La cesión del IRPF a las autonomías exigirá cambiar la ley de financiación

, El acuerdo entre el PP y CiU sobre el nuevo modelo de financiación autonómica deja varias incógnitas en el aire, aunque constituye "un punto de partida para una verdadera negociación" según varios expertos consultados. Lo que sí queda claro es que se deberá modificar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) porque no permite la cesión de varios impuestos, entre ellos el de la renta. Para ello, el PP necesitará mayoría absoluta. Aunque CiU cuenta con que no se pondrán límites a la financiación percibida por la recaudación del IRPF, el acuerdo hecho público estos días no lo especifica.

"Este filete está muy crudo". Carlos Monasterio, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo, resume con esta frase otras opiniones recogidas entre varios expertos sobre el acuerdo de financiación autonómica suscrito entre el PP y CiU a finales de la pasada semana. Monasterio es, junto con José Víctor Sevilla, Francisco Pérez García y Joaquim Solé Vilanova, uno de los autores del libro blanco sobre financiación autonómica en el que se ha inspirado el PP para su propuesta de un IRPF compartido.Monasterio aplaude el paso que se da en favor de la corresponsabilidad fiscal pero entiende que queda por definir "el complemento necesario de la solidaridad". Este aspecto no se garantiza "sólo con el IRPF", en opinión de este catedrático, y sí con la totalidad de la propuesta de su grupo de expertos que planteaba compartir también el IVA y los impuestos especiales. Estos dos impuestos gravan el consumo y aquí las desigualdes entre las distintas autonomías son inferiores a las que se producen en los niveles de renta.

Varios expertos consultados coinciden también con Monasterio en que el nuevo modelo exigirá modificar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, que como tal, necesita mayoría absoluta en el Parlamento para su aprobación; es decir, 176 diputados. El PP cuenta con ellos tras los pactos con CiU, PNV y Coalición Canaria si se mantienen los acuerdos para esta votación. La tradición en el Parlamento español es que las leyes orgánicas se aprueban con un amplio consenso, lo cual pasaría por obtener el respaldo del PSOE.

Solidaridad

Como explica Ignacio Ezquiaga, de Consultores de las Administraciones Públicas, el artículo que se debe modificar de la LOFCA es el 11.2, según el cual "no podrán ser objeto de cesión los siguientes impuestos estatales: sobre la renta global de las personas físicas, sobre el beneficio de las sociedades Sí que que permite, en cambio, la cesión del impuesto sobre el patrimonio neto, sobre transmisiones patrimoniales y sobre sucesiones y donaciones, entre otros.La Ley de Tributos Cedidos, que desarrolla la LOFCA, impide, sin embargo, a las autonomías tener capacidad normativa sobre estos tres impuestos, lo que obligaría también a reformar ,esta norma, tras el acuerdo PP-CiU. También debería cambiar la Ley del IRPF, pues es la que establece todo el marco del impuesto, si bien las tarifas y las deducciones se pueden modificar en la Ley de Presupuestos.

Además de estas normas, el acuerdo reforma todo el sistema de financiación autonómica y, por tanto, debe pasar por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. En él están presentes los ministros de Economía y Hacienda y de Administraciones "Públicas y los consejeros de Hacienda de las 17 autonomías. Además de tener la mayoría en los Gobiernos autonómicos, el PP cuenta ahora con los votos de la Administración central, cuyo peso es la mitad del Consejo. Sin embargo, el PP quiere que esta reforma sea respaldada, no sólo por los suyos, sino también por las cuatro comunidades gobernadas por el PSOE: Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Navarra.

Una cuestión pendiente para este consejo, que se convocará probablemente después del verano, es si el tramo autonómico del IRPF operará o no con topes. Ignacio Ezquiaga señala que "éste es un aspecto vital, porque es el que determinará el juego de la solidaridad del nuevo sistema".

Fuentes del PP señalan que está claro que no habrá topes en el actual 15% del IRPF en cuota y que, cuando todas las autonomías pasen a gestionar el 30% en base, los topes pierden su sentido. "La solidaridad", explica uno de los negociadores del acuerdo, "la establece el Estado a través de la nivelación de servicios y las inversiones públicas".

El tramo autonómico del IRPF queda "desvinculado", pero si se produce un aumento de recaudación en las autonomías ricas, "el Estado también obtendrá más ingresos en paralelo y podrá hacer más y mejor esa política de equilibrio territorial", añaden las mismas fuentes.

Alberto Recarte, economista ligado al PP, pone una cautela al nuevo sistema: "Si las autonomías tienen mayor capacidad de gasto, las competencias de la Administración central deben disminuir en paralelo". El catedrático de Economía Roberto Centeno es más radical: "Si no hubiera esas duplicidades, tendríamos dos billones de pesetas menos de déficit público, estaríamos en la moneda única desde el principio y no estaría amenazado el Estado de bienestar".