Alemania extradita a un presunto colaborador del 'comando Barcelona'

Una resolución del Tribunal Federal Constitucional (BVG) de Karlsruhe, Ia decisión del Gobierno federal y una rápida maniobra combinada de las autoridades españolas y alemanas permitieron realizar ayer con premura la extradición a España de Benjamín Ramos Vega, acusado de colaboración con banda armada, concretamente con el comando Barcelona de ETA. El presunto colaborador de ETA llegó a las seis menos cuarto de la tarde al aeropuerto de Barajas, escoltado por dos policías españoles, en un vuelo regular de Iberia procedente de Berlín.

Desde el aeropuerto, fue conducido directamente a la cárcel de Carabanchel por orden del juez de la Audiencia Nacional Carlos Divar, que tiene dictada contra él orden de procesamiento. Ramos Vega, nacido el 22 de mayo de 1962 en Holguera (Cáceres) y criado en Barcelona, está acusado de alquilar un piso en la capital de Cataluña en mayo de 1993, que sirvió de refugio al comando Barcelona. Tras la detención del jefe del grupo, Felipe San Epifanio, Ramos Vega alquiló el coche en el que huyó con los otros tres miembros del comando.El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, declaró que en la cooperación internacional contra el terrorismo "lo importante, además de las palabras, son los hechos" y tras la extradición de Ramos Vega "nos encontramos ante una realidad concreta". La decisión de las autoridades alemanas, unida a otras adoptadas en Francia, según el ministro, "pone de manifiesto un avance significativo". La decisión de negar asilo político al presunto colaborador dé ETA, en prisión preventiva desde hace 16 meses, la adoptó el pasado 27 de diciembre el Tribunal Supremo de Berlín, que consideró conforme a derecho la extradición a España. El tribunal berlinés no admitió las objeciones de la defensa de que las saciones, judiciales en España se basaban en testimonios obtenidos bajo tortura y de que la salud de Ramos Vega corría peligro en las cárceles españolas, donde no estaba garantizado el tratamiento médico adecuado a su condición de portador del virus del sida.

Contra la resolución del tribunal berlinés los defensores acudieron al Tribunal Federal Constitucional, que se tomó varios meses para llegar a la conclusión publicada ayer, aunque ya se había acordado el pasado 29 de mayo. Por unanimidad, acordó que "no hay nada que objetar desde el punto de vista constitucional contra la extradición de un presunto terrorista de ETA a España".

También confirma la decisión del tribunal berlinés de que no existen datos que permitan suponer que. Ramos Vega, en caso de extradición, va a ser sometido a un trato denigrante ni aprecia que el trato penitenciario pueda conducir a un agravamiento de la enfermedad del extraditado.

Entre el tira y afloja judicial en Alemania se llevó a cabo un auténtico encaje de bolillos diplomático, para disipar las objeciones de la defensa de Ramos Vega sobre la práctica de torturas en España. El Gobierno español se negó a responder de forma directa a los requerimientos de los tribunales alemanes porque consideró que la mera aceptación de las preguntas suponía una acusación inadmisible.

Por vías indirectas, a través de informaciones y despachos diplomáticos de la representación alemana en Madrid, dirigidos al ministerio federal alemán de Justicia y por éste a los tribunales, se consiguió tejer la base que permitió a la justicia alemana acceder al fin a la extradición.

Para llevarla adelante, se recurrió también a una acción sorpresa. Se notificó la resolución del Tribunal Constitucional al Gobierno federal. Éste se apresuró el pasado martes a dar el preceptivo consentimiento a la extradición, que se realizó con toda rapidez, tras notificarlo en la noche del miércoles a la defensa de Ramos Vega.

La agrupación Socorro Rojo de Berlín, que ha desarrollado varias acciones de apoyo al detenido, difundió en Berlín un comunicado en el que da cuenta de la "acción relámpago" con que se realizó la extradición y afirma que ni siquiera su esposa "tuvo oportunidad de despedirse", del extraditado.

[El juez Manuel García-Castellón ha dictado una orden internacional de detención contra el etarra Rufino Arriaga Arruabarrena por haber indicios de que participó en el reciente atentado que costó la vida a un sargento del Ejército en Córdoba.]