Roldán entrega a Garzón una carpeta con cartas inéditas sobre los GAL y la guerra sucia

El ex director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, entregó ayer al juez Baltasar Garzón una carpeta con cartas, documentos - informes originales, oficiales e inéditos, sobre las tramas de los GAL, alguno de los cuales implica al ex ministro del Interior José Luis Corcuera, según informaron fuentes de la Audiencia Nacional. La entrega de estos documentos del ex alto cargo, preso en la cárcel de Brieva (Ávila), se produjo en el marco del caso Oñederra, en el que figuran como imputados, entre otros, los generales Enrique Rodríguez Galindo, Andrés Cassinello y José Antonio Sáenz de Santa María.

Roldán declaró por cuarta vez en calidad de imputado en el caso Oñederra, aunque ésta es la primera vez que aporta documentos para avalar sus afirmaciones. El ex director de la Guardia Civil, como la vez anterior, se autoinculpó de hechos delictivos relacionados con la guerra sucia, aunque nunca de haber ordenado, dirigido o participado en asesinatos o atentados contra personas. Las autoinculpaciones se refieren siempre a delitos menores, corno omisión del deber de denunciar a la Justicia delitos de los que tuviera conocimiento.Los documentos aportados son poco más de una docena, oficiales y firmados por Roldán o por las personas que se los enviaron. Concretamente hay algunas notas o informes que él hizo o mandó hacer, presumiblente para informar a sus superiores. Fuentes que conocen los escritos afirmaron que alguno de ellos implica al ex ministro Corcuera en un presunto delito de encubrimiento de personas que participaron en la guerra sucia.

Otras fuentes destacaron que podría tener que ver con el pago de dos millones de pesetas, con cargo a los fondos reservados, al entonces cabo de la Guardia Civil Felipe Bayo Leal, para que recibiera asistencia psiquiátrica en la clínica López lbor. De confirmarse este hecho, Corcuera podría ser acusado de un delito de malversación de caudales.

Precisamente ayer declararon ante Garzón el general Luis Pérez Navas y el teniente coronel Manuel Fuentes Cabrera en relación con ese asunto. Ambos ratificaron que en 1993 se pagaron a Bayo, a través del letrado Jorge Argote, dos millones de pesetas para hacer frente a los gastos de asistencia psiquiátrica. Como ambos militares ratificaron la versión ofrecida por Roldán, no fueron necesarios careos.

Otros documentos revelan cómo funcionaban las tramas de los GAL en lo que se refiere a las acciones del llamado Gal verde, las que realizaron efectivos de la Guardia Civil.

Los documentos no se refieren a nuevos asesinatos, aunque, al decir de quienes los conocen, de ellos se derivan nuevas implicaciones en delitos ya conocidos. Los documentos no tienen ninguna relación con los incautados en su celda al coronel Juan Alberto Perote, ex número dos del Cesid, ni siquiera con los hechos que en ellos se narran.

Aunque fuentes de la Audiencia afirmaron que al menos uno de los papeles se refiere al seguimiento a etarras en el sur de Francia, previsiblemente de los que posteriormente fueron asesinados, otras fuentes negaron este hecho y destacaron que los documentos no se refieren ni a seguimientos ni a escuchas.

Los abogados de Roldán precisaron que los documentos entregados "son originales que están relacionados con los hechos que se investigan". En el caso Oñederra se investiga el asesinato del etarra Ramón Oñederra, Kattu, ocurrido el 19 de diciembre de 1983 en Bayona; las muertes de los también etarras Vicente Perurena, Peru, y Ángel Gurmindo, Stein, que se perpetraron en Hendaya el 8 de febrero de 1984; así como el atentado que costó la vida del ciudadano francés Christian Olaskoaga y heridas graves a su hermano Claude, el 18 de noviembre de 1984, en Biriatou (Francia).

Imputados

En este sumario figuran como imputados, además de los tres generales citados, los ex guardias civiles Enrique Dorado Villalobos y Felipe Bayo; el ex número dos del Cesid, coronel Juan Alberto Perote; el propio Luis Roldán; el teniente del instituto armado Pedro Gómez Nieto, ex jefe de los Pata negra [grupo de guardias de la máxima confianza de Roldán], y el ultraderechista Juan de Dios Rubio.El auto de Garzón sobre la imputación de los generales anticipaba la próxima inculpación de Corcuera, del ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera, y el abogado vinculado a Interior Jorge Argote.

Roldán denunció recientemente que Corcuera dirigió desde Interior una red de envío de paquetes bomba a simpatizantes de ETA. También acusó a Vera y Argote de haberle pedido que crease un grupo para quitar de en medio a Dorado y Bayo, que conocían datos comprometerores de la guerra sucia. Argote también le pidió que intercediese para la concesión a Dorado de una pensión a la que legalmente no tenía derecho.

Los letrados Agustín Guardia y José Luis Rodríguez, defensores de Roldán, aseguraron que su cliente ya ha aportado toda la documentación que iba a presentar. Lo único que queda, según los abogados, es la declaración ante el juez Eduardo Móner para que el ex director general testifique lo que sabe del caso GAL. Roldán ya declaró como testigo en ese sumario y ratificó el paso de Segundo Marey por el puesto fronterizo de Dantzarinea (Navarra) la noche del 4 de diciembre de 1983, cuando fue secuestrado.