Acuerdo de investidura y gobernabilidad

"El Partido Popular y Convergència i Unió, atendiendo a la conveniencia de sumar la capacidad de trabajar al servicio de los ciudadanos que les otorga la respectiva representación de la voluntad popular que ambas formaciones recibieron en las elecciones generales celebradas el pasado 3 de marzo de 1996, suscriben el presente acuerdo de investidura y gobernabilidad, que tiene como objeto dar respaldo parlamentario a la investidura del candidato del Partido Popular a la presidencia del Gobierno, y que persigue los siguientes objetivos:1. La acción del Gobierno de España tendrá como punto de referencia la modernización en profundidad del Estado y de sus instituciones políticas y administrativas, adaptándolas a las nuevas exigencias que plantea la democracia parlamentaria, mejorando la calidad de vida, profundizando en la consolidación de su estructura autonómica e impulsando la construcción política, económica y social de la Unión Europea.

2. El Gobierno tendrá como objetivo prioritario la creación de empleo estable a través de la aplicación de una política económica de apoyo a la economía productiva, capaz de mejorar el nivel de competitividad de la economía española, y para garantizar un crecimiento sostenido que permita la mejora de las rentas y el bienestar de los ciudadanos. A estos fines, el Gobierno impulsará el diálogo entre los interlocutores sociales.

3. El Gobierno aplicará una política económica dirigida al cumplimiento de los criterios de convergencia que permitan la incorporación de España en la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria. En este sentido, se priorizará el desarrollo de una política presupuestaria que garantice la reducción progresiva del déficit público, así como la aplicación de políticas de desregulación y liberalización de la economía, que garanticen la contención de la inflación y con ello la reducción de los tipos de interés.

4. La actuación del Gobierno se inspirará en los principios de austeridad, eficacia y transparencia en la gestión de los recursos públicos y promoverá las reformas estructurales con el propósito de garantizar una más óptima utilización de los mismos sin que ello afecte el nivel de prestación de los servicios públicos a la sociedad.

5. El Gobierno asumirá como principio inspirador de su acción política la solidaridad. A tal fin, propiciará una política económica y social que garantice el mantenimiento y la mejora de las prestaciones del Estado de bienestar como principal instrumento de redistribución y cohesión social.

6. El Gobierno, en el proceso de modernización del Estado, fortalecerá la vertebración social, territorial, e institucional de España. Un esfuerzo esencial de esta legislatura será el desarrollo y consolidación del Estado de las autonomías, lo que requerirá la puesta en funcionamiento de un nuevo sistema de financiación autonómica, completar los traspasos correspondientes y garantizar el correcto funcionamiento e interrelación de las instituciones del Estado y de las diferentes Administraciones públicas.

7. El Gobierno favorecerá la autonomía y el desarrollo de la sociedad civil e impulsará una concepción de la actividad política transparente, al servicio de los ciudadanos.

8. El Gobierno y los grupos parlamentarios del PP y CiU procurarán llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas representadas en las Cortes Generales a fin de dar respuesta ampliamente mayoritaria a los principales problemas de la sociedad española y singularmente a las políticas de Estado, tales como el desarrollo e independencia de las instituciones, la política exterior, la seguridad y defensa, la política europea, la lucha contra el terrorismo, la mejora del Estado de bienestar, así como la política autonómica y la consolidación del Estado de las autonomías.

REFORMA DEL MODELO DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

9. Garantizar la autonomía financiera de las comunidades autónomas exige la definición y puesta en marcha de un nuevo modelo de financiación autonómica para el próximo quinquenio 1997-2001. Este nuevo modelo de financiación deberá descansar en los principios, de suficiencia financiera, corresponsabilidad fiscal y garantía de la solidaridad entre las diferentes nacionalidades y regiones. Flor ello, los principales retos a que deberá dar respuesta la reforma del modelo de financiación de las comunidades autónomas serán la autonomía financiera y la solidaridad.La reforma del modelo de financiación autonómica debe enmarcarse dentro del necesario pacto de austeridad entre las diferentes Administraciones públicas. Desde esta perspectiva, la coordinación presupuestaria y financiera entre la Hacienda del Estado y las comunidades autónomas con el fin de garantizar el efectivo cumplimiento de los compromisos de reducción de los niveles de déficit público y endeudamiento acordados en el Tratado de la Unión Europea. resulta imprescindible.

De acuerdo con lo anterior, el PP y CiU asumen los siguientes compromisos en materia de financiación autonómica:

PRIMERO. Impulsar y aprobar un nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas para el quinquenio 1997-2001. Este nuevo sistema, para el que se buscará el consenso entre la Hacienda central y las comunidades autónomas, tendrá como objetivos prioritarios garantizar:

-La autonomía financiera de, las comunidades autónomas que dispondrán de una más amplia capacidad para definir y autorregular la composición de sus ingresos a través de la corresponsabilidad fiscal.

-La solidaridad entre las diferentes nacionalidades y regiones. Esta solidaridad se materializará en la igualación de los servicios esenciales a todos los ciudadanos, cualquiera que sea su lugar de residencia, valorando las diferencias de coste en la prestación de servicios y el diferente grado de desarrollo.

SEGUNDO. Introducir la corresponsabilidad fiscal en el nuevo modelo de financiación. La corresponsabilidad fiscal tendrá como objetivo mejorar la suficiencia financiera del sistema, la correspondencia entre generación y empleo de recursos financieros y la contención del gasto público. Este sistema se articulará tomando como base las siguientes premisas:

-El principal mecanismo de corresponsabilidad fiscal del nuevo modelo de financiación consistirá en participar en la regulación y gestión del impuesto sobre la renta de las personas físicas.

-En todo caso, la capacidad de las comunidades autónomas para definir y autorregular la composición y el nivel de sus ingresos deberá cumplir con los principios de simplificación, coordinación y armonización del sistema impositivo en el conjunto del Estado, así como de colaboración económica entre los distintos niveles de Hacienda.

TERCERO. De acuerdo con lo anterior, en PP y CiU, dentro del nuevo modelo de financiación autonómica, se comprometen a atribuir a las comunidades, autónomas una participación en el impuesto sobre la renta de las personas físicas correspondiente a los residentes en sus respectivos territorios del 30% que se fijará en función de su nivel competencial y del volumen de recursos.

En el momento en que todas las comunidades autónomas adquieran competencias en materia de educación, se impulsará que la participación del 30% se instrumente, en su totalidad, compartiendo el impuesto sobre la renta de las personas físicas que pasará a constituir un tributo compartido. Esta configuración del impuesto, que exigirá la distribución de su capacidad recaudatoria y de su progresividad entre la Hacienda central y las comunidades autónomas, se instrumentará mediante:

-La reducción del actual impuesto sobre la renta de las personas físicas con el objetivo de atribuir a las comunidades autónomas una parte de la capacidad recaudatoria y la correspondiente progresividad del impuesto.

-El establecimiento de una tarifa autonómica así como de deducciones independientes de las correspondientes a la Hacienda central.

Las comunidades autónomas, para hacer efectiva su participación en la regulación, gestión y recaudación del impuesto sobre la renta de las personas físicas, dispondrán de los siguientes mecanismos:

Capacidad normativa

Las comunidades autónomas podrán establecer y regular dentro de su territorio sin perjuicio de la normativa del impuesto de general aplicación en todo el Estado:

-La tarifa autonómica del impuesto sobre la renta de las personas físicas. La competencia normativa de las comunidades autónomas afectará al mínimo exento, número de tramos y tipos aplicables en esta tarifa.

-Las deduciones autonómicas que las comunidades autónomas acuerden aplicar en la cuota del impuesto correspondiente a la tarifa autonómica.

Participación en la AEAT

Las comunidades autónomas participarán en la dirección de la AEAT en el ámbito de su respectivo territorio, con relación al impuesto sobre la renta con el objetivo de contribuir a la mejora y perfeccionamiento de las tareas de, gestión, inspección y recaudación del impuesto.

Participación en los pagos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

La autonomía financiera y la suficiencia del sistema de financiación exigen atribuir a las comunidades autónomas una participación en las retenciones, pagos fraccionados e ingresos a cuenta del impuesto. Esta participación se instrumentará estableciendo un sistema de anticipos a cuenta de la liquidación correspondiente que operará con carácter automático.

CUARTO. El PP y CiU plantearán como punto de partida para el nuevo acuerdo los niveles de financiación adquiridos por las comunidades autónomas.

QUINTO. El PP y CiU se comprometen a promover e impulsar la atribución a las comunidades autónomas de capacidad normativa en los tributos cedidos. Esta atribución de capacidad normativa, que tendrá como objetivo reforzar el grado de corresponsabilidad del sistema, permitirá a las comunidades autónomas modificar y regular, con los límites que se acuerden, la normativa correspondiente a los tributos que se indican a continuación:

-Impuesto sobre el patrimonio.

-Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

-Impuesto sobre sucesiones y donaciones.

-Juego.

SEXTO. El PP y CiU se comprometen a estudiar y revisar en su caso los costes reales de las transferencias de instituciones penitenciarias y del desarrollo del modelo policial ya acordado.

SANIDAD

10. 1. El PP respetará los precedentes establecidos entre el Gobierno central y las comunidades autónomas respecto a los pacientes desplazados a partir del último año en que dicho compromiso se haya materializado. La evaluación de los pacientes desplazados se incrementará a partir del año 1997 al ritmo del resto de la financiación sanitaria (PIB-nominal).2. El PP acepta el compromiso del Gobierno central, ya deliberado en Consejo de Ministros, respecto a la financiación sanitaria de 1994 de las comunidades autónomas con competencia transferida. Al Gobierno de Catalunya le corresponde el 15,99%.

3. Los anteriores compromisos tienen carácter parcial, por lo que, una vez formado el nuevo Gobierno, se estudiará la revisión definitiva de la financiación sanitaria, atendiendo a la insuficiencia de recursos y a las actuaciones de racionalización que se adopten.

ACUERDOS ESPECÍFICOS

1 1. 11.1. Reforma de la Administración periférica del EstadoEl Partido Popular se compromete a que se remita a las Cortes Generales, en un plazo de tres meses un proyecto de ley de reforma de la Administración General del Estado que contendrá la adaptación de la actual administración periférica a las exigencias del Estado autonómico. Dicho proyecto de ley recogerá los planteamientos expresados en la propuesta de Administración única para elimina posibles duplicidades y conseguí una mayor calidad de los servicio prestados por la Administración a los ciudadanos.

De manera especial esta simplificación de la administración periférica del Estado ha de significa la sustitución de la figura de los gobernadores civiles que se convertirán en subdelegados provinciales del delegado general del Gobierno, bajo su inmediata dependencia, y que procederá a su nombramiento de entre funcionarios de carrera.

11.2. Policía autonómica

El Partido Popular y Convergència i Unió acuerdan desarrollar el modelo policial catalán sobre la base de los acuerdos adoptados en la anterior legislatura en el seno de la Junta de Seguridad de Catalunya creada por el estatuto. Se procederá a modificar la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la medida en que ello resulte necesario.

11.3. Tráfico

El Partido Popular manifiesta su voluntad política de avanzar en el estudio y la negociación correspondientes para que la Generalitat de Catalunya asuma las competencias en materia de tráfico, en el contexto de las decisiones a adoptar para desarrollar el modelo policial catalán.

11.4. Trabajo, empleo y formación

El PP y CiU manifiestan su voluntad de dotar de contenido las previsiones estatutarias que afectan a materias que, sin perjuicio de otros traspasos pendientes, se consideran prioritarias en el ámbito de: trabajo, empleo y formación, y en el marco de la conveniencia de implantar en Cataluña la Administración única en cuanto a las mencionadas materias.

Conscientes de la importancia de estas materias y de la necesidad de cooperación de los agentes sociales, para su mejor desarrollo, en los ámbitos estatales y autonómicos, manifiestan su, intención de continuar la participación de los mismos en los procesos de concertación y diálogo social.

En consecuencia, el PP se compromete al traspaso a la Generalitat de Catalunya de las funciones que, a título enumerativo, se relacionan. seguidamente, con inclusión de los correspondientes recursos humanos, materiales y financieros.

I. Empleo-INEM

1. Intermediación en el mercado de trabajo. Incluye la totalidad de los servicios de colocación del INEM (oficinas de empleo, registros de contratos, autorización de las agencias de colocación en Cataluña, etcétera).

2. Las políticas activas de empleo. Incluyen: los programas de escuela-taller y casas de oficios, servicios de cualificación y orientación profesional, los servicios integrados para el empleo (SIPE), ADL, ILE, medidas de apoyo a las iniciativas empresariales y planes de ocupación, etcétera.

Estos traspasos se llevarán a cabo en base a la configuración del sistema de empleo en su conjunto, de tal manera que las actuaciones de gestión que comprende el traspaso queden enmarcadas no sólo en el ámbito de un régimen jurídico único, sino que el propio servicio se organice en forma que garantice un sistema coordinado de gestión en el conjunto del territorio con la necesaria adecuación al Servicio Europeo de Empleo (EURES).

II. Formación ocupacional

1. Se actualizará 61 Programa de Formación Profesional vigente y se modificará la composición del Consejo General de la Formación Profesional, garantizando la presencia activa de la Generalitat de Catalunya en el mismo, con los siguientes objetivos:

a) Participación y cooperación de la Generalitat de Catalunya en el diseño de las políticas generales que actualicen el Programa de Formación Profesional.

b) La Generalitat de Catalunya podrá regular dentro de su territorio las características, específicas de la formación ocupacional en el marco del Programa de Formación Profesional a nivel estatal.

Todo ello sin perjuicio de mantener el objetivo de la plena integración de los sistemas educativos y formativos en los métodos y normativa europeos, que implican la transparencia y correspondencia de titulaciones entre los Estados miembros de la Unión Europea.

2. Se traspasarán los centros nacionales del INEM en Cataluña (sitos en Sant Feliu de Llobregat y Hospitalet de Llobregat) sin perjuicio de que sigan desarrollando sus funciones a nivel estatal.

III. Fondo Social Europeo-Unidad Administradora

La Generalitat de Catalunya participará en las funciones de la Unidad Administradora de acuerdo con los criterios acordados sobre la materia por la Unión Europea, en base a los grupos de trabajo de la Conferencia Sectorial.

IV. Instituto Social de la Marina (ISM)

Se transferirán a la Generalitat de Catalunya los centros y servicios correspondientes a la gestión de las prestaciones sanitarias y de servicios sociales integrados actualmente en el ISM.

11.5. Puertos

El PP se compromete, en el plazo de seis meses, a la presentación de un proyecto de ley que reforme la actual regulación en esta materia y que se basará en una nueva concepción del significado de la autonomía de los puertos de interés general. La elaboración de este proyecto se basará en los siguientes criterios.

1. El Estado se reserva la legislación de los puertos cuya titularidad posea.

2. Se transferirá la gestión de los puertos de interés general a la correspondiente comunidad autónoma.

3. Permanencia de un Fondo de Financiación y Solidaridad estatal, que será modificado, evitando una aplicación del mismo que dificulte la libre competencia entre puertos.

4. Disminución del Fondo de Contribución manteniendo un organismo mínimo de coordinación y distribución del Fondo entre todos los puertos de interés general. Dicho organismo estará integrado por un representante de cada puerto y su presidente será nombrado por el Gobierno.

5. Libertad tarifaria para cada puerto.

6. Las comunidades autónomas designarán al presidente de las autoridades portuarias y regularán la composición de los consejos de administración, garantizando la presencia en los mismos de las administraciones local, autonómica y central, de las cámaras de comercio, industria y navegación, de las organizaciones empresariales y sindicales y de los sectores económicos fundamentales relacionados con el tráfico portuario. Los consejos de administración nombrarán a los directores técnicos de los puertos.

11.6. Costas

El PP se compromete, en el plazo de un año, a la presentación de un proyecto de ley de reforma de la Ley de Costas, que establezca la reordenación de la actual distribución competencial regulada en la Ley estatal, con la finalidad de permitir una mayor participación de las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias estatutarias de protección del medio ambiente y de ordenación del territorio y del litoral.

11.7. Suelo

El PP se compromete a la presentación de un proyecto de ley de modificación de la legislación vigente en materia del suelo.

En lo que concierne a los aspectos competenciales se tendrá en cuenta lo que disponga el Tribunal Constitucional una vez dicte sentencia sobre los recursos planteados en ese ámbito. La nueva ley deberá tener un grado suficiente de flexibilidad que permita su adaptación a las especifidades de cada comunidad autónoma.

La reforma de la Ley del Suelo debe ser una de las reformas estructurales básicas para el proceso de liberalización y modernización de la economía española y debe potenciar la creación de suelo urbano agilizando los trámites administrativos correspondientes.

11.8. Unión Europea

El PP se compromete a que:

1. En el plazo máximo de tres meses, desde la constitución del Gobierno, se convocará la Conferencia Sectorial para Asuntos Europeos para proceder a la aprobación del correspondiente reglamento que, en todo caso, debe significar una intensificación de los trabajos de dicha conferencia.

2. El rango de dicha Conferencia Sectorial será similar a la del Consejo de Política Fiscal y Financiera previsto en la LOFCA.

3. Se reforzarán los mecanismos de articulación del procedimiento de consulta previa en todas aquellas materias propias del ámbito competencial de las comunidades autónomas. Debe garantizarse la intervención efectiva de las comunidades autónomas, en la fase de formación de la voluntad comunitaria, interviniendo en la definición de la posición del Gobierno español en la Unión Europea.

4. Se creará la figura de un "agregado" dentro de la REPER con competencia exclusiva para relacionarse con las oficinas de las comunidades autónomas en Bruselas y para la canalización de la información hacia las comunidades autónomas.

5. Se articulará la presencia de representantes autonómicos en las delegaciones españolas ante los comités y grupos de trabajo en el seno de la comisión, cuando se trate de materias de interés especifico o singular para las correspondientes comunidades autónomas.

11.9 Servicio militar

El objetivo en el ámbito de la Defensa es conseguir unas fuerzas armadas que otorguen al Estado en el contexto de la Alianza Atlántica y de la Unión Europea una auténtica capacidad disuasoria y, llegado el caso, la posibilidad de defenderse frente a una agresión. Las fuerzas armadas que España necesita deben ser flexibles, polivalentes, móviles, óperativas y eficaces. En este planteamiento se enmarca el proceso de adaptación del servicio militar a estas exigencias de seguridad que se traduce, necesariamente, en una profesionalización progresiva hasta completar un modelo de fuerzas armadas totalmente profesional.

El actual modelo mixto se transformaría así gradualmente en uno profesional que ya no exigiría la prestación del servicio militar obligatorio.

A tal efecto, PP y CiU acuerdan proponer la creación de una ponencia en el seno de la Comisión de Defensa para que, en un plazo no superior a un año, establezca la fórmula y plazos para conseguir la supresión del servicio militar obligatorio teniendo muy presentes las razones económicas y presupuestarias que lleva aparejada esta medida. En este proceso de modernización de las fuerzas armadas, similar al emprendido en otros países de la Unión Europea, se intentará buscar el máximo apoyo parlamentario posible. El plazo de la consecución de este modelo profesional será el del año 2001, siempre y cuando lo permitan las necesidades presupuestarias y las exigencias de la Defensa.

11.10. Peaje de las autopistas

Ante la actual situación generada por la existencia en el territorio de autovías libres de peaje y autopistas de peaje cuya utilización, además, está gravada por un IVA del 16%, con la carga económica que ello supone para sus usuarios habituales, el PP se compromete a reformar el actual régimen impositivo a través de la aplicación del tipo reducido del 7%.

Convergència i Unió se compromete en el presente acuerdo a otorgar su voto favorable a la investidura de don José María Aznar y a garantizar la gobernabilidad y la estabilidad parlamentaria para el cumplimiento de los objetivos y prioridades contenidos en el presente acuerdo".