Vacas bajo sospecha

LA SALUD de los ciudadanos ha de ser una preocupación principal de todo gobernante. En el caso de las vacas locas, este criterio debe predominar sobre todos los demás, por importantes que resulten los intereses económicos o políticos afectados. Por ello, resulta confuso el repentino cambio de la posición española respecto al embargo a las exportaciones de productos vacunos británicos. Hasta principios de esta semana, la ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, se mostraba inflexible, invocando las tesis sanitarias más estrictas para defender el embargo total a dichos productos. De repente, el lunes cambió de opinión. O no tenía razón antes o no la tiene ahora.Las nuevas medidas presentadas por Londres para el control y la erradicación de la encefalopatía espongiforme bovina (BSE) no parecen justificar el cambio en la posición española en Bruselas. Tanto Francia como Alemania las han considerado insuficientes. En todo caso, el giro español no se ha explicado con la necesaria claridad. Y esto crea la sospecha de que quizás esconda ciertos intercambios de favores que no suelen exponerse en público. O que resulta difícil a la titular de Agricultura reconocer un error, el de antes o el de después. En todo caso, rara vez ha ganado España en cuestiones europeas aliándose con Londres en contra de Bonn.

Bien es verdad que la ministra no cambió de actitud ante el conjunto del embargo, sino exclusivamente para tres derivados de carne vacuna, adelantándose a lo que la Comisión Europea iba a decidir por su cuenta. Y ayer en Madrid, ante su homólogo británico, la ministra mostró sus muy serias reservas ante las pretensiones británicas de que el Consejo Europeo de Florencia, el 21 y 22 de junio, apruebe un plan de erradicación de la enfermedad vacuna con un simultáneo levantamiento total del embargo.

Entretanto, siguen produciéndose muertes en el Reino Unido por la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, vinculada a las vacas locas. En temas de sanidad y consumo, ante la duda, más vale excederse en precaución que quedarse cortos. Los consumidores así lo han entendido. La alarma que disparó el propio Gobierno británico no sólo ha dañado a los intereses ganaderos británicos -eje de su agricultura-, sino también a los españoles, y en general al conjunto de Europa. El consumo de carne vacuna se ha reducido de forma notable.

¿Van a pagar los británicos por ello? No. Por el contrario, Londres agudiza la tensión con su política de "no cooperación", que está impidiendo a la Unión Europea tomar algunas decisiones importantes. Esta intolerable estrategia responde ante todo a una huida hacia adelante de un primer ministro, John Major, políticamente acosado en su partido y en el Parlamento, en Londres. Si fracasa en su línea de chantaje, parece decidido a prolongar indefinidamente la parálisis institucional de la UE. Si logra sus objetivos -y algo ya ha conseguido, aunque no parezca suficiente al Gobierno en Londres-, el espíritu del Tratado de Malastricht se habrá quebrado.

La credibilidad de una Comisión Europea que pide que las decisiones en esta materia vengan dictadas por la ciencia y no por la política resultará también dañada, especialmente cuando los británicos dicen no conformarse con nada que no sea un levantamiento total del embargo. En todo caso, Londres debe ser consciente de que tendrá que hacer muchos esfuerzos -más allá de giras diplomáticas por Europa- para convencer a los consumidores de que su carne vacuna no es un peligro.