Una ley dura que el PP ya no quiere cambiar

Los penalistas que han tenido ya tiempo de estudiarse el nuevo Código Penal coinciden en que se trata de una ley dura, que contrasta con las críticas a su supuesta blandura realizadas desde el PP durante su elaboración. El propio PP, hoy en el Gobierno, ha desistido de su voluntad de reformarlo, según su ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante.El catedrático de Derecho Penal Francisco Muñoz Conde describe los esfuerzos de los legisladores "por no sucumbir a las exigencias de los que pedían una mayor dureza en la represión penal", pero acaba considerando que el texto aprobado puede ser inconstitucional cuando, en los casos de penas elevadas, exige su cumplimiento efectivo, "sin que el máximo de 30 años de cárcel pueda reducirse con beneficios penitenciarios o la libertad condicional, lo que es dudosamente compatible con el derecho a la reinserción social que consagra la Constitución".

El que fue ponente del Código Penal por IU, Diego López Garrido, coincide con este planteamiento. Y uno de los ponentes socialistas, José María Mohedano, reconoce: "Se nos ha ido la mano y va a ser difícil que se cumpla en esos casos la función constitucional de la reinserción social del delincuente".

Hipercriminalización

Mohedano critica además la "hipercriminalización" de conductas, "no suficientemente justificada, como en el caso del nuevo delito publicitario, entre otros". Mohedano coincide con Muñoz Conde en la "expansión excesiva" del Derecho Penal moderno hacia ámbitos administrativos -medio ambiente, urbanismo- y mercantiles -delitos societarios-, en los que el penalista no es experto y contra el criterio de Von Liszt: "La mejor política criminal es una buena política social".Desde otra perspectiva, la criminóloga Elena Larrauri analiza las medidas de suspensión y sustitución de las penas privativas de libertad en el nuevo Código Penal y llega a la conclusión de que es posible "que entren menos personas a las cárceles, pero estarán más tiempo".

Por su parte, Remei Bona, juez de vigilancia penitenciaria, asegura que el nuevo Código Penal "implica un mayor endurecimiento de condiciones", ya que se aumentan las penas para los delitos contra el patrimonio y la salud pública -por los que está condenada la mayoría de la población reclusa-, y se suprime la redención de penas por el trabajo. Esta juez no oculta que con su eliminación la Administración penitenciaria pierde "un formidable medio de control" y carece de incentivos para unos internos sin horizonte.