El fiscal pide 42 años de cárcel para Conde por delitos de estafa, apropiación y falsedad

El fiscal Florentino Orti solicitó ayer al juez Manuel García-Castellón la apertura de juicio oral en el caso Banesto contra Mario Conde, Arturo Romaní y otros ex directivos y ex consejeros del banco. Pide el sobreseimiento de los ex administradores Ricardo Gómez-Acebo, César de la Mora y Vicente Figaredo. El fiscal acusa a Conde de haber cometido tres delitos de estafa, dos apropiaciones indebidas y un delito de falsedad, lo que, en aplicación del nuevo Código Penal, supone 36 años y seis meses de prisión, a los que se suman cinco años y ocho meses de multa. En total: 42 años y dos meses, 44 años según el antiguo código.Fondo de Garantía de Depósitos solicita una indemnización solidaria de 192.541 millones a ocho acusados.

Con los escritos de calificación entregados ayer, 17 partes acusadoras han solicitado la apertura del juicio oral en el caso Banesto. El más curioso escrito es el presentado por el financiero Jacques Hachuel, quien acusa a Mario Conde, Arturo Romaní y al actual presidente de Banesto, Alfredo Sáenz, de un delito de estafa en concurso con falsedad documental. El Fondo de Garantía de Depósitos pide un total de 54 años para Conde (43 y 2 meses, según el nuevo Código) y una multa solidaria a todos los acusados por valor de 192.541 millones de pesetas por el perjuicio causado al Fondo.El fiscal Orti, cuya calificación señala las penas para todos los acusados correspondientes a los códigos viejo y nuevo, ha tipificado ocho operaciones: retirada de caja de 300 millones (apropiación indebida); la operación cementeras (estafa); grupo Dorna, con las operaciones Centro Comercial Concha Espina y Oil Dor (delito continuado de estafa); opciones de venta de Carburos Metálicos (apropiación indebida); compraventa de locales (delito continuado de estafa); Isolux Wat (estafla); Promociones Hoteleras (estafa) y artificios contables-falsedades (delito continuado de falsedad). Orti solicita las siguientes indemnizaciones: 7.790 millones a Conde, 4.537 a Romaní, 2.181,5 a Pérez Escolar, 1.297 a Garro y 4.922 a Eugenio Martínez.

El escrito del fiscal atribuye a Conde tres delitos de estafa (operación cementeras, Isolux y Promociones Hoteleras), por los que pide, según el código viejo, siete años de prisión mayor para cada uno de ellos; un delito continuado apropiación indebida (300 millones) y otro de apropiación simple (1.344 millones de Carburos), por los que pide 7 años de prisión mayor para cada uno de ellos y un delito continuado de falsedad (artificios contables), con ocho años de prisión mayor. Esto da 44 años de prisión. De acuerdo con el código que entrará en vigencia el próximo jueves 23 de mayo, la cifra es de 36 años y seis meses de prisión más 5 años y ocho meses de multa, por lo que la pena queda en 42 años y 2 meses de prisión.

El fiscal acusa a Romaní de un delito de estafa simple (operación cementeras, para lo cual solicita, en base al viejo código penal, siete años; de un delito de estafa continuada (Doma), para lo que pide otros siete años; de apropiación indebida (Carburos), solicitando siete años, y de falsedad (artificios contables), para lo que solicita una pena de ocho años de prisión mayor. Según el nuevo código, son 23 años y seis meses de prisión, más cuatro años de multa.

El fiscal no acusa a Conde por los presuntos delitos cometidos en el grupo Doma, con las operaciones Concha Espina y Oil Dor (en esta operación propone como testigo al antiguo accionista y actual presidente de Argentaria, Francisco González), y se las imputa en cambio sólo a Romaní. Esto significa 7 años menos. Tampoco le imputa el delito de los locales y naves. Tanto el Fondo como las otras partes, sin embargo, acusan a Conde en los dos últimos casos.

Orti analiza minuciosamente los ocho puntos de la instrucción sumarial en la que demuestra que se ha podido comprobar cómo los dineros de Banesto terminaron en distintas actividades de los querellados. El seguimiento de los talones en la operación cementeras, según deja constancia, fue utilizado por Conde para fines personales (remodelación de su finca de los Carrizos, por ejemplo) o para la compra de la finca Los Melonares, de Romaní. También anota que de los fondos detraídos por Garro (1.900 millones), 100 millones fueron a una cuenta del BBV a nombre de una persona investigada en el sumario de los fondos reservados. Se refiere, sin nombrarlo, al testaferro de Luis Roldán.

El fiscal propone abrir una investigación sobre numerosas facturas. Los informes periciales indican que muchas de ellas son presuntamente falsas.