El presidente rechaza el Ejército profesional

El acuerdo entre el Partido Popular y CiU sobre la profesionalización del ejército en un plazo de seis años no le agrada al presidente del Gobierno en funciones, Felipe González. A su juicio, es una aventura arriesgada que no comparte por razones políticas y económicas. En esta línea, afirmó que está más cerca del modelo de ejército que propone Alemania, que mantiene el servicio militar obligatorio, que el propugnado por Francia, tendente a la profesionalización total en un plazo que termina en el año 2000.Las objeciones económicas que pone González, en cuanto al elevado coste que supondría tener un ejército profesional, son compartidas básicamente por todo su partido.

La otra razón que el líder socialista defiende desde siempre ha empezado a tener fugas en la organización socialista entre algunos dirigentes que han cambiado con los años de opinión. González siempre ha afirmado que el servicio militar obligatorio iguala a todos los ciudadanos, en tanto que la profesionafización puede llevar consigo que sólo se acerquen al ejército los jóvenes procedentes de los sectores más desfavorecidos de la sociedad.

Poco a poco, los socialistas han variado ligeramente su posición, aunque no han llegado nunca más lejos de postular "una progresiva profesionalización", pero manteniendo siempre el carácter mixto. Es decir, profesionales y servicio militar obligatorio.

El Estado en las provincias

En el marco de las objeciones generales que pone González a lo que se conoce del acuerdo entre nacionalistas y conservadores entra también la eventual supresión de la figura del gobernador civil. Se basa en un principio general: alguna presencia de la Administración central tiene que haber en las provincias.Durante la legislatura que terminó en enero de 1996 y la anterior, los grupos nacionalistas han defendido la supresión de esta figura en el Parlamento una y otra vez, normalmente cada seis meses.

Las iniciativas correspondían a CiU y al PNV. En el programa electoral del PSOE figura la sustitución de los gobernadores por unos subdelegados en dependencia de los delegados, con lo que aparentemente el único cambio sería el del nombre.

Un criterio parecido respecto a la presencia de la Administración central se mantiene con la gestión de puertos y aeropuertos. En el caso de los primeros, el presidente aprueba que haya un gestor autonómico, siempre que la competencia la mantenga la Administración central.