El 'caso Sóller', pendiente del informe de Hacienda sobre la fundación de Cañellas

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, Juan López Gayá, que instruye el caso Sóller (presunto cobro de comisiones ilegales por el PP tras la concesión de un túnel de peaje), esperará para señalar nuevas declaraciones y diligencias a recibir el informe pericial que encargó a dos, inspectores de Hacienda sobre las cuentas de la fundación privada Illes Balears. En el sumario judicial, la fundación, creada y dirigida por el ex presidente del Gobierno balear y del PP Gabriel Cañellas, figura como posible receptora de un talón surgido de la partida de supuestas comisiones. Cañellas fue obligado a dimitir en julio de 1995, presionado por José María Aznar, por sus responsabilidades políticas en este escándalo.La fundación tiene un capital de 1.029 millones y patrimonio acumulado a través de donaciones de grandes empresas, en buena parte relacionadas con el Gobierno balear. Entre 1989 y 1994, Cañellas logró 94 millones en donaciones anónimas para la entidad. Uno de estos ingresos ciegos -de 1,6 millones- corresponde al depósito en una de las cuentas de la fundación de un talón supuestamente procedente de las posibles comisiones ilegales desviadas al PP por el empresario Antonio Cuart, que logró la concesión del túnel de Sóller.

La policía documentó que el PP manejó supuestamente más de 40 millones de los presuntos fondos irregulares generados por el túnel. En relación con el talón de la fundación, Cañellas reconoció: "Ese dinero entra ahí, aparece en cuenta sin que figure nombre ni persona que lo haya entregado. No lo podemos saber. Es un donativo más que se ha hecho a esta comunidad [sic] fundación". La entidad aportó un análisis de sus ingresos y gestión al juez, así como los libros de cuentas que el magistrado reclamó.

La fundación de Cañellas -en la que en un principio participó el que era secretario general del PP y actual consejero del Gobierno balear, José Antonio Berastáin- acumuló el citado capital fruto de la gestión personal del ex presidente entre empresas punteras. El Gobierno balear subvencionó en 23 ocasiones a la fundación, que reconoce 41 millones en ayudas oficiales y 186 de aportaciones particulares.

Ayer, la representación legal de Izquierda Unida en el caso Sóller solicitó al juez López Gayá que se proceda a la posible inculpación del ex diputado tránsfuga Carlos Ricci por un supuesto falso testimonio. Ricci es un supuesto beneficiario indirecto de las comisiones del túnel y en su segunda declaración ante el juez del Tribunal Superior negó toda relación con el manejo de dos talones. de 500.000 pesetas que había ingresado en diciembre de 1989 en una cuenta bancaria del abogado Santiago Muñoz Machado como pago de honorarios por un recurso ante el Tribunal Constitucional.