El nuevo director de la Guardia Civil mantendrá como asesor al general Galindo

El general Enrique Rodríguez Galindo, imputado en el caso Oñederra por el juez Baltasar Garzón, seguirá como asesor del nuevo director general de la Guardia Civil, Santiago López Valdivielso, según fuentes de Interior. El PP ha descubierto tras llegar al Gobierno que, en contra de lo que anunció el vicepresidente Francisco Álvarez Cascos el pasado día 7, el ex jefe del cuartel de Intxaurrondo no cesó en su destino al hacerlo el anterior director de la Guardia Civil, el socialista Ferran Cardenal, sino que ha sido heredado por su sucesor, quien lo mantendrá en el puesto.

Rodríguez Galindo, en su condición de funcionario, no ha cesado con el cargo político al que asesoraba, sino que sigue adscrito al nuevo director general de la Guardia Civil, Santiago López Valdivielso, según las fuentes consultadas.La intención de los responsables de Interior es mantenerle en su actual destino hasta que concluyan los sumarios sobre la guerra sucia en los que aparece presuntamente implicado.

La decisión de Garzón de declararle imputado en el caso Oñederra, el primer asesinato reivindicado por los GAL, junto a los también generales José Antonio Sáenz de Santa María y Andrés Cassinello, ya en la reserva, no afecta en absoluto a su cometido, agregaron las mismas fuentes, ya que ni siquiera existe contra ellos auto de procesamiento o acusación formal.

Margarita Robles no firmó

Las confusión que tenía el PP sobre la verdadera situación administrativa del antiguo jefe del cuartel de Intxaurrondo (San Sebastián) se debió a las anomalías que rodearon su adscripción a la Dirección General de la Guardia Civil.El nombramiento de Rodríguez Galindo como asesor de Ferran Cardenal no se publicó en el boletín oficial del cuerpo, como es preceptivo, ni fue firmado tampoco por la entonces secretaria de Estado de Interior, Margarita Robles, sino por el subsecretario de Justicia e Interior, Luis Herrero Juan.

Estas anomalías, que reflejan las tensiones existentes en la anterior cúpula del departamento, no afectan a la legalidad del nombramiento, según las fuentes consultadas. La publicación de los destinos militares tiene por objeto permitir que sean conocidos, y eventualmente recurridos, por personas que se consideren con más méritos para ocuparlos, lo que no es el caso en los puestos de libre designación.

El coronel Rodríguez Galindo fue ascendido a general de brigada por el Consejo de Ministros del pasado 4 de agosto, en medio de una fuerte polémica política. Las dudas sobre su destino se despejaron el 3 de octubre, cuando el entonces director general de la Guardia Civil, Ferran Cardenal, anunció que sería nombrado asesor suyo, aprovechando una vacante en su gabinete.

Aunque Cardenal no reveló sobre qué materias le asesoraría Rodríguez Galindo, sugirió que se trataba de la lucha antiterrorista, al contestar: "Naturalmente, sobre los asuntos de los que él sabe". Sin embargo, la incorporación del general a su nuevo puesto se demoró hasta el 13 de diciembre, ya que no acababa de firmarse la correspondiente orden.

El hecho de que Galindo no haya cesado con el anterior jefe del instituto armado facilita la tarea de los nuevos responsables de Interior, que no se ven obligados a buscarle un destino bajo la presión de las investigaciones judiciales.

El pasado día 8, tras la toma de posesión de López Valdivielso, el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, fue preguntado en la Dirección General de la Guardia Civil por el futuro profesional del antiguo mando del cuartel de Inuaurrondo. "Dejemos trabajar a los jueces", contestó, "políticamente, no tenemos nada que decir, ni ninguna decisión que tomar".

Al día siguiente, en el País Vasco, Mayor Oreja dio un paso más al advertir que nadie debía esperar del nuevo Gobierno "decisiones traumáticas" respecto a los presuntos implicados en el caso GAL.

La imputación de Rodríguez Galindo en el caso Oñederra se deriva de las declaraciones del ex director de la Guardia Civil Luis Roldán y del ex jefe de la Agrupación Operativa del Cesid Juan Alberto Perote, así como de otras personas cuya identidad se mantiene secreta en aplicación de la Ley de Protección de Testigos.