O Estado de bienestar o autonomías

En la campaña electoral que hemos vivido y en todo lo que está sucediendo con posterioridad, ningún partido ni medio de comunicación ha planteado explícitamente a la opinión pública lo que probablemente es el dilema económico más importante que tiene ante sí este país. Y digo el más importante porque es el que más directamente y en forma más inmediata afecta al bienestar de una mayoría de ciudadanos. Las consecuencias, por ejemplo, de alcanzar o no a su tiempo las condiciones de convergencia europea es también un problema económico esencial, pero que afectará a la vida de los ciudadanos más a medio y largo plazo.El dilema económico al que me refiero es éste: el Estado de bienestar y el Estado de las autonomías en su forma actual son incompatibles, el uno excluye al otro. Si se opta por el Estado de las autonomías tal como se han desarrollado y gestionado hasta ahora, el costo adicional que supone respecto a otras formas de organización del Estado hace imposible el mantenimiento del Estado de bienestar a mucho más corto plazo de lo que ocurriría en otras circunstancias: así de simple y así de claro.

Para demostrar esta afirmación hagamos matemáticas: del total que el Estado prevé recaudar a lo largo del presente ejercicio, unos 23 billones de pesetas, el mantenimiento del Estado de bienestar costará alrededor de 17 billones (13,4 billones que costarán las pensiones, la sanidad y la cobertura del desempleo, 3,1 billones de pesetas que costará la enseñanza y 0,5 billones que supondrá la protección a la familia). Los intereses de nuestra faraónica deuda, que es una obligación de pago ineludible, supondrán este año alrededor de 3,4 billones, lo cual deja sólo 2,6 billones para la financiación del resto del Estado: las costosísimas comunidades autónomas, las obras de infraestructura (carreteras, obras hidráulicas, etcétera) y el pago del Ejército, la policía y los funcionarios civiles.

Ocurre, sin embargo, que todo esto cuesta siete billones de pesetas, y, sumando a la recaudación mencionada el resto de ingresos del Estado (beneficios de empresas públicas y Banco de España, venta de activos públicos, fondos de cohesión ... ), queda todavía un agujero de 2,4 billones de pesetas, agujero que no nos podemos permitir, no sólo porque la dimensión del desequilibrio existente haría imposible la convergencia con el resto de Europa, sino porque España debe hoy casi lo que recaudará en los próximos dos años, y seguir gastando más de lo que ingresa es una tendencia insostenible con o sin convergencia.

A lo largo de la pasada campaña electoral, todo el discurso político para poder continuar financiando el Estado de bienestar se ha basado en gestionar mejor la economía y en particular los gastos e ingresos públicos, ya que un aumento de presión fiscal no es una alternativa aceptable (la presión fiscal efectiva en España sobré los que realmente pagan, es decir, los, asalariados que cobran por una nómina, y teniendo en cuenta el nivel mínimo a que han sido reducidas las deducciones, es hoy la más elevada de Europa). Este discurso político está muy bien para una campaña electoral, pero su eficacia práctica es dudosa. En el menor de los casos, sus resultados sólo se verían a largo plazo, y en la hipótesis más probable, si la presión fiscal efectiva sobre los asalariados se reduce, algo imprescindible para fortalecer el consumo, sin cuya recuperación no habrá tampoco recuperación económica, se quedará lo comido por lo servido. En otras palabras, aunque la gestión pública se realice con mucha más austeridad y eficacia que en: el pasado, el Estado de bienestar no se podrá mantener a relativamente corto plazo si se mantiene el Estado de las autonomías en su forma actual.

En efecto, siguiendo con las matemáticas, y partiendo de un déficit público de 2,4 billones, su eliminación sólo resulta posible o reduciendo los gastos del Estado de bienestar o el gasto de las comunidades autónomas. Reducir otros gastos, aparte que ya no tienen entidad suficiente, es casi imposible: porque es imposible reducir los gastos de Defensa, que se encuentran ya en una situación incompatible con nuestra dimensión como nación; es imposible reducir los sueldos de funcionarios civiles o no, que han visto año tras año cómo bajaba su nivel de vida. Reducir los gastos en infraestructuras, donde llevamos un retraso enorme respecto a la media europea, no parece tampoco posible, ni sería consistente con la senda de convergencia real.

Los gastos del Estado de bienestar ya se han comentado, pero ¿cuánto representará en 1996 el gasto de las comunidades autónomas? En la actualidad, al haber recibido en su mayoría las competencias educativas y de sanidad, las comunidades autónomas realizan algo más del 25% del gasto público total, alrededor del 11% del PIB. Una parte de este gasto es necesario, ya que no es más que la descentralización de los gastos del. Estado antes mencionados; la Cuestión está en determinar cuál es el volumen de gasto adicional generado por el nuevo modelo de Estado, o, en otras palabras, ¿son necesarios, técnicamente hablan do, para gestionar un Estado moderno 17 Gobiernos, con 17 parlamentos y el enorme gasto aso ciado que conllevan? ¿Son necesarios los cientos de miles de funcionarios que se han contratado ex-novo, duplicando funciones ya realizadas por otros funcionarios, y mnejor pagados en la mayoría de los casos que los de la Administración central? ¿Son necesarios varios canales de televisiones autonómicas en pura pérdida que viven de las sulovenciones? La respuesta a esta pregunta es obvia: evidentemente, no. ¿Y, entonces, de qué volumen de gasto innecesario, o, si se prefiere, de qué gasto por encima de lo que necesitaría una gestión racional del Estado) estamos hablando? El dar cifras precisas es difícil, pues una de las características más acusadas del actual sistema de financiación de las comunidades autónomas es su falta de transparencia, pero ésta se sitúa entre 1,8 y 2,2 billones, es decir, la casi totalidad de nuestro déficit presupuestario. Por tanto, matemáticamente, el gasto extra generado por las comunidades autónomas equivale prácticamente a nuestro déficit público. Si partirnos de la premisa de que el déficit público es insostenible, el Estado de las autonomías en su configuración actual y el Estado de bienestar son rigurosamente incompatibles.

Y no es éste el único de los problemas generados por las comunidades autónomas: desde un punto de vista técnico, el proceso autonómico se ha desarrollado en términos de auténtica chapuza. Partiendo de cero, excepto en el caso de las comunidades forales (Navarra y País Vasco), el proceso era ideal para haber diseñado un esquema de descentralización que respondiera a unos principios económicos racionales de minimización de gasto y de equidad interregional, acorde con la experiencia de otros países y que hubieran garantizado un modelo estable de organización del Estado. Por el contrario, la urgencia de las comunidades autónomas para construir una cuota de poder independiente primó sobre todo lo demás, y en particular, sobre cualquier análisis racional del proceso de medio y largo plazo. El desarrollo se ha producido a través de la componenda y del pacto coyuntural.

Así, mientras las necesidades de convergencia de. la economía española obligaban a realizar al Gobierno una política presupuestaria extremadamente restrictiva, las comunidades autónomas gozaban de una capacidad de endeudamiento y de gasto amplísimos, de la que han hecho uso independiente sin la menor coordinación con las necesidades de la economía de España (el endeudamiento de las comunidades autónomas ha pasado de poco más del 1% del PIB en 1984 al 7% del PIB en 1994). La falta de corresponsabilidad fiscal ha llevado a los responsables de muchas comunidades autónomas a ofrecer la luna a sus residentes, esperando obtener financiación a través ,del trapicheo con la Administración central, y cuando no la han obtenido hacen culpable a la misma de que sus residentes no puedan tener la luna, con total independencia de si ello excede o no su capacidad financiera. Al final del proceso, aparte la falta de control del gasto, la equidad interregional es la que más sufre.

En función del pacto coyuntural y la falta de transparencia, que han presidido la evolución de todo el proceso, hay comunidades autónomas fuertemente perjudicadas (por ejemplo, Madrid y Baleares) y otras fuertemente beneficiadas. Comunidades autónomas similares (Cantabria y Asturias, por ejemplo) tienen tratamientos financieros muy diferentes (Cantabria, un 25% más), o La Rioja, que es una comunidad rica, obtiene un 30% más de recursos que otras comunidades autónomas uniprovinciales.

Las comunidades autónomas en su funcionamiento actual no están favoreciendo la integración' de España, están favoreciendo su desintegración. Han incrementado la insolidaridad, han creado barreras donde antes nunca las hubo, y están agudizando los enfrentamientos interregionales y la crispación por la falta de equidad y de transparencia con que se está llevando a cabo el proceso. Los dirigentes políticos que por acción u omisión pusieron en marcha este disparatado modelo de Estado cometieron un error, tal vez uno de los mayores desde que España existe como nación.

Y dicho esto, llegamos al momento actual. El resultado de las elecciones del 3 de marzo hace que sólo un 6% de los electores tenga en sus manos el destino de todo el país, y esto, se mire por donde se mire, es todo menos democrático. Ciertamente, es el resultado del juego democrático, pero sus consecuencias son marcadamente antidemocráticas, y esto, que en otro país y en otras circunstancias tendría una importancia secundaria, en la España de hoy, donde está en juego el modelo futuro de Estado, que debería ser consensuado respondiendo a una concepción explícita de equidad interregional y de unidad nacional, su importancia es trascendental. Pactar un modelo de Estado que beneficie a una minoría (que ni siquiera es mayoritaria en sus propias comunidades autónomas) en contra de los intereses de más del 90% del país sería un puro despropósito sin garantía alguna de estabilidad.

Estamos ante un momento histórico para que personas sensatas tengan en cuenta las necesidades a largo plazo de un país y no sólo los intereses a corto de sus electores, y reconduzcan de una vez por todas un proceso autonómico insensato hacia un modelo de descentralización que lo haga económicamente viable, garantizador de la equidad y consolidador de la unidad de España.

Éste es el problema número uno que tendrá que afrontar el nuevo Gobierno, ya que, además de jugarnos un modelo de convivencia estable y cohesionado, todo el proceso de recuperación económica y de convergencia hacia la unión económica y monetaria depende esencialmente de la reducción del déficit público, y esta reducción no es posible si no se racionaliza y reduce el enorme volumen del gasto adicional que está generando el actual sistema autonómico. Si, por el contrario, el imprescindible ajuste presupuestario se realizara empezando por recortar el Estado de bienestar, lo políticamente honesto sería explicar a los. pensionistas, los parados, a los usuarios de la sanidad y de la enseñanza públicas que, si sus pensiones, sus subsidios y sus prestaciones sanitarias, educativas y de ayuda a la familia se reducen, es porque hay que financiar prioritariamente unas gigantescas estructuras burocráticas paralelas que han disparado el gasto y reducido drásticamente la productividad del conjunto de la gestión pública.