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El fiscal imputa a Gabriel Cañellas por presunto cohecho en el 'caso Sóller'

El fiscal Juan Carrau del Tribunal Superior de Justicia de Baleares imputó ayer al ex presidente del Gobierno balear y del PP entre 1983 y 1995, Gabriel Cañellas, una presunta responsabilidad penal, relacionada con un delito de cohecho o prevaricación en la concesión del túnel de Sóller. Por este asunto, el conocido caso Sóller, Jose María Aznar forzó la dimisión de Cañellas de sus cargos en julio de 1995.

Cañellas, que sigue manejando la vida del gobierno y del PP balear será citado a declarar en calidad de imputado por el juez Juan López Gayá por el posible cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de la citada obra.Carrau solicitó ayer por escrito que también se cite como testigo al consejero en funciones, José Antonio Berastain, que fue mano derecha de Cañellas en el Gobierno balear y como secretario general del PP hasta julio de 1995. .

El caso Sóller estalló en junio de 1995 cuando siete cargos del PP, todos aforados por condición de diputados o consejeros regionales, aparecieron relacionados en un informe pericial de la policía y Hacienda como presuntos perceptores de comisiones o apoderados de cuentas en las que se distribuyeron 50 millones de pesetas. El dinero fue entregado por el concesionario de la mayor obra pública de Baleares, el túnel de Sóller.

Por otra parte, el golpe de mano contra la presidencia del Gobierno, balear, ejecutado el pasado martes por el ex mandatario Gabriel Cañellas, al frente de su grupo de parlamentarios adictos y arropado por las diferentes sectores del PP, se descandenó por razones económicas. La rebelión nació para evitar que el destituido Cristòfol Soler colocara en su nuevo gabinete a una persona de su confianza en Turismo, la independiente Ina Martínez, que no tiene carné del PP, según han reconocido diferentes dirigentes del partido que han intervenido en la la operacion.

Martínez iba a reemplazar al protegido político de Cañellas el consejero Juan Flaquer, abogado e hijo de un antiguo alto ejecutivo de la Banca March. El plan de ordenación de la oferta turística, que alberga las claves del diseño de los límites del negocio hotelero, inmobiliario y urbanístico, se convirtió en el caballo de batalla. Al conocer la maniobra diseñada contra su persona y la posterior caída de Soler, Martínez manifestó que "me avergüenzo, de pertenecer a esta comunidad ".

Los pocos políticos que apoyaron hasta el final a Soler no niegan el operativo que Cañellas desplegó y sus intentos fallidos de mediación. "Se frenó primero en el PP el estallido del tema del catalán", narró un testigo de la maniobra. "Tampoco hubo rebelión interna contra la avanzada normativa de incompatibilidades; se evitó la respuesta del grupo del PP a las directrices de ordenación del terrritorio pero este nombramiento de una consejera que es como si fuera del PSM (nacionalistas y socialistas de Mallorca) no se puede tolerar".

El ultimátum turístico de los fieles del destituido por Aznar fue la chispa que encendió la revuelta que se envolvía en un cúmulo de desacuerdos y discrepancias entre sectores influyentes del partido y la línea centrista y modernizadora de Cristófol Soler."Cristófol Soler contaba con el apoyo de la opinión públicada pero no atendía la opinión interna. Hacía política de laboratorio. No creyó que el grupo parlamentario. alentado por Cañellas y sus antiguos enemigos se atreviera a derrocarle mientras José María Aznar iniciaba sus 100 días de Gobierno en España" agregó la misma fuente del PP, que reclamó no ser identificada.

El mensaje que se trasladó a Soler desde el núcleo de rebeldes fue determinante: No se pueden tocar determinados consejeros antiguos fieles a Cañellas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 31 de mayo de 1996

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