Arenas afirma que el Gobierno no quiere abaratar el despido, pero sí analizar sus causas objetivas

El ministro de Trabajo, Javier Arenas, aseguró ayer en el Parlamento que "el Gobierno no se plantea el abaratamiento de los costes del despido", y que reafirma su compromiso en ese sentido de la campaña electoral. Lo que sí considera conveniente Arenas es que, en el diálogo que van a abrir sobre el mercado de trabajo patronal y sindicatos, se incluya "un análisis sobre las causas del despido objetivo". Poco antes, el secretario general de CC OO, Antonio Gutiérrez, había pedido al Gobierno que "deje los juegos de palabras y aclare si va abordar una nueva reforma laboral".

El líder sindical arremetió duramente contra las medidas reactivadoras aprobadas por el Gobierno del PP el pasado viernes al calificarlas de "desatinadas injustas y arriesgadas". Gutiérrez, además, se sumó a las críticas del secretario general de UGT, Cándido Méndez, hacia el ministro de Trabajo quien había declarado que el despido en España es de los más caros de Europa.Los dos líderes sindicales se mostraron especialmente duros al criticar las palabras de Arenas sobre el alto coste del despido. Gutiérrez dijo que el ministro antes de hablar debiera documentarse porque en España el despido "es el más barato de los países industrializados". Lo que es caro, según Gutiérrez, es crear empleo "por la política de subvenciones que se dan a las empresas sin control posterior y que se traduce en una creación ínfima de puestos de trabajo". Por su parte, Méndez sugirió al ministro de Trabajo que se lea los papeles y "se entere de cual es el coste del despido en España que está por los suelos, a precio de saldo".

A tan sólo un día del comienzo del diálogo social las posiciones de los interlocutores parecen perfilarse. Gutiérrez dijo taxativamente que "si se aborda una reforma laboral nunca va a encontrar el consenso de este sindicato, sino respuestas contundentes".

Por su parte, el Instituto de la Empresa Familiar (IEF) propuso ayer la adopción de medidas que "doten de estabilidad" al mercado de trabajo y los contratos laborales, como complemento a las actuaciones puestas en marcha por el Gobierno. El IEF mostró su satisfacción por la rebaja fiscal a las empresas. Arenas reiteró, en el curso de una interpelación del diputado socialista José Antonio Griñán, el estado de cuentas de la Seguridad Social con un déficit en 1995 de 86.000 millones de pesetas y unas insuficiencias presupuestarias para 1996 en torno al medio billón, que se cubrirán con una reordenación presupuestaria y en último término con un préstamo. Además, el ministro anunció que el Consejo de Ministros de mañana aprobará un plan contra la morosidad en los pagos de la Seguridad Social.

Griñán, por su parte, recomendó a su sucesor al frente del Ministerio de Trabajo que no cree alarma en torno al sistema público de Seguridad Social porque su equilibrio financiero es "infinitamente superior a cualquier sistema europeo". El diputado socialista ofreció a Arenas el apoyo de su partido al desarrollo del Pacto de Toledo, siempre que se traduzcan "puntualmente las 15 recomendaciones" pactadas por los partidos políticos en abril de 1995. Asimismo le advirtió que el Gobierno del PP en ningún caso contará con el apoyo del PSOE si hace caso a las recomendaciones que ayer mismo planteaba el director de la Oficina Presupuestaria, José Barea: tener en cuenta toda la vida laboral para el cálculo de la pensión, necesidad de cotizar 40 años para tener derecho a la pensión máxima y jubilación a los 70 años de edad.

El IPC de los pensionistas

Por otra parte, Barea calificó ayer como "positivo" establecer un IPC para pensionistas ya que éstos tienen una cesta de la compra distinta al resto. La idea fue lanzada por el economista y consejero del Banco de España, Julio Segura, en unas jornadas sobre el mercado español de valores organizadas por FG-Merril Lynch. Segura propuso revisar el aumento de las pensiones de acuerdo con un IPC específico de los pensionistas y no tomando como base la tasa general, porque, señaló, los gastos de los jubilados en materias como la sanitaria son inferiores a los del resto de la población.