Gómez de Liaño y Garzón se coordinan para investigar el papel de Galindo en los GAL

Los jueces de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Líaño y Baltasar Garzón se han coordinado para no solapar actuaciones en las investigaciones que realizan sobre el denominado GAL verde. Ambos han mantenido contactos para no interferirse en las diversas diligencias que tienen previsto realizar en los casos por la desaparición y asesinato de los presuntos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala y por el asesinato del también etarra Ramón Oñaederra, ocurridos en 1983. El general Enrique Rodríguez Galindo comparecerá como imputado ante Gómez de Liaño para declarar en el caso Lasa-Zabala, en principio, el 14 de mayo, según confirmaron ayer fuentes de la Audiencia Nacional.

El interrogatorio del general Rodríguez Galindo estaba previsto para el 14 de mayo, si bien la publicación por el diario El Mundo de que Galindo declararía la semana del 6 de mayo ha provocado malestar en la Audiencia Nacional y no se descarta una modificación de la fecha en el auto que Gómez de Liaño notificará hoy y por el que se acuerda la práctica de nuevas pruebas que supondrán la reactivación del caso Lasa-Zabala.Garzón también tenía previsto citar a Rodríguez Galindo en el caso Oñaederra, que está declarado secreto, y se había reservado para ésa y otras diligencias la semana del 6 al 11 de mayo, que es en la que su juzgado está de guardia. Por ello, había solicitado al fiscal Pedro Rubira un informe sobre si con los datos que existen en el sumario era conveniente citar a declarar a Galindo, así como a los generales del Ejército Andrés Cassinello y José Antonio Sáenz de Santa-María, con el fin de esclarecer la intervención de efectivos de la Guardia Civil destinados en el cuartel de Intxaurrondo (San Sebastián) en el asesinato de Oñaederra y en el atentado contra los hermanos Olaskoaga.

El fiscal tiene las cinco cajas del sumario en su despacho, pero todavía no ha emitido ningún informe. Garzón le pidió también que informase sobre si consideraba conveniente que se pidiera al Gobierno la desclasificación de algunos documentos del Cesid, concretamente el original del informe intervenido en el registro en la celda del coronel Juan AIberto Perote, en la prisión de Alcalá de Henares. En este documento se recogían diversas operaciones sobre la guerra sucia contra ETA, y en él, el propio Perote habría realizado anotaciones.

Garzón, a la espera del informe del fiscal, había pedido a Gómez de Liaño que no citase a Rodríguez Galindo durante la semana del 6 al 12 de mayo ante la posibilidad de que él fuese a citar a declarar a los tres generales. Sin embargo, y a la vista de la filtración de algunos de los planes de los magistrados -atribuida a un fiscal sin relación con los casos-, todo lo relativo a este caso será previsiblemente modificado, según informaron fuentes de la Audiencia. "Todo ha quedado en el aire, y habrá que ver cómo evolucionan los acontecimientos", señalaron las mismas fuentes.

En el caso Lasa-Zabala, por el contrario, las posibilidades de modificaciones son escasas, puesto que el juez Gómez de Liaño tenía casi concluido elauto por el que se citaba a declarar a Rodríguez Galindo para el próximo día 14. El magistrado tiene que dar respuesta concreta a las peticiones de diligencias formuladas por el fiscal y el abogado de la acusación, Íñigo Iruin, por lo que, todo lo más, se cambiarían algunas fechas, pero no el sentido de la decisión. El juez Gómez de Liaño declaró ayer que el auto que resuelve las peticiones de las partes se notificará hoy, pero se negó a confirmar si la citación de Galindo se mantiene para el día 14.

El inicio de los GAL

En el auto de Gómez de Liaño se accede a la casi totalidad de las peticiones de prueba formuladas por el fiscal y el abogabo Íñigo Iruin, según informaron fuentes jurídicas.Iruin fue quien solicitó la comparecencia de Rodríguez Galindo, al igual que la del teniente de la Guardia Civil Pedro Gómez Nieto y la del coronel Juan, Alberto Perote. Gómez Nieto estuvo destinado en el cuartel de Intxaurrondo en 1983, cuando desaparecieron Lasa y Zabala, y fue asesinado, entre otros, Ramón Oñaederra. El citado teniente era presuntamente el topo que Perote, entonces número dos del Cesid, tenía en Intxaurrondo y quien al parecer le informó del inicio de las acciones de los GAL -justo antes de la desaparición de Lasa y Zabala- y del asesinato de Oñaederra con anterioridad a que se cometiese.

El fiscal Jesús Santos, por su parte, ha solicitado al magistrado que declaren el entonces gobernador civil de Guipúzcoa, Julen Elgorriaga; el ex chófer de Galindo Gumersindo Hernández; el policía Ángel López Carrillo y varios agentes destinados en Intxaurrondo. Es previsible que se celebren careos entre varios de los citados a declarar.