La CE planea estudiar medidas ilegales contra los países excluidos del euro

La Comisión Europea (CE) se comprometió ayer a estudiar medidas contra los países que queden excluidos del euro e incumplan los topes de déficit. El compromiso incluye el análisis de la eventual retirada de los fondos estructurales, una medida "completamente ilegal" a la luz del Tratado, según fuentes diplomáticas. Pero se trata de una cortina de humo tendida por el comisario de Asuntos Monetarios, Yves-Thibault de Silguy, "para colar de rondón" otra sanción, el pago de las subvenciones en moneda devaluada y no común, advierten fuentes de la propia Comisión.

De Silguy resucitó ayer el proyecto, semivencido hace dos semanas (ver EL PAÍS del 30 de mayo). Topó con la oposición de sus colegas españoles, Manuel Marín y Marcelino Oreja; portugués, Joao de Deus Pinheiro; y griego, Christos Papoutsis. Pero acabó sacando adelante el texto, que será una "comunicación" al Consejo Europeo de Florencia, los próximos días 21 y 22. El documento compromete al Ejecutivo a concluir, antes del verano, un estudio sobre la posibilidad de "vincular ciertos pagos del presupuesto comunitario a la evolución de los tipos de cambio reales, y de introducir una condicionalidad macroeconómica respecto a los pagos de los Fondos Estructurales". Ambas sanciones son para los países out -excluidos del pelotón de cabeza del euro- que incumplan el objetivo de déficit (3% del PIB).La primera significa que si una moneda excluida del euro se devalúa, la CE efectuará sus pagos al Estado afectado en la moneda de éste, en lugar de la común . La segunda, que les recortará los grandes fondos estructurales: el Fondo Social, el de Desarrollo Regional y el agrícola FEOGA, que suman la mitad del presupuesto común.

Esta última sanción es "completamente ilegal", indican fuentes diplomáticas expertas. El Tratado dispone en su artículo 130-A que el objetivo de estos fondos es "reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo". Para nada los vincula ni al saneamiento de las finanzas públicas ni a la convergencia nominal en que se basa el acceso a la moneda única. Ésa es la gran diferencia con el fondo de cohesión -del que disfrutan España, Portugal, Grecia e Irlanda-, condicionado en el Tratado al cumplimiento de la convergencia por los beneficiarios.

Peor aún. El propio Silguy reconoció, según consta en las actas de la Comisión, que la condicionalidad sólo afecta al fondo de cohesión. ¿Por qué incluye entonces a los estructurales? Porque "varios países miembros [lo] han pedido", según el texto. "Porque De Silguy es francés y se cree obligado a obedecer al ministro francés de Economía, Jean Arthuis", interpretan fuentes comunitarias.

Fuentes de la Comisión van más allá. "De Silguy utiliza el espantajo de los fondos, a sabiendas de que no se abrirá camino, como cortina de humo" para colar de rondón la otra, el pago de las subvenciones con moneda devaluada. El telón de fondo de esta polémica es el pavor de algunos Gobiernos, especialmente el francés, a las devaluaciones competitivas de los países que queden excluidos del curo.

[Por otra parte, la CE aprobó ayer que España alcanzó un déficit público del 5,8% del PIB en 1995, por lo que tiene asegurado el fondo de cohesión].