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Asunción declarará en el juicio por rigor innecesario en una cárcel de Sevilla

Luis Barbero

La Audiencia de Sevilla ha citado a declarar a Antoni Asunción, ex secretario general de Asuntos Penitenciarios y ex ministro de Interior, en el juicio a cinco altos cargos de Instituciones Penitenciarías acusados de actuar con rigor innecesario, en 1991, con 12 presos peligrosos que estaban confinados en la cárcel de Sevilla II. El Tribunal Supremo archivó en noviembre del año pasado la causa abierta por este asunto contra el propio Antoni Asunción, al no encontrar indicio de delito en su actuación.

La primera jornada del juicio a los cinco cargos de prisiones procesados -Gerardo Mínguez, subdirector general de la Inspección Penitenciaria en 1991; Rafael Fernández Cubero, director de Sevilla II y Antonio de Diego, Isidro Colón y Jorge Castejón, subdirectores de este centro penitenciariso- estuvo dedicada a resolver cuestiones previas planteadas por las partes.La sección primera de la Audiencia dictó al mediodía un auto en el que desestimó todos los argumentos esgrimidos por las defensas, que pedían la suspensión del juicio al entender que se habían vulnerado derechos fundamentales de sus patrocinados. Así, se señala que el auto de apertura de juicio oral ordenado por la juez instructora, y que había sido calificado de "estereotipado" por las defensas, cumple "escrupulosamente" la doctrina del Constitucional, ya que contiene de forma clara la imputación que se formula contra cada acusado.

El tribunal también rechazó la tesis de las defensas de que el asunto debía ser juzgado por un tribunal de Madrid al basarse la acusación de prevaricación en una circular que fue ordenada en la capital, La sección primera recuerda que la ley establece "una clara norma de atribución de competencia territorial en favor del tribunal del territorio donde se haya cometido el delito que esté señalado con pena mayor", en este caso, el de falsedad, por el que uno de los procesados se enfrenta a siete años de prisión.

El tribunal rechazó la afirmación de las defensas de que los escritos de acusación de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y la de uno de los presos afectados por las medidas restrictivas en prisión fuesen presentados fuera de plazo.

Hoy está previsto que declaren los acusados, aunque fuentes del caso señalaron que es probable que los cuatro jefes de la prisión de Sevilla II no lo hagan. En este caso, sólo declararía Gerardo Mínguez. Ayer las partes renunciaron a más de 40 testigos, de los 174 que estaban citados a declarar en la vista oral.

Los hechos que se juzgan se remontan al verano de 1991, cuando 12 presos peligrosos que habían participado en un motín en la prisión del Puerto de Santa María fueron trasladados a Sevilla II. Allí, basándose en instrucciones más o menos específicas de Asuntos Penitenciarios que nadie admite haber firmado, se les aplicó varias medidas restrictivas. Entre otras, se les prohibió salir al patio; no se les permitío cortarse el pelo ni las uñas durante tres meses; se les intervino la correspondencia y alguno de ellos estuvo esposado entre cuatro y siete días.

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Sobre la firma

Luis Barbero
Es subdirector de Actualidad de EL PAÍS, donde ha desarrollado toda su carrera profesional. Ha sido delegado en Andalucía, corresponsal en Miami, redactor jefe de Edición y ha tenido puestos de responsabilidad en distintas secciones del periódico.

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