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El alcalde declara la guerra a la proliferación de bares de copas

Aumenta la presión municipal a la proliferación de los locales de copas. El pleno aprobó ayer crear un tribunal del ruido para examinar a los nuevos locales y extender la protección ambiental -que restringe la instalación de bares- a prácticamente todo el distrito de Chamberí. Además, Chamartín y Vicálvaro han solicitado que algunas zonas de sus distritos se declaren próximamente como ambientalmente protegidas. La ordenanza que rige esas zonas es muy dura para quienes pretendan abrir un nuevo bar (incluye hasta la obligación de disponer de plazas de aparcamiento para los clientes).En Chamberí no se abrió ni un sólo local nocturno en Trafalgar y Gaztambide desde que se declararon zonas protegidas en 1990 y sólo se permitieron cuatro bares de horario diurno, según explica la anterior, responsable de ese distrito, Mercedes de la Merced. Desde ayer, el área protegida abarca casi todo el distrito.

Sin embargo, esa medida no ha logrado mejorar el sueño de los vecinos del barrio de las Letras (también declarada de protección ambiental). La concejal de Centro, María Antonia Suárez, explica que aun en el caso de que los locales cumplan los requisitos exigidos, cuando hay muchos juntos no hay manera de evitar ruidos a los vecinos.

Para tratar de poner coto a las zonas de copas, el pleno aprobó ayer crear una comisión especial para controlar la proliferación de bares. Aún no tiene nombre porque el PSOE considera demasiado rimbombante el de Comisión Técnica de Calificación Ambiental que había propuesto el PP.

Por ese filtro deberán pasar todas las solicitudes de licencia para locales de más de 150 metros cuadrados, que disten menos de 100 metros de un negocio similar, que funcione de noche o que tenga aforo mayor de 100 personas. Con esa medida y la declaración de zona protegida la concejal de Vicálvaro, Carmen Torralba, pretende limitar el Vicálvaro Rock que sufren los vecinos del casco histórico de ese distrito los fines de semana. "En un sólo portal hay hasta cuatro locales, y no puedo negar las licencias si cumplen las ordenanzas", dice Torralba, que conoce la cuestión de primera mano porque vive en pleno corazón del problema.

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Otros ruidos

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Pero la guerra frente al ruido callejero en la que coinciden los tres grupos políticos no se aplicó ayer en el pleno. Un par de intervenciones motivaron algún que otro grito, a los que se sumaron los de las tres manifestaciones en la plaza de la Villa. La presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Contratación, Ruth Porta, se indignó por lo que ella considera la intención del PP de eliminar en la práctica ese órgano de control.Porta solicitaba que la documentación necesaria para vigilar los contratos se remitiese en 10 días como máximo y una comisión especial para adecuar el actual reglamento. El PP contestó que se pediría un informe técnico a la secretaría general para determinar la. conveniencia del cambio. Y eso pudo con la paciencia de Porta. "No es de recibo que utilicen a los técnicos de parapeto para algo que es de voluntad política", dijo, "tienen que aprender a distinguir lo que es administración de lo que es gobierno". Y el alcalde también se enfadó. "Como alcalde y como funcionario, no admito lecciones".

En los pasillos los concejales hacían bromas sobre la despedida de algunos de los miembros del PP. Previsiblemente el de ayer habrá sido el último pleno de los que pasarán al Gobierno estatal cuando José María Aznar sea investido presidente. La primera teniente de alcalde, Esperanza Aguirre, a quien se tiene por candidata al Ministerio de Medio Ambiente, el concejal de Economía, Fernando López Amor, y el de Bomberos, Carlos López Collado, son tres de los nombres que posiblemente se darán de baja en la lista del alcalde.

Con menos bromas los ediles comentaron el intento de venta de una pistola por parte de un policía municipal que había robado el arma a un compañero. El agente fue detenido en el poblado chabolista de La Celsa. Como trasfondo del incidente aparece la falta de armeros (lugar donde se guardan las armas) en 10 de las 25 unidades de la Policía Municipal, que afecta aproximadamente a la mitad de la plantilla (unos 2.500 de un total de 5.500).

El concejal de Seguridad y Circulación, José Ignacio Echeverría, no se extrañó al conocer el dato, suministrado por el socialista Eugenio- Morales. "La falta de presupuesto durante estos años conlleva que en algunas unidades haya incluso goteras", dice. A falta de armeros, los policías dejan sus pistolas en las taquillas (donde el robo es más fácil).

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