PP asegura que la alianza con Pujol da una estabilidad de cuatro años al Gobierno de Aznar

José María Aznar ha entablado con Jordi Pujol una alianza. El pacto aprobado ayer por el PP y CiU no se reduce a un acuerdo para aumentar la financiación de las comunidades, sino que entraña una voluntad de colaboración para afrontar los desafíos más importantes en la Unión Europea. Para Aznar, se trata de un "hito histórico". "Será un Gobierno, estable para la modernización de España", dijo anoche al llegar a Barcelona para cenar con Jordi Pujol. Ese es el sentido que los populares confían ver reflejado en sus relaciones con los nacionalistas y el que también realzó Rodrigo Rato, jefe de la delegación negociadora del PP. Pero saben que CiU vigilará el cumplimiento del acuerdo. Las reticencias aún no han desaparecido.

La cúpula del PP rezumaba ayer satisfacción por haber conseguido el primer "pacto de gobernabilidad" entre el partido del centro-derecha y la principal fuerza nacionalista de Cataluña. Tras 57 días de conversaciones, quedaba garantizada la investidura de Aznar. El debate parlamentario será convocado por el presidente del Congreso, Federico Trillo, para el viernes y el sábado. La Mesa del Congreso se reunirá mañana. El PP se ha ocupado de que el domingo pueda salir una edición especial del BOE con el nombramiento de Aznar, lo que le permitiría jurar ese día ante el Rey.

Tranquilidad ciudadana

A su llegada anoche a Barcelona, en donde selló el pacto con Pujol, Aznar estaba feliz. "Los españoles han de estar muy tranquilos, porque vamos a tener un Gobierno estable que contará con suficientes apoyos parlamentarios", dijo en el aeropuerto.El próximo jefe del Ejecutivo llegó a Barcelona a las 20.45, acompañado de su esposa, Ana Botella, de los negociadores del PP Rodrigo Rato y Mariano Rajoy, y del director de Comunicación del partido, Miguel Angel Rodríguez. "Los acuerdos con CiU serán extraordinariamente útiles para la modernización de España y los intereses de todos los españoles", dijo Aznar.

Por la mañana, en Madrid, Rodrigo Rato, vicesecretario general del PP y próximo responsable económico del primer Gobierno de Aznar, había presentado el texto del acuerdo arropado por los presidentes de las 10 comunidades gobernadas por el PP, con la excepción de Manuel Fraga, que estuvo representado por el conselleiro José Cuiña.

Momentos antes, la comisión permanente había rubricado con un aplauso la aceptación del pacto alcanzado. Todos los dirigentes del PP comparecieron trajeados, sonrientes y satisfechos.

Rato subrayó los aspectos en que el acuerdo del PP con CiU mejora el que alcanzaron González y Pujol en 1993: "Ofrecimos tras las elecciones un marco de negociación por escrito, hemos mantenido una negociación transparente y presentamos hoy a los ciudadanos un documento público con el pacto aprobado con CiU". Lo cual constituye para Rato un símbolo del inicio de una nueva etapa en España.

El vicesecretario general del PP quiso dejar claro que no se trata de un pacto restringido a la investidura ni de un acuerdo con caducidad anual, sino de un compromiso para "garantizar la gobernabilidad y la estabilidad parlamentaria" para cumplir los objetivos fijados. Lo que ocurre es que algunos de esos objetivos han quedado redactados de forma más detallada que otros, y algunos enunciados genéricos requerirán concreción.

A diferencia, del documento suscrito con Coalición Canaria -Aznar y Pujol no han plasmado su rúbrica ni comparecido en una ceremonia protocolaria-, el texto aprobado ayer va encabezado por una declaración de intenciones. En ella, el futuro Gobierno asume como punto de referencia la "modernización en profundidad" del Estado y sus instituciones, establece como objetivo prioritario la creación de empleo, se adapta a las exigencias para entrar en la Unión Económica y Monetaria, y se compromete a ser austero y a garantizar el mantenimiento y mejora del Estado de bienestar. Populares y nacionalistas prometen llegar a acuerdos con otros grupos para que la respuesta a los problemas sea mayoritaria.

Plazos fijados

El documento aprobado incluye cinco acuerdos con un plazo tasado para su ejecución: envío a las Cortes antes de tres meses de un proyecto de ley de Reforma de la Administración General del Estado que, entre otras cosas, permitirá la supresión de los gobernadores civiles; convocatoria, también antes de tres meses, de la Conferencia Sectorial para Asuntos Europeos; presentación en seis meses de un proyecto de ley que permita el traspaso de la gestión de los puertos a las comunidades; y en un año deberán quedar terminados los trabajos de la ponencia parlamentaria que estudiará la supresión del servicio militar, prevista para el 2001, y deberá entrar en las Cortes la reforma de la Ley de Costas.Rato distribuyó junto al documento del pacto tres gráficos con la evolución del coste de la financiación autonómica, en los que se señala que el aumento del sistema vigente respecto del aplicado entre 1986 y 1991 ha sido de unos 780.000 millones.

Una indicación con la que presumiblemente quería preparar el camino para el día en que detalle el aumento que supondrá la implantación del nuevo sistema. Un cálculo pendiente de realizar, a la espera de las decisiones técnicas que tome el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Rato ironizó al decir que aportaba esos datos porque el Gobierno quiere irse "sin dar explicaciones"; bromeó con que el Partido Popular se siente satisfecho de cumplir, en su pacto con CiU, propuestas incluidas en el programa del PSOE, y fustigó al líder socialista: "La mejor noticia para el déficit es que González no va a gobernar". Y se marchó encantado. A Barcelona.