Una ley con poco dinero y mucho recorte

Las dificultades que encuentra la LOGSE no son exclusivas de las zonas rurales. En todo el territorio dependiente de la Administración central sólo el 62% de los alumnos que han de empezar la ESO el curso próximo podrán hacerlo en institutos que reúnen los requisitos -materiales y humanos- establecidos en la ley. Las razones son fundamentalmente económicas; los recortes del gasto público de los últimos años han afectado en gran medida a las previsiones de inversión en la reforma educativa. En muchos aspectos, la LOGSE vive una andadura muy similar a la de la última gran ley de ordenación del sistema educativo que la precedió la ley General de Educación de 1970, Ley Villar.La implantación anticipada del segundo ciclo de la ESO (los cursos superiores de esta etapa, que sustituyen a los dos primeros del B UP) se produce en paralelo, paradójicamente, con la provisionalidad con que va a empezar su secundaria ese 60% del alumnado del territorio dependiente de la Administración central. Curiosamente, el 70% de los institutos del hasta ayer mismo llamado territorio MEC estarán impartiendo anticipadamente el segundo cielo de la ESO el curso próximo.

Con esa anticipación (aplicada con un ritmo diferente por cada unas de las diversas administraciones y por el propio ministerio) el Gobierno saliente ha intentado paliar la negativa impresión que producían los sucesivos retrasos del calendario para la implantación general de la LOGSE. Agobiado por la crisis económica, trataba, así, de demostrar que creía en su reforma. Algo que constantemente han puesto en duda los partidos de la oposición - entre ellos el PP, enfrentado ahora a la responsabilidad de decidir cuánto dinero se destina a la Educación- cuando, Presupuesto tras Presupuesto, han venido afeándole a la Administración del PSOE el incumplimento sistemático de las previsiones de la Memoria Económica que acompañó al texto de la ley cuando fue aprobada por el Parlamento.

En realidad, en buen número de aspectos, hay un gran paralelismo entre la aún incipiente andadura de la LOGSE y. la de la precedente ley Villar. Ambas se proyectan y debaten en momentos de optimismo económico: en pleno desarrollismo la primera, y en el mejor momento económico de los 13 años de gobiernos socialistas la segunda. Ambas amplían en dos años la escolaridad obligatoria: desde los 12 hasta los 14 la primera y desde los 14 hasta los 16 la segunda. Es conveniente recordar que la mayoría de edad laboral comienza a los 16 años, por lo que, pese al innegable progreso que la ley Villar suponía sobre la situación anterior a 1970, subsistía un complicado desfase de dos años entre el final de la escolaridad obligatoria, los 14, y la mayoría de edad laboral, los 16. La superación de tal desfase es uno de los principales objetivos de la ampliación de la escolaridad obligatoria hasta los 16 que se propone la LOGSE y probablemente la única virtud que le reconocen sus detractores.

Ambas normas, por otra parte, se proponen una reforma estructural del sistema precedente: la ley Villar integra cuatro años del antiguo bachillerato elemental en la EGB, de nuevo cuño, y reconvierte el bachillerato superior de 2 años y el Preu en los tres cursos del bachillerato unificado polivalente (BUP) y uno del COU, en tanto que la LOGSE compendia en una nueva etapa, la de la educación secundaria obligatoria (ESO), los dos últimos cursos de la EGB y los dos primeros. del BUP, para culminar con un bachillerato de sólo dos años y cuatro modalidades.

En cuanto a los problemas, también ambas leyes han recorrido caminos paralelos. Porque tanto la ley Villar como la LOGSE se verán afectadas desde el principio por el virus de sendas crisis económicas: la primera, en su fase más aguda, en 1973, y la egunda, casi desde su aprobación, en octubre de 1990. Los promotores de la Ley del 70 ha bían anunciado una ley de financiación que no llegó a ver la luz; los de la LOGSE, por su parte, rehusaron las peticiones de la oposición para que también su reforma se acompañara de una ley de financiación que garantizara el cumplimento de sus objetivos frente a crisis coyunturales y la alternacia en el poder. El PSOE se limitó a acompañar el texto de su ley con la Memoria Económica cuyas previsiones de inversión se han incumplido sistemáticamente en las leyes de presupuestos sucesivas desde 1991 a 1994.

Con todo, tanto la LOGSE como la ley Villar han encontrado su principal enemigo dentro del propio sistema educativo, entre un amplio sector del profesorado de enseñanzas medias. El doble objetivo de ambas leyes de ampliar la escolaridad obligatoria y, al tiempo, intentar proporcionar una misma educación a la totalidad de la población, es visto como un intento estéril de realizar la vieja utopía de buscar la igualación social a partir de la escuela.

Ese doble objetivo fue condenado al fracaso por los críticos de la ley Villar prácticamente con el mismo argumento de los detractores de la LOGSE: el de que es inútil intentar ofrecer una educación pretendidamente igual a personas diferentes, y que las reformas en esa línea han llevado inexorablemente al deterioro de la calidad de la enseñanza, manifestada sobre todo en el descenso del nivel de sus contenidos.

Que esta crítica se haga, a veces, por profesores formados académicamente casi íntegramente dentro del sistema de la ley del 70, tan denostada en su día como la propia LOGSE ahora, es algo que subrayan intencionada y reiteradamente los defensores de la actual reforma en marcha.