Contra secuestro, excomunión

Con la premisa de "a grandes males, grandes remedios", Luis Reynoso, obispo de Cuernavaca (Estado de Morelos, al sur del Distrito Federal), decretó el 23 de mayo ante el altar de la Virgen de Guadalupe la excomunión para todos los secuestradores del Estado, a los que auguró, además, el fuego eterno. Con los métodos a su alcance, el obispo intentaba poner fin a la plaga que sufre el otrora apacible Morelos, donde 60 personas han sido secuestradas en lo que va de año.La inseguridad no es exclusiva del Distrito Federal. En Morelos, como en Guerrero, son los secuestros. En Jalisco, y en los norteños Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Tamaulipas y Durango, los ajustes de cuentas entre traficantes de droga riegan de sangre cada día las principales ciudades.

Las autoridades de algunos Estados confiesan estar desbordadas. Mientras, México ocupa el primer lugar en la demanda de blindaje de automóviles en EE UU, los vigilantes privados florecen como hongos y el narcotráfico sigue creciendo aferrado a las estructuras institucionales.

El Gobierno ha decidido hacer frente a esta hidra de siete cabezas con unas iniciativas legales que han hecho poner el grito en el cielo a las organizaciones de derechos humanos y a algunos grupos de oposición. A la Ley de Seguridad Pública, que dio entrada al Ejército en la lucha contra el narcotráfico, ha seguido el proyecto de Ley Contra el Crimen Organizado, que autoriza el endurecimiento de las penas, la grabación de las conversaciones telefónicas, la reducción de la edad penal a los 16 años y la limitación de la libertad provisional. El proyecto dé ley, que será aprobado por el Congreso en los próximos meses, exigió la reforma de cuatro artículos de la Constitución: aquellos referidos al respeto a las garantías individuales.

"Reformas aberrantes"

"Nunca se vieron en la historia reformas tan aberrantes", afirma José Mauro González Luna, diputado de Foro Democrático, adscrito al centro izquierdista Partido de la Revolución Democrática. "El régimen de excepción contra el crimen organizado, si se acepta, debe tener como presupuesto la división de poderes. Pero estas reformas, en un país como el nuestro, se pueden prestar a enormes abusos. El poder judicial no tiene independencia. El ministerio público depende del Ejecutivo".Jesús Acosta, del Centro Miguel Agustín Pro, teme que la delincuencia organizada y el reclamo ciudadano de mayor protección se usen para "fortalecer la represión contra las organizaciones sociales". "Sospechamos que detrás de este clima de miedo hay planes de represión".

Estos sectores consideran que la raíz del problema es más profunda. "La desprotección", dice González Luna, "no es porque no existan leyes, sino porque hemos tenido durante años Gobiernos ineptos, destructores del tejido social. No se puede restaurar el derecho violando el derecho. La ley se aplicará cuando haya autoridades democráticas que sirvan a la gente".