comunitaria chocan a menudo. El Tratado de la Unión Europea -que instaura básicamente una unión de Estados- sólo atribuye a las entidades locales un papel consultivo a través del Comité de las Regiones. Cada país intenta solucionar el problema a su manera. La figura del agregado autonómico no resuelve estas contradicciones, pero puede ayudar a superarlas. La mejor salida es la búsqueda constante de consenso -en esa negociación permamente que es la vida comunitaria-, pues de otro modo la posicion española en Bruselas saldría debilitada.

De ahí que parezca razonable potenciar la Conferencia Sectorial para Asuntos Europeos, que reúne a la Administración central y las autonomías. Servirá de impulso político y horizontal para las diversas conferencias sectoriales. Con estos, elementos podrán las comunidades autónomas participar mejor en la definición de las posiciones del Gobierno español en la Unión Europea y en la aplicación de las decisiones comunitarias, sin quebrar la unidad de representación del Estado en el exterior. Pero abriendo la vía a la realidad, asimismo constitucional, de que las comunidades autónomas también son Estado