La Unión Europea no logra un pacto para liberalizar el 25% del mercado energético

Los Quince no lograron ayer un acuerdo para liberalizar una cuarta parte del mercado eléctrico europeo. La presidencia italiana presentó una propuesta de compromiso de mínimos que contaba con el apoyo de Francia (apoyada por Bélgica, Grecia y Austria), pero de la que se distanció Alemania (junto a Suecia, Finlandia, Holanda y el Reino Unido). España está por una liberalización pequeña, pero no quiere enfrentarse a Alemania. Votará con la mayoría. Los Quince acordaron tomar una decisión definitiva en un consejo extraordinario en junio.

El eje franco-alemán lleva años bloqueando la posibilidad de un acuerdo en esta materia. Francia se opone a una liberalización demasiado amplia y Alemania negó su apoyo a una propuesta que a su juicio se queda demasiado corta. Hubo acuerdo en las propuestas, pero no en los umbrales y calendarios propuestos. En junio se votará de forma definitiva, por mayoría cualificada. La propuesta que se negoció ayer se limitaba a propugnar la apertura del 25% del mercado eléctrico: sólo las empresas con un consumo superior a 40 gigawatios / hora (un millón de watios por hora) podrían adquirir energía libremente en el mercado europeo y no sólo a la distribuidora de su país como ocurre hasta ahora. Eso dejaría fuera de la liberalización a la inmensa mayoría de las empresas españolas, ya que sólo unas 158 (básicamente químicas y siderúrgicas) alcanzan consumos superiores a los 40 gigawatios / hora.

Aunque este cuadro de liberalización del suministro eléctrico no beneficiaría ni al consumidor particular ni a las pequeñas y medianas empresas, podría suponer un importante recorte de costes de producción en algunos sectores. El mercado eléctrico supone en Europa un consumo de 150.000 millones de dólares al año (en torno a 19 billones de pesetas) y en sectores como el químico la energía supone el 50% de los costes de producción.

El objetivo es que las empresas puedan adquirir suministro energético en el país que más les convenga. Esa es la filosofía que defienden el Reino Unido y Alemania. Francia se opone porque quiere mantener la estructura de servicio público que representa Eléctricité de France (EFD), suministrador único. El acuerdo ofrecido por Italia salva ese escollo al permitir que cada país decida si mantiene o no el distribuidor único. Si lo mantiene, las empresas de esos países podrán adquirir electricidad en otro país pero siempre a través de la red de ese distribuidor único, que tendrá derecho a percibir un canon por el transporte. El pago de ese canon y las pérdidas de potencia durante el transporte hacen pensar que la compra de electricidad a suministradores situados a gran distancia supondrá un encarecimiento del producto que en buena parte anulará las ventajas comparativas de un mercado liberalizado.