La hidra

Hidra, monstruo mitológico de múltiples cabezas; cuando se corta una renace de nuevo; proteo multiforme; puede ser también una pesadilla. Así parece ser el GAL, acallado durante el veraneo político pero que resurge cuando parecía ya muerto, sin duda la peor herencia política que el PSOE deja al PP hasta el punto de que la vieja conspiración contra el Gobierno socialista podría parecer hoy conspiración a su favor. No es para menos. Veintisiete cadáveres pueden alimentar innumerables pesadillas alzándose en el camino de una racionalización del problema terrorista. "Un apaño para hoy y una grave hipoteca para mañana",; clarividente opinión emitida en 1984 por el general Cassinello, ex jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, acusado pocos días antes del encarcelamiento de otro general" Rodríguez Galindo, "provisionalmente responsable" de los delitos de detención ilegal, tortura y asesinato de Lasa y Zabala "probablemente siguiendo órdenes de sus superiores" (según declara el fiscal), tras trece años en que los hechos han permanecido, "deliberadamente ocultos". De modo que aquellos apaños no sólo hipotecaron el anterior Gobierno, sino que amenazan con paralizar al incipiente Gobierno del PP creando, profundas divisiones en su seno.Al margen de sus numerosas ramificaciones jurídicas, dos son al menos las actuales cabezas políticas de la hidra: el debate sobre la desclasificación de los papeles del Cesid y la solicitud de una comisión de investigación parlamentaria. Sin duda, y como ha señalado Álvarez Cascos, puede resultar chocante que el nuevo Gobierno desclasifique documentos clasificados por el Gobierno anterior. Cierto que el argumento se presta a ser exagerado, pues si así fuera jamás podría desclasificarse documento alguno. Pero es imprudente no atenderlo; pensar que una unidad de inteligencia puede trabajar bajo la atenta mirada de los tribunales es tanto como ordenar su cierre. El PP, desde la oposición, ha podido jugar con ese argumento; ahora sabe que no puede siquiera amagar con él. Por ello, si los tribunales tienen el deber jurídico de hacer cuanto está en su mano para obtener esos documentos, el Gobierno tiene también el deber político de hacer cuanto está en su mano para no entregarlos. No hay ahí contradicción alguna, pues para eso se dividió el poder, para que uno contrapese al otro.

La segunda cabeza de la hidra solicita la creación de una comisión parlamentaria de investigación sobre los GAL. La misma que el PP obtuvo, que más tarde decapitó y que ahora se niega a conceder. El poder obra maravillas aunque no siempre por buenas razones. Creo que éstas, sin embargo, lo son. Pues el tema de los GAL formó parte esencial del debate partidista del invierno pasado y por ello las eventuales responsabilidades políticas que pudieran existir se zanjaron en las elecciones del 3 de marzo. En democracia el máximo juez de esas responsabilidades es el electorado, y quienes hemos defendido la separación entre responsabilidad política y penal no podemos sostener ahora otra cosa. A salvo de hechos nuevos que pongan en entredicho la credibilidad de autoridades en activo, lo que sin duda no ha ocurrido, la lógica constitucional desaconseja constituir una comisión parlamentaria de investigación paralela a la actuación de la justicia y que controlaría, no al Gobierno actual, sino al pasado.

En sus declaraciones de 1984, Cassinello señalaba que el PSOE había entrado en el tema del terrorismo como un Miura. Aquel astado anda suelto y puede aún cornear en una y otra dirección. Y el Gobierno no lo tiene nada fácil sometido como está a una triple exigencia: ser consecuente consigo mismo, ser leal con el anterior Gobierno de la nación y ser leal con los españoles y la Constitución. De modo que, ni puede cerrar los ojos ni puede entrarle de frente al astado. La mejor línea política es probablemente dejar trabajar a los tribunales de justicia colaborando lealmente con ellos, pero consciente de que hay otros intereses legítimos además de los de la justicia. Es, qué duda cabe, una línea muy sinuosa.