La reforma de la Ley del Cable legaliza las redes en explotación y las adjudicaciones municipales

El Gobierno del PP ha decidido reformar la Ley del Cable como parte de la política liberalizadora de las telecomunicaciones, pero sin volver del revés el mapa del cable que se ha ido conformando en los últimos años, en gran parte impulsado por el propio PP durante sus últimos meses de oposición y a pesar de que entonces estaba en contra de la vigente Ley del Cable.El decreto ley aprobado el pasado viernes reconoce el derecho de las redes de cable -en explotación o en proyecto- a optar a una concesión del Gobierno mediante un futuro concurso; acepta la validez de los adjudicaciones municipales ya decididas o en curso y prevé autorizaciones especiales, de diez años de duración -no renovables-, para que las empresas ya existentes que acudan al concurso y no obtengan concesión.

En su disposición transitoria primera, el decreto ley dispone que las empresas adjudicatarias en un concurso municipal y que no se encontraran en explotación comercial en diciembre pasado, deberán concursar obligatoriamente para lograr la concesión definitiva. Si no resultan adjudicatarias, tendrán derecho a una concesión especial de explotación de hasta 10 años. En la misma disposición transitoria se prevé un tratamiento similar para las redes de televisión por cable que ya se encuentran en explotación comercial.

Las medidas aprobadas por el Gobierno afectarán, al menos, a las 700 redes de televisión por cable que solicitaron en su día a la Dirección General de Telecomunicaciones una concesión provisional para continuar con sus operaciones. El total de esas redes sumaban 420.000 abonados a finales del pasado año, según datos del propio Ministerio de Fomento.

El decreto ley afectará también a los expedientes de impugnación abiertos por el antiguo Ministerio de Obras Públicas, contra los concursos y adjudicaciones realizados por decenas de ayuntamientos.