500 ocupantes irregulares de pisos sociales se apuntan a la 'amnistía'

Alrededor de medio millar de ocupantes irregulares de pisos sociales han solicitado legalizar su situación en la segunda fase de la amnistía decretada por el Gobierno regional. Todos ellos viven en pisos del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), de la Comunidad en los barrios de Fuencarral A, Villaverde Cruce, Alto del Arenal (Puente de Vallecas), UVA de Hortaleza, unidad vecinal cuatro de Entrevías (Puente de Vallecas), Ventilla (Tetuán), Antonio Nebrija (Alcalá de Henares), Tejar y Puente de Capuchinos (Fuencarral-El Pardo), Juan Tornero (Latina), Hermanos García Noblejas, primera fase (San Blas), y Cornisa de Orcasitas (Usera).

En seis meses, a partir del pasado 9 de abril, la Comunidad de Madrid deberá dar una respuesta a todos estos peticionarios que desean regularizar su situación. Casi la mitad de estas 500 peticiones proceden de la primera fase de la zona de Hermanos García Noblejas, en el distrito de San Blas, el que más situaciones anómalas tiene de toda la comunidad.

El gobierno regional decretó en marzo de 1995 la citada amnistía para regularizar la situación de unos 15.000 usuarios (cifras estimativas) que habitan pisos del Ivima sin derecho a hacerlo (compras fraudulentas, subrogaciones bajo cuerda ... ). El proceso se va realizando por zonas. Comenzó en el verano del 95 con un primer ensayo en 11 barrios: Fuencarral B, Comillas (Carabanchel), Canillas (Hortaleza), La Viña (Puente de Vallecas), Virgen del Pilar, fase 11 (Chamartín), Usera y Tercio del Terol (Carabanchel). En principio eran vecindarios con pocos casos irregulares. Por eso se comenzó por ellos. En total se recibieron 274 solicitudes, la mitad, de ellas de la localidad de Alcalá de Henares.

Requisitos

Para acceder a esta amnistía es imprescindible utilizar la vivienda como morada habitual desde antes del 1 de junio de 1994 y no poseer otro piso en la Comunidad de Madrid. Las familias deben tener ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional. Pero a esta cantidad se le aplican una serie de correciones que amplían su techo. Eso significa que también puede legalizar su situación una familia con ingresos brutos anuales de seis millones de pesetas si está formada por seis miembros, con tres trabajando, y una estancia de 11 años en el piso.La mayor parte de las regularizaciones se realizarán en régimen de alquiler. Pero como es previsible que la mayor parte de estos bloques, la mayoría del extinto régimen de acceso diferido a la propiedad, se acaben vendiendo a sus arrendatarios, también los ilegales regularizados podrán comprar su vivienda. Eso sí, la pagarán más cara que los alquilados legales. El Instituto de la Vivienda de Madrid gestiona 90.000 viviendas en la región, la mitad de ellas heredadas del franquismo.